Más control, pero parecida opacidad. El nuevo "Plan de transparencia y austeridad" que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se comprometió ayer a tener listo para su reunión del próximo 28 de junio seguirá permitiendo a los 21 miembros del órgano de gobierno de los jueces hacer "gastos de protocolo o representativo", similares a las más de 40 cenas en hoteles de lujo de Marbella que provocaron el 'caso Dívar', sin detallar quiénes son las personas a las que invitan. Así aparece recogido en el texto base del mismo aprobado ayer por unanimidad y en el que se encarga la redacción de una norma que "extreme el cuidado en la gestión de los recursos públicos escasos".
Dicho plan incluirá la modificiación de los dos formularios que hasta ahora tanto el presidente como los 20 vocales del Consejo deben rellenar para solicitar que les sean abonados por las arcas públicas ciertos gastos. En el primero de ellos, el que los miembros del CGPJ deben cumplimentar para recibir las "indemnizaciones por razón del servicio" de los viajes que realicen, éstos estarán en el futuro obligados a detallar "la actividad concreta, relacionada con el cargo y las funciones" que justifique ese desplazamiento.
Nada de nombres. Los miembros del Consejo justificarán las invitaciones con "una referencia al cargo" del agasajado
En el segundo formulario, en el que recogen los polémicos gastos de "protocolo o representativo", se incluirá una nueva casilla para que el presidente y los vocales hagan "una descripción del motivo del gasto que sirva de justificación" junto a "una referencia al cargo o cargo de las personas o personas que lo originan", pero sin dar su nombre. En la propuesta se detalla que es suficiente especificar si es "miembro o alto cargo del gobierno, parlamentario, autoridad judicial de organismo constitucional o similar".
No obstante, el documento aprobado ayer plantea que haya una excepción en la justificación de estos gastos para que los integrantes del órgano de gobierno de los jueces tengan, incluso, que dar menos datos aún. Es el caso de lo que denominan "reuniones o eventos reservados", en los que ya no habrá que detallar ni siquiera el cargo de la persona invitada con cargo a los presupuestos públicos. Bastará con facilitar la información "que permita excluir la naturaleza privada y no oficial de la actividad", explica el acuerdo de ayer.
Es precisamente a esa naturaleza "reservada" a la que Carlos Dívar se ha agarrado en las últimas semanas para no revelar la identidad de las personas que compartieron mantel en restaurante de lujo en la veintena de viajes de fin de semana que hizo a Marbella (Málaga) con cargo a los fondos públicos desde 2008. Ayer, en su comparecencia ante la prensa, Dívar apuntó a la posibilidad, no recogida en el documento de bases para la elaboración del plan, que estaba dispuesto a crear una 'comisión de secretos oficiales' de la que formarían parte únicamente él, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, y el presidente en funcional del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol. Sólo a ellos, aseguró ayer, detallaría "el lugar dónde estoy y con quién voy a estar". De hecho, Dívar defendió el carácter "reservado" de sus polémicas cenas y se escudó en su condición de alta institución del Estado para mantener la "discrección" respecto a la identidad de los otros comensales.
Las últimas reticencia a hablar
La aprobación ayer de las bases del plan de transparencia estuvo acompañada, según ha reconocido a este diario vocales del propio CGPJ, de "un intenso trabajo entre bambalinas en los últimos días" hasta alcanzar un texto que convenciera a todos. Eso, sin embargo, no evitó momentos de tensión previos, sobre todo por la opinión mayoritaria de los vocales de la necesidad perentoria de que fuera el propio Dívar el que saliera a dar explicaciones de todo lo sucedido. Aunque el presidente del CGPJ aseguró ayer que su comparecencia se producía "por mi propia voluntad, no he sido forzado por nadie", fuentes del consejo aseguraron ayer a Vozpópuli que hasta el miércoles se negaba a salir ante la prensa al considerar que ello significaría un reconocimiento de culpa.
Una vocal advirtió que si Dívar seguía negándose a comparecer ante la prensa forzaría su presencia en el Congreso
El cambio de opinión del máximo representante de la judicatura se produjo en las horas previas al inicio de la reunión plenaria de ayer. Un grupo de consejeros, con Margarita Robles a la cabeza, advirtió de que si Dívar seguía sin salir ante la opinión pública, ella pondría sobre la mesa del Consejo una propuesta para ser votada para forzar que tanto el presidente como otros miembros del CGPJ acudieran a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a dar explicaciones. Finalmente, se impuso la postura moderada liderada por el vicepresidente Fernando de Rosa y el vocal Manuel Almenar que, siempre según las fuentes consultadas, convencieron a Dívar de la necesidad de su comparecencia. "Se impuso el sentido común", resumía ayer por la tarde otro vocal.
Tercer intento de que vaya al Congreso
Mientras esto ocurría en la sede del CGPJ, en el Congreso de los Diputados IU presentaba por tercera vez una solicitud para exigir la comparecencia del Dívar ante sus señorías para dar explicaciones de lo gastado en sus viajes a Marbella. El PP, gracias a su mayoría en la Mesa de la Cámara baja, rechazó las dos primeras y, con toda seguridad, también lo hará con ésta y con la que ayer anunció el PSOE. El principal grupo en la oposición cambió la postura que había mantenido hasta ahora de oponerse a esta comparecencia parlamentaria porque, según explicó su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, las explicaciones dadas por Divar le habían parecido “claramente insuficientes”.
Pese a ello, y a que el propio Dívar parecía dispuesto ayer a acudir a la Carrera de San Jerónimo "si me lo piden", esta posibilidad ha sido descartada también por el Gobierno. El titular de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, argumentó en los pasillos del Congreso que el presidente del CGPJ no tiene por qué acudir al Parlamento porque “no es competencia” de éste “el control político del órgano de gobierno de la magistratura”. En la pasada legislatura, sin embargo, el PP forzó una comparecencia del propio Dívar para que diera explicaciones sobre la actuación de la institución que preside.
