Maciej Aleksander Szpunar, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), emitirá este jueves sus conclusiones sobre el recurso de casación que Carles Puigdemont y Toni Comín, su escudero en Bruselas, interpusieron contra la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de negar a ambos el escaño por no haber jurado la Constitución tras las elecciones europeas de mayo de 2019. Se trataba de una exigencia de la Junta Electoral Central. La decisión del TGUE fue hace casi dos años, en julio de 2022. La secuencia es una buena muestra de la supervivencia jurídica de Puigdemont tras su huida en octubre de 2017. Una constante evasión basada en las dilataciones judiciales a través de los recursos.
La Ley de Amnistía es la materialización de dicha victoria. La bula que, en principio, permitiría una actualización del ja sóc aquí de Tarradellas. Puigdemont será el candidato de Junts en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y, según ha anunciado esta semana, volverá a Cataluña siete años después para participar en el pleno de investidura del próximo presidente catalán. "Se cierra una etapa personal y política, se cierra la etapa del exilio y termina el grueso de la represión", manifestó en una entrevista en RAC1. Añadió, además, que abandonaría la "política activa" si no era investido president de la Generalitat.
No obstante, su vuelta no sólo está condicionada a los ánimos del Gobierno y sus socios por promulgar lo antes posible la Ley de Amnistía, prevista su aprobación definitiva en el Congreso para mayo. Europa también cuenta.Y el procedimiento encontró un freno la semana pasada con la respuesta que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, brindó por escrito al eurodiputado y exsecretario general de Ciudadanos Adrián Vázquez, en la órbita del PP para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Reynders aseguró que la amnistía impulsada por el Gobierno de España no podrá ser aplicada hasta que no se resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteen los tribunales nacionales, "con independencia de lo que la legislación nacional establezca".
"Mucho ruido y pocas nueces... la suspensión del procedimiento ni es absoluta ni implica mantenimiento de medidas cautelares personales, ahí entran en juego otros derechos y la jurisprudencia del TJUE es muy clara... cosa distinta es que algunos estén tratando de hacer campaña", reaccionó inmediatamente Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, a la posición manifestada por Reynders. "La verdad es que no sabemos lo que va a decir, veremos, pero ya de poco valdrá", se reafirman desde el entorno de Puigdemont en conversación con Vozpópuli. ¿Y lo que dijo Reynders de que las prejudiciales planteadas al TJUE paralizarán la aplicación de la amnistía hasta 2025? "Eso no lo harán", consideran papel mojado la respuesta del comisario.
"Se acaba la inmunidad"
"Llevan diciendo lo mismo tres años y pierden todo. El 15 de julio perderá la inmunidad pase lo que pase", responden desde el entorno de PP y CS en Bruselas a las palabras de la guardia pretoriana de Puigdemont. "Pueden alzar las medidas cautelares. La pregunta es si el Supremo va a tener valor de activar una orden de detención... Al menos una tarde y una noche va a pasar en el calabozo, como le paso a [Clara] Ponsatí, hasta que preste declaración", se atreven a vaticinar sobre una posible vuelta del líder de Junts a España.
Ese 15 de julio es el día que se forma la nueva Eurocámara de cara a la próxima legislatura, de cinco años en Bruselas. "Los derechos de los diputados salientes finaliza a las 10 de la mañana de ese día", contemporizan las fuentes. "Se le acaba la inmunidad", zanjan. El Tribunal Supremo ha llamado a declarar a Puigdemont por videoconferencia el 21 junio como imputado por delitos de terrorismo en el caso Tsunami. Se trata de un delito, junto al de alta traición, sobre el que mantendrá la inmunidad hasta que se forme el nuevo Parlamente Europeo. "Donde no la tiene es sobre la malversación si mañana se confirma todo", acotan fuentes naranjas desde Bruselas.
Tanto la delegación del PP como la de Ciudadanos en Bruselas –integrada dentro del grupo Renew (liberales) en el Parlamento Europeo– siguen con ojo avizor cada movimiento judicial que tiene a Carles Puigdemont como protagonista desde su llegada a Bruselas. Europa se convirtió en el gran campo de batalla político, judicial y narrativo del constitucionalismo contra el expresident de la Generalitat de Cataluña desde que emprendiera su fuga el 30 de octubre de 2017 y encontrara cobijo en Waterloo. Varapalo tras varapalo, la figura de Puigdemont se fue despixelando hasta difuminarse del panorama político español. No obstante, el endiablado resultado electoral y la huida hacia adelante de Pedro Sánchez inyectó adrenalina en el corazón de los posconvergentes hasta erigirlos en árbitros de la legislatura.
"Lo va a confirmar seguro", aseguran las fuentes sobre el veredicto que el abogado general del TJUE hará público este jueves. "Lo normal –estadísticamente hablando– es que saliera aproximadamente en un mes y, casi con total seguridad, antes del 9 de junio [día en el que se celebran las elecciones europeas]", completaban fuentes populares en Bruselas consultadas la semana pasada por este periódico.
¿Y qué hará Puigdemont entonces? "Puede aparecer, sabiendo que la inmunidad no le va a cubrir los delitos que estén todavía bajo el curso de la prejudicial, pasará a disposición judicial un día y lo más seguro es que lo suelten sin cautelares", pronostican. "Si no vuelve, sólo le quedarán dos futuros después de que se le caiga la inmunidad: o esperar a que la euroorden se active, o que se fugue directamente a un país sin tratado de extradición", plantean la disyuntiva. "No le queda otra. También puede darse la situación de que venga para después irse".
