La plantilla de la policía autonómica catalana está integrada por cerca de 18.000 efectivos y el Gobierno espera de ellos que el 9 de noviembre cumplan con su deber y acaten las órdenes judiciales que reciban para impedir el referéndum. Desde La Moncloa se ha trasladado ya un criterio claro de actuación a los Ministerios que dirigen Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz: tanto Justicia como Interior actuarán de forma “proporcionada” ante posibles altercados, en caso de que la Generalitat de Cataluña o algunos de sus ayuntamientos faciliten la celebración de una consulta que será a todas luces ilegal. Y ello implica la decisión de utilizar a efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para clausurar las urnas en caso de que este cometido no lo quieran cumplir los Mossos d´Esquadra. El operativo se canalizaría a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña.
La policía autonómica catalana no impidió en las elecciones europeas el 'multireferéndum' en todas las mesas
El precedente más inmediato que se recuerda en La Moncloa es el de las elecciones europeas de mayo. Como se trataba en aquella ocasión de unos comicios plenamente legales, las instrucciones partieron de la Junta Electoral Central: debía evitarse la celebración del ‘multireferéndum’ promovido por una decena de entidades que quisieron trasladar a los catalanes hasta siete preguntas relacionadas con el pago de la deuda, el recibo de la luz o la agricultura transgénica. En aquella ocasión, la policía autonómica sabía que tenía que retirar las urnas instaladas para esta doble consulta y su actuación fue bastante desigual, pese a las instrucciones precisas recibidas de la administración electoral: en unos casos se levantaron las meses del ‘multireferéndum’, pero en otros muchos los agentes se limitaron a levantar actas y dejaron votar. De hecho, según los propios organizadores, pudieron hacerlo varios miles de catalanes y ellos mismos se ocuparon del recuento como si se tratara de una convocatoria legal.
La Junta Electoral Central no tendrá ningún papel
En el caso del 9-N no podrá actuar la Junta Electoral Central ya que no se trata de una consulta legal. Pero, en caso necesario, sí que lo hará el Tribunal Constitucional, forzando la ejecución forzosa de su sentencia. El Gobierno espera que este Tribunal no solo admita el martes los dos recursos que tiene preparados contra la ley de Consultas y el decreto de convocatoria del referéndum, sino que antes de que llegue el día elegido por los convocantes, haya dictado el fallo que anula dicha convocatoria.
Las fuentes consultadas en Moncloa anticipan dos posibles escenarios: que sea la propia Generalitat o algunos ayuntamientos catalanes quienes quieran facilitar la celebración de la consulta al margen de la Justicia o que este papel lo asuman organizaciones o movimientos de carácter privado como, por ejemplo, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), uno de los principales satélites de Esquerra Republicana. En el primer caso, la orden a la policía autonómica para que proceda a retirar las urnas colocadas en la calle, en los colegios electorales o en las propias corporaciones locales, procedería del Tribunal Supremo. En el segundo, el problema se reduciría a un conflicto de orden público y las órdenes llegarían a los efectivos policiales de los tribunales ordinarios: instancias judiciales distintas para cada caso, canalizadas desde la Delegación del Gobierno en Cataluña.
Objetivo de Moncloa: cumplir la ley actuando con "proporcionalidad"
Altos cargos de Justicia e Interior, además de la Fiscalía, han coordinado ya con antelación todo el operativo necesario para impedir la consulta. Y el criterio fijado es hacer cumplir la ley, pero siempre actuando con “proporcionalidad”, afirman las fuentes. A nadie se le oculta las repercusiones de todo tipo que tendría introducir a la Guardia Civil o a la Policía Nacional en el despliegue necesario para que no se celebre el referéndum, pero la decisión final dependerá del papel que asuman los Mossos d´Esquadra para cumplir la legalidad, teniendo en cuenta que dependen orgánicamente de la Generalitat y que parte de su nónima, además, la paga el Gobierno central. En el Gobierno no se desea ni mucho menos que asome su desconfianza hacia la policía autonómica catalana y se recuerda que también tiene condición de policía judicial y está sujeta, por tanto, a las instrucciones que reciba en cada momento de los jueces.
El Tribunal Constitucional podrá forzar el 9-N la ejecución forzosa de su sentencia sobre la consulta
Todas las decisiones que se tomen para el día señalado, admiten en el Gobierno, tendrán gran relevancia. En La Moncloa se sabe que el frente soberanista no solo va a jugar la baza política, sino también la mediática. Y se conoce a la perfección que aunque Artur Mas ha dicho por activa y por pasiva que el referéndum no se celebrará si no es en condiciones de plena legalidad, Esquerra Republicana, la ANC y organizaciones como la Candidatura de Unidad Popular (CUP) quieren que la foto de Mas y de Oriol Junqueras acudiendo a votar sin poder hacerlo, de la vuelta al mundo. Ello explica, en parte, la mesura que el Gobierno quiere darle al operativo necesario para impedir la consulta y también el temor a que la difusión de sus detalles solo sirva para movilizar todavía más a los grupos secesionistas dispuestos a verse involucrados en actos de desobediencia civil.
