El secesionismo catalán está culminando su proceso de reconfiguración interna. Después de los conclaves de los principales partidos del movimiento, Junts y ERC, celebrados en octubre y noviembre respectivamente— y que se han saldado con la victoria de los líderes que encabezaron el 'procés', Oriol Junqueras y Carles Puigdemont—, llegan ahora los comicios de una entidad creada por el 'expresident' prófugo: el Consell de la República. Este organismo, una suerte de 'Govern paralelo' con el que Puigdemont trató de mantener el protagonismo tras su huida a Bélgica, no ha atravesado su mejor año. A los sucesivos escándalos de corrupción de los últimos tiempos se le sumó en noviembre la dimisión de Puigdemont. Y ahora la entidad trata de salvar los muebles eligiendo una nueva cúpula entre el 8 y 12 de febrero.
La votación, que se realizará de manera telemática, "servirá para hacer un Consell más fuerte y, sobre todo, uno que pueda servir a nuestro país", anunció el pasado miércoles Teresa Vallverdú, miembro de la gestora que se encarga del Consell. Y aunque sus palabras parezcan las habituales ante unos comicios de estas características, lo cierto es que no han sido escogidas al azar. En primer lugar, la entidad necesita recuperar músculo tras el progresivo desinterés mostrado por sus afilados, de los que solo un 12% votó en los últimos comicios celebrados en febrero. Y en los que salió elegido un Puigdemont también aburrido de su juguete belga y más atento a su renovado protagonismo en la política española, como certificó su posterior dimisión.
De la misma manera, la alusión a un Consell que de veras "pueda servir a nuestro país" tampoco extraña tras una etapa dominada, según los críticos, por el autoritarismo de Puigdemont y los intereses económicos de Toni Comín. El despotismo del primero, señalan, alcanzó su culmen el pasado verano, cuando una carta publicada por miembros descontentos denunció que el líder neoconvergente disolvió sin previo aviso la Asamblea de Representantes del Consell, una suerte de Parlamento interno. Sus opositores denuncian que con aquel gesto Puigdemont trató de acabar con la pluralidad interna del Consell y mantenerlo bajo coordenadas neoconvergentes. De hecho, Poble Lliure, una facción afín a la izquierda separatista, terminó abandonando la entidad a principios de este mes por su falta de transversalidad.
Comín, en el epicentro de la corrupción
El otro factor que apuntaló la crisis fue la corrupción interna, cuyo caso más notorio fue el del también prófugo Comín. Según la auditoria externa sobre los gastos que Comín habría cargado a la entidad de forma injustificada, estos ascendieron a 15.000 euros. Y entro ellos, además de retiradas de efectivo, sobresale el alquiler de un automóvil y de un apartamento durante 15 días —lo que hace sospechar que Comín hizo unas vacaciones como parte de su actividad laboral al frente del Consell—. Tras estos hechos, la dirección prohibió al susodicho —ahora vicepresidente— tomar decisiones económicas en solitario. Y, posteriormente, terminó dimitiendo en bloque para asumir las responsabilidades por lo sucedido.
Pese a todo, las guerras intestinas de la 'Generalitat paralela'' no han dejado de crecer desde entonces, a la espera de que la nueva dirección que surja de los próximos comicios ponga orden en este desaguisado. Pero, mientras la inquietud de Comín ante el incierto futuro del Consell es más de orden económico —recordemos que perdió sus ingresos como eurodiputado—, la de Puigdemont es más estratégica. Y es que el 'expresident' teme que sectores de izquierda como los que representaban Poble Lliure terminen haciéndose con el poder del organismo. Ello redundaría en la actual fragmentación del movimiento y, en consecuencia, complicaría las pretensiones de Puigdemont de agrupar a sus actores bajo el paraguas neoconvergente. En febrero, ambos saldran de dudas.
