La alargada sombra de Carlos Dívar sigue planeando sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces vivirá el próximo lunes un nuevo pleno que amenaza ser tan convulso como los celebrados en las últimas semanas a cuenta de los polémicos viajes de fin de semana del que fuera su expresidente y de la posterior búsqueda de su sucesor. Esta vez, en concreto, la culpa la tendrá la indemnización por cese de 208.000 euros que reclama Dívar al amparo de una ley de 1980. Ayer, tras conocerse que un informe elaborado por el propio Consejo apoyaba la reclamación, varios de sus más destacados integrantes se posicionaron. Entre ellos, el nuevo máximo responsable de los jueces, Gonzalo Moliner, quien afirmó que, de no entregarle esta retribución, el CGPJ "incumpliría la ley". En frente, Margarita Robles, una de las'vocales indignadas', quien mostró a este diario su rechazo frontal a dicho pago. Un rechazo que ya ha plasmado por escrito.
Dívar ha renunciado a los 2.100 euros de la pensión de jubilación para poder recibir los 8.676 mensuales de indemnización durante los dos próximos años
Dívar hizo la petición formal para cobrar la indemnización cuando aún era presidente aunque ya había dimitido. Fue el pasado 27 de junio, cuatro días antes de que se publicara en el BOE su cese definitivo. En ella, el que fuera máximo representante de los jueces se acogía a una ley de 1980, aprobada por UCD y PSOE para poner coto a las pensiones vitalicias de los ministros del franquismo, que concede a los altos cargos del Estado el derecho "a recibir a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que se puedan percibirse más de 24 mensualidades, una pensión indemnizatoria mensual igual a la doceava parte del 80 por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor”.
Como ya adelantó en exclusiva el pasado 25 de junio este diario, la cifra sobre la que se calcula esta pensión “indemnizatoria” es, en el caso de Dívar, la de 130.152,62 euros, su sueldo bruto anual, el más alto de un cargo público, sin exceptuamos al rey. De hecho, sus emolumentos son casi el doble de los que recibe el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Con esta cifra, el expresidente del CGPJ tiene derecho a cobrar 8.676,84 euros mensuales durante dos años. En total, 208.244 euros. Un cifra muy superior a los aproximadamente 2.100 euros a los que tiene derecho como pensión tras jubilarse como miembro de la carrera judicial. En enero, el expresidente del CGPJ y del Supremo ya había tramitado la solicitud para cobrar esta pensión sensiblemente inferior, pero recientemente presentó ante Hacienda su renuncia a la misma para poder recibir durante los próximos 24 meses la más jugosa indemnización.
Tres votos a favor, uno en contra y una abstención
La petición de Dívar fue remitida poco después a la Comisión Presupuestaria del propio CGPJ, donde, según fuentes del propio Consejo, surgieron dudas sobre si Dívar tenía derecho a percibirla ya que su cese se había producido por una dimisión. Por ello, remitió una consulta a la Comisión de Estudios e Informes que, a su vez, encargó al equipo de letrados del órgano de gobierno de los jueces que estudiase si la petición de indemnización se ajustaba a la legalidad vigente. El informe que realizaron llegó finalmente la semana pasada a la Comisión que lo había encargado, donde fue debatido y aprobado, eso sí, con serias discrepancias. Así, de sus cinco integrantes, tres decidieron apoyar el pago de la indemnización a Dívar, como defendían en sus conclusiones dicho informe.
En concreto, fueron la presidenta de la comisión, Margarita Uría, elegida a propuesta del PNV, y dos representantes del sector conservador que apoyaron hasta el último momento a Dívar durante la polémica de los viajes: Claro José Fernández-Carnicero y Concepción Espejel. Enfrente se encontraron a dos 'vocales indignados': Carles Cruz y Margarita Robles. El primero prefirió abstenerse y estudiar a conciencia el informe para pronunciarse en el pleno del próximo viernes. Robles, sin embargo, optó por incluir un voto discrepante en el que, como señaló ella misma a este diario, asegura que "no procede pagarle ninguna indemnización porque no está prevista para el caso de un cese por renuncia". En lo único en lo que están todos de acuerdo es que el cobro de esta indemnización es incompatible con ningúna otra percepción por parte del Estado.
Próximas refriegas en el CGPJ
El nuevo enfrentamiento se produce sólo una semana después de que Moliner haya jurado su cargo y con el recuerdo aún fresco de los duros enfrentamientos que han protagonizado los 20 vocales del Consejo en los diferentes plenos que se han sucedido desde que estalló el escándalo de los viajes de fin de semana que provocaron finalmente la salida de Dívar. De hecho, hace sólo unos días un miembro del Consejo auguraba a este diario un periodo de relativa tranquilidad dado el carácter conciliador del nuevo presidente del CGPJ y el apaciguamiento que el periodo vacacional iba a provocar en el frente abierto con el Ministerio de Justicia tras el anuncio de Alberto Ruiz-Gallardón de reformar el Consejo hasta convertirlo en un órgano meramente judicial.
Según esta fuente, el próximo momento convulso en el seno del CGPJ no se esperaba hasta septiembre, cuando se procediese a renovar a los cuatro vocales que, junto al presidente, forman la Comisión Permanente, el verdadero 'ejecutivo' del Consejo. Tras la confirmación del conservador Fernando de Rosa como vicepresidente y de la fiscal progresista Gabriela Bravo como portavoz, todo apunta a que los únicos cambios se van a producir en este órgano clave, hasta ahora dominado por la progresista Margarita Robles y el conservador Manuel Almenar. Según varias consultadas, la permanencia de ambos, que no apoyaron con sus votos las elección de Moliner, es "más que dudosa". No obstante, desde el CGPJ auguran que ambos harán todo lo posible para seguir formando parte del mismo. Tal vez la primera refriega para ello se produzca este lunes a cuenta de la indemnización de Dívar.
