Siete años después de su fallida declaración de independencia en el Parlament, el 'expresident' y ahora líder de Junts Carles Puigdemont sigue ocupando un lugar central en la política española. Tanto es así, que la supervivencia del actual Gobierno de Sánchez despende fundamentalmente de los siete votos de Junts en el Congreso, que Puigdemont ofrece al Ejecutivo a cambio de concesiones de máximos y bajo unas condiciones que plantea como innegociables. Y a las que añade un ultimátum tras otro. El último órdago lo ha lanzado este mismo mes exigiendo que Sánchez se someta a una cuestión de confianza o, en su defecto, cumpla con los pactos alcanzados con los neoconvergentes el verano del año pasado a cambio de la investidura del presidente.
Entre las exigencias que Puigdemont juzga capitales y que se encuentran pendientes se cuenta la transferencia de la gestión total de la inmigración o la oficialidad del catalán en la UE —cuestión ésta última que, en puridad, no depende solo de la voluntad del Ejecutivo, que ha multiplicado sus esfuerzos diplomáticos ante la indiferencia de la Eurocámara—. Pero, sobre todo, la aplicación de la ley de amnistía, de la que el 'expresident' ha quedado excluido por el momento tras dictar el Supremo que la malversación no es amnistiable —y sobre la que tendrá que decidir ahora el TC, de mayoría progubernamental—. Se trata de la exigencia que afecta a Puigdemont de manera más directa, aún fugado en Waterloo. Y ahí reside el 'quid' del problema, pues, si algo define a Puigdemont, es su incapacidad para separar el terreno personal del político.
Recordemos, si no, que Puigdemont renunció 'in extremis' a convocar elecciones anticipadas en Cataluña en las convulsas jornadas de octubre de 2017 después de un tuit en X en el que el diputado republicano Gabriel Rufián cuestionaba su integridad como líder secesionista y le tachaba de traidor con la expresión “155 monedas de plata”, en referencia a Judas y el artículo 155 de la Constitución. Al día siguiente, como es sabido, proclamaba la secesión en el Parlament para huir poco después a Bélgica escondido en un maletero.
Dolido por el trato de Sánchez e Illa
A este carácter impulsivo se le suma el aparente resentimiento acumulado tras sus años como prófugo en Bélgica, agravado ahora por el retraso de la amnistía. Un extremo que se traslució en la entrevista que concedió a TV3 hace dos semanas. En ella, Puigdemont computó la amnistía como uno de los incumplimientos de los socialistas, pero haciendo hincapié de continuo en el trato personal que a raíz de ello le dispensaban tanto Sánchez como Illa. Y es que, a su juicio, que ambos líderes no se hubiesen reunido aún con él o que el Ejecutivo se hubiera negado a asignarle un escolta le hacían sentir como un apestado. "Me tratan como un presunto delincuente", aseguró.
Igualmente, en el discurso de Navidad que pronunció el martes pasado, el líder de Junts descartó el tono bienintencionado que dicta la tradición y convirtió su alocución en una diatriba de seis minutos contra —de nuevo— Sánchez e Illa. Con palabras muy duras, Puigdemont les reprochó que ninguno de los dos quería una amnistía que los neoconvergentes tuvieron que "arrancarles de sus sucias manos manchadas de represión". Y a Illa, en concreto, le acusó de ignorar su drama personal, "como si vivir siete años en el exilio y permanentemente amenazado" careciese de importancia.
El enfado de Puigdemont guarda relación con todo lo anterior pero, también, con que Illa lograse ser investido el pasado verano 'president' de la Generalitat —destino del que se consideraría merecedor tras su "exilio" en Bélgica—. No olvidemos que el dirigente separatista ha sido criticado en más de una ocasión por un carácter de tintes narcisistas. Y que ha quedado de nuevo en evidencia en el 'show' que supuso su fugaz reaparición en Barcelona coincidiendo con la investidura de Illa o, sin ir más lejos, al pronunciar un discurso de Navidad sin ostentar el cetro de la Generalitat. Si a dicho carácter se le añaden sus férreas ideas secesionistas —cultivadas desde su juventud en la Cataluña interior—, Puigdemont puede considerarse, sin duda, un socio de Gobierno altamente inestable.
