Los mismos empresarios que presuntamente pagaron comisiones a los Pujol han comenzado a utilizar su dinero para promover la causa contra ellos. Así describen la situación los responsables jurídicos de Manos Limpias que han comenzado a negociar con algunos de esos empresarios contribuciones hasta sumar 20.000 euros con el fin de personarse como acusación popular en la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz ha reclamado a Manos Limpias una fianza en concepto de responsabilidad civil de 20.000 euros antes de darles cabida en la causa que se sigue en el tribunal de Madrid. El sindicato ya ha depositado otros 6.000 euros ante el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona.
La presencia de una acusación popular en la Audiencia dificultaría un pacto extrajudicial
Manos Limpias ha comenzado a recibir algunos donativos y ha recibido la oferta de algunos empresarios concretos de aportar esa cantidad aunque, reconocen fuentes de la causa, esa contribución todavía no se ha hecho efectiva. Sin embargo, el responsable de Manos Limpias, Miguel Bernard, mantiene conversaciones con algunos de ellos a fin de sumar esa cantidad. El sindicato actuaría como acusación popular con el apoyo económico de empresarios que no tienen que presentarse como denunciantes ante un tribunal.
La fianza fijada por el juez Ruz permite a Manos Limpias incorporarse a la causa a lo largo de todo el procedimiento. Esa presencia, sin embargo, dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos entre las partes ya que cualquier pacto de conformidad requiere el concierto de todos los actores implicados en la instrucción, es decir, no sólo de la abogacía del Estado y la Fiscalía con la defensa sino también de una eventual acusación popular.
Fianzas significativas para juicios significados
La fianza que exige el juez Ruz a Manos Limpias para personarse como acusación popular en el 'caso Pujol' no es, sin embargo, la más elevada a la que los abogados del sindicato se han enfrentado. Manos Limpias no pudo personarse en la investigación sobre los pagos al jugador Neymar por parte del F.C. Barcelona porque el tribunal les exigió una fianza de 45.000 euros. El caso se cerró sin condenas con un acuerdo de conformidad entre las partes.
La misma situación se produjo con el caso Botín en el que los tribunales exigieron 85.000 euros de fianza a Manos Limpias. Quienes promovían la acción popular no fueron capaces de reunir semejante cantidad de dinero y el caso se saldó con la presencia de la Fiscalía.
