El fiscal ha reiterado hoy en la Audiencia Provincial de Valencia que el PP de la capital del Turia acudió con "ventaja económica" respecto a sus rivales en las campañas electorales de 2007 y 2011 gracias a la financiación irregular de las mismas.
Ese 'dopaje' se ha expuesto en el informe final del representante del Ministerio Público durante la penúltima sesión del juicio que se sigue contra el exvicealcalde Alfonso Grau –quien fuera la mano derecha de Rita Barberá en aquella época–; así como la entonces secretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo, Juan Eduardo Santón.
"El PP de Valencia cometió en las elecciones de 2007, de 2011 y, en menor medida, de 2015, fraude electoral porque incrementó su presupuesto para las elecciones mediante un dinero irregularmente obtenido", ha explicado el fiscal, quien reclama 9 años y 2 meses de prisión para Grau; 5 años y 2 meses para Salinas y Santón; y 1 años para García Fuster.
"Quiebra de la sociedad"
Para el fiscal "todo acto de corrupción supone un gran reproche ético y moral porque es una quiebra a la sociedad y, cuando los políticos se presentan a las elecciones como paradigmas de la transparencia y cometen fraude en las elecciones, el reproche es mayor".
En el informe presentado, Alfonso Grau figura como la "piedra angular" de las irregularidades que se produjeron a través de cuatro vías diferentes: dinero aportado por fundaciones y entidades municipales; de empresas valencianas y una sociedad fantasma; de ingresos en efectivo que constan, por ejemplo, en el Libro Mayor de Laterne –mercantil que hizo campaña electoral de 2007–; y billetes de 500 euros que entregó Grau a su exasesor Jesús Gordillo.
Sobre la campaña de 2015, que se investigó inicialmente en el procedimiento por delito de blanqueo pero se acabó archivando por la Audiencia, el fiscal únicamente ha hecho referencia a la misma para alegar irregularidades: "Tanto en las elecciones de 2007 como en la de 2011 y 2015 el PP ponía en juego una maquinaria para contrarrestar el efecto de los restantes partidos políticos y partía con una ventaja fundamentalmente económica", ha dicho.
La clave: Gordillo
La principal novedad a lo largo de este juicio ha sido el cambio de testimonio del ex asesor de Grau, Jesús Gordillo, quien acusó en el periodo de instrucción al propio Grau de la financiación irregular de las campañas y de la entrega de 350.000 euros en metálico a tal efecto.
Durante la vista que ahora se desarrolla en la Audiencia Provincial de Valencia, Gordillo ha asegurado que realmente los 350.000 euros se los dio Vicente Sáez, administrador de la empresa Laterne (ya fallecido) que es, según la UCO, la que sirvió para canalizar ingresos de diferentes entidades municipales y adjudicatarias del Ayuntamiento de Valencia con los que luego se habrían pagado los gastos electorales.
Tanto el fiscal como la acusación popular (que ejerce Compromís) se han centrado en su informe final en desacreditar este giro en la versión ofrecida por Gordillo y dan veracidad a su inicial testimonio porque "se corresponde con la documentación analizada).
La defensa de García Fuster ha asegurado, sin embargo que su clienta no participó en la operativa que describe el fiscal y que la causa está prescrita.
Para mañana está prevista la presentación del informe de los abogados de los otros tres acusados que irán en la misma línea que la mantenida por el letrado de García Fuster y también la posibilidad de que los mismos hagan uso de el último turno de palabra antes de que la vista quede ya pendiente de la sentencia.
