Quim Torra ha vuelto a desafiar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) por no retirar la pancarta separatista del balcón de la Generalitat. El máximo dirigente del Gobierno autonómico se sentará en el banquillo de este tribunal el próximo 18 de noviembre por el mismo motivo.
El presidente de la Generalitat tenía 48 horas desde que le fue notificado personalmente la orden judicial para retirar esta pancarta. Torra se ha negado a hacerlo y podría enfrentarse a un nuevo delito de desobediencia, misma causa por el que será juzgado en apenas mes y medio, pero con un agravante, la reincidencia. Este mismo miércoles, Ciudadanos ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) para que se le ordene desde otra instancia quitar esta propaganda independentista.
Torra, reincidente en este tipo de órdenes, sigue así los pasos dados en marzo de este año. La JEC exigió retirar toda la simbología del balcón de la Plaza Sant Jaume, así como del resto de edificios públicos dependientes de la Generalitat, pero se negó a hacerlo.
El plazo ahora dado por el TJSC ha expirado este mismo miércoles, y desde la Generalitat tan solo responden al recurso presentado por el presidente catalán. Ahora, será de nuevo el TJSC quien decida el siguiente paso, más cuando Impulso Ciudadano, impulsor de la demanda, ha asegurado a este medio que pedirán "un cumplimiento de sentencia en los tribunales".
El recurso de la Generalitat se ha presentado este miércoles a mediodía, antes de finalizar el tiempo otorgado por el alto tribunal. En el mismo, se ha pedido a los jueces revocar la orden, al tiempo que se ha pedido que no se imponga ningún tipo de medida cautelar, como era retirar la pancarta, incluso antes de pronunciarse el tribunal. Por este motivo y hasta que no se resuelva el recurso interpuesto, exigen que la propaganda siga ocupando el espacio público.
Desobediencia civil
Torra se ha negado a acatar estas órdenes, tal y como había asegurado en sus discursos sobre la "desobediencia civil", amparándose bajo el paraguas de la libertad de expresión, pese a ser un edificio público y por tanto debe guardar y respetar la neutralidad política, tal y como se señala en la demanda de la plataforma dirigida por José Domingo.
"El ejercicio de la libertad de expresión no está condicionado a estos extremos", según afirma el escrito de defensa de la Generalitat. Para estos letrados, se tratan de "manifestaciones de tipo político", como las mostradas en otras instituciones, como las pancartas a favor de refugiados y derechos LGTBi.
Para Impulso Ciudadano, la pancarta "incumple" el deber de neutralidad política, un derecho que tienen los ciudadanos para evitar que se haga política con el uso del espacio público. Existe abundante jurisprudencia sobre este asunto, ya que no se trata de un movimiento amparado por la libertad de expresión ni es un espacio particular o privado. Debe guardar este principio incluso fuera de períodos electorales, han asegurado.
