En la retina de Alfredo Pérez Rubalcaba, de Alfonso Guerra y de otros dirigentes socialistas que vivieron en primera persona entre 2005 y 2010 el tormentoso viaje del Estatuto catalán por el Parlamento autonómico, por el Congreso de los Diputados y, finalmente, por el Tribunal Constitucional, quedó grabada la inutilidad de un debate estéril que, lejos de quedar cerrado, se ha reabierto años después de la mano de un proceso secesionista, esta vez liderado por CiU, que empieza a guardar cierta similitud con el fenecido ‘plan Ibarretxe’. El desafío que encabeza Artur Mas en Cataluña está provocando una visible división interna en todas las fuerzas políticas, a excepción de Esquerra Republicana y de Ciudadanos, pero en el PSOE amenaza con causar un incendio de grandes proporciones, casi diez años después de que José Luis Rodríguez Zapatero prendiera la primera mecha.
El término nación y la descentralización completa del Poder Judicial fueron rechazados en 2010 por el Constitucional y ahora son reclamados por los socialistas catalanes
La propuesta federal que ahora apadrina el líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Pere Navarro, reivindica, entre otras cosas, dos de las referencias básicas de la reforma estatutaria que naufragó parcialmente en el Constitucional en 2010: el término nación y la descentralización completa del Consejo General del Poder Judicial.
“En la perspectiva de la reforma constitucional se puede considerar el reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como naciones, con un específico tratamiento simbólico, institucional y competencial”, se lee en la propuesta del PSC. “En todo caso”, se defiende en otra parte del documento, “puede afirmarse que España es una nación de naciones o bien una nación integrada por nacionalidades y regiones. Nación y nacionalidades no son ideas contradictorias”. El Constitucional sentenció que carece de eficacia jurídica el preámbulo de la reforma estatutaria en el que se daba cuenta de que el Parlamento catalán había definido “de forma ampliamente mayoritaria” a Cataluña como nación y que la Constitución española reconoce “la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad”.
"Se puede considerar el reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como naciones", defiende el PSC en su documento
Otro de los flecos de la reforma estatutaria que quieren rescatar los socialistas catalanes, pese al rechazo del Constitucional, afecta a las competencias exclusivas sobre la Justicia que reclaman los nacionalistas y también exige el PSC. El alto Tribunal tumbó todos los artículos del Estatuto en los que ganaban terreno tanto el tribunal de justicia autonómico como el llamado Consejo de Justicia de Cataluña, concebido como el órgano de gobierno del Consejo del Poder Judicial en esta comunidad. Años después, los socialistas vuelven a la carga y reclaman la plena incorporación del Poder Judicial al estado autonómico mediante una reforma integral que descentralice el grueso de las competencias que ahora tiene el Estado.
De la entrevista que el pasado lunes mantuvo Rubalcaba con el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se deduce que el PSOE va a tener que vencer muchos obstáculos para pactar el mes que viene en Granada un modelo federal asumido por todo el partido, ya que en Andalucía y en el resto de las federaciones socialistas que rehúyen el debate territorial, provocan alergia las posiciones lideradas por Pere Navarro en el PSC.
Las reivindicaciones territoriales de Pere Navarro provocan alergia en los socialistas andaluces y entorpecen la tregua a la que aspira Rubalcaba sobre el modelo federal
La gran paradoja, argumentan fuentes socialistas, es que quien tiene que lidiar ahora con este morlaco no es otro que Alfredo Pérez Rubalcaba, quien vivió, primero como portavoz parlamentario del PSOE, luego como ministro del Interior y, más tarde, como vicepresidente en los gobiernos de Zapatero, buena parte de la singladura de la reforma estatutaria a la que con tanto entusiasmo se abrazó el expresidente. Dos frases han pasado a la historia de la pequeña política en esta ajetreada excursión: “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”, pronunciada por el expresidente del Gobierno a finales de 2003, y “el estatuto catalán saldrá de las Cortes limpio como una patena”, salida de la boca de Alfonso Guerra, entonces presidente de la Comisión Constitucional, en el otoño de 2005.
