Malas noticias para los defensores del bilingüismo escolar en Cataluña. Como sospechaban los críticos con las cesiones del PSC a Esquerra Republicana a cambio de recabar su apoyo a la investidura de Illa, el nuevo Ejecutivo socialista no variará un ápice su política lingüística en la esfera educativa. No en vano, Salvador Illa ya había ofrecido pistas sobre su postura en esta cuestión en su discurso de investidura, pronunciado íntegramente en catalán y en el que sostuvo, asumiendo las tesis del nacionalismo lingüístico, que la lengua catalana era la "columna vertebral de la nación catalana".

Por lo demás, tampoco presagiaba un cambio de rumbo la creación de un Consejería de Política Lingüística liderada por Francesc Xavier Vila, catedrático de filiación secesionista que hasta ahora se había responsabilizado de esta materia a través del Departamento de Cultura en el Gobierno de Aragonès. Sin embargo, el continuismo en el plano escolar -auténtico campo de batalla para el secesionismo, que durante el procés se refirió a este sector como una “estructura de Estado”- acaba de ser refrendado por la consejera de Educación del Ejecutivo catalán, Esther Niubó.

Así, en una entrevista en el diario nacionalista Ara, Niubó, ha explicado que, si bien los alumnos catalanes deben acabar con un dominio pleno de catalán y castellano, todas las materias deben enseñarse en la primera de estas lenguas. “Estas son lenguas oficiales de Cataluña, pero es evidente que el catalán es la lengua propia, la vehicular, y que la debemos defender y promover”, ha justificado.

E inquirida respecto a las sentencias judiciales que establecen que al menos un 25% de las asignaturas deben impartirse en español -de modo que la lengua de Cervantes sea también vehicular junto al catalán- Niubó se ha mostrado contraria aduciendo que cada centro tiene un "contexto sociolingüístico demasiado diferente para marcar un porcentaje igual" en toda Cataluña.

Sus palabras no han tardado en ser cuestionadas por la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), asociación que lideró la batalla judicial por el 25% de castellano en las aulas catalanas. "Dice la nueva consellera de Educación que no tiene sentido aplicar un mismo porcentaje de castellano a todos los centros.

Se ha debido despistar o tomarnos por tontos" señaló ayer en X la presidenta de la AEB, Ana Losada. Y aclaró: "Ella sabe muy bien que el porcentaje actual en todos los centros públicos es cero. Pero el cero no le molesta; el 25%, sí".

Por otra parte, la posición socialista no solo choca con la Justicia y las asociaciones constitucionalistas, sino también con la postura del Parlamento Europeo, que en marzo de este año exigió el fin de la inmersión catalana. En un informe aprobado tras una visita sobre el terreno a Cataluña, la Eurocámara reclamó un "tratamiento igualitario" para catalán y castellano y demandó a la Generalitat que no “obstaculice” la sentencia del 25% -dado que hacerlo sería "vulnerar el Estado de Derecho"-. Dicha sentencia, cabe recordar, fue paralizada en 2022 por el Parlament gracias a una norma que prohibía fijar porcentajes lingüísticos en los colegios. El TSJC consideró la normativa un “fraude de ley” y la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

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