El verano en la Comunidad Valenciana ha venido marcado por los graves incendios que han arrasado más de 33.000 hectáreas y han suscitado el debate sobre la eficacia o no de la gestión medioambiental que está llevando a cabo el Gobierno valenciano de Ximo Puig.
La Generalitat ha tratado de centrarse en la rápida concesión de ayudas a los municipios afectados en cuanto haya una valoración de los daños –aprobadas en un pleno extraordinario el pasado martes– y el Gobierno también con la declaración de zona catastrófica. Pero el incidente del tren que atravesó las llamas del incendio del municipio castellonense de Bejís, que se saldó con una veintena de heridos (seis por quemaduras, tres graves, de los que dos siguen hospitalizados, y el resto por inhalación de humo), ha acabado por distorsionar todos los esfuerzos tendentes a agilizar las cuestiones económicas, de reconstrucción y reforestación posterior a los siniestros.
La comparecencia ayer en el Congreso de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no ha hecho sino aumentar las certezas de que se produjo una grave descoordinación en el incidente del tren que cubría la ruta Valencia-Zaragoza a su paso por Bejís. Sus afirmaciones sobre el desconocimiento de Renfe y ADIF del impacto que el incendio de Bejís tendría sobre el trazado ferroviario han dejado en una posición incómoda a los responsables autonómicos valencianos.
Esa aseveración de Sánchez, junto al anuncio de una reunión con la Generalitat para mejorar la coordinación a futuro, han condicionado la comparecencia hoy de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, en la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas. Bravo en su intervención ha tenido como objetivo prioritario sacar adelante dos decretos-ley (uno sobre la reducción impositiva de tasas autonómicas para hacer frente a la inflación y otro sobre la reducción de precios del transporte público).
En su intervención también ha informado extensamente de la situación de los municipios afectados por los incendios de este verano y de las bondades de la gestión en materia de prevención y extinción –agradeciendo el esfuerzo de los profesionales por su implicación en esas tareas–. No ha entrado, sin embargo, a valorar lo sucedido en el incidente del citado tren, tal y como le reclama la oposición, y ha recalcado en varias ocasiones que "está bajo investigación judicial". Nada ha explicado sobre porqué, mientras en la misma jornada del incidente del tren, cuatro municipios estaban confinados o evacuados (Bejís, Torás, Teresa y Viver), más de veinte medios aéreos estaban actuando en la zona y había una decena de carreteras cortadas, ese convoy partió hacia la zona donde se desarrollaban las llamas.
Investigación judicial
Bravo ha recordado que "no tuvimos ningún aviso sobre que debíamos cortar esa vía", –pasando así pelota de la responsabilidad sobre la falta de coordinación, que le envió ayer Raquel Sánchez, a los técnicos del Puesto de Mando Avanzado (PMA). Ha asegurado, no obstante, que "no he venido a acusar a nadie y sí a dar cuenta de la situación que se produjo". En su relato de los hechos la responsable de la gestión de las emergencias en el Gobierno valenciano ha atribuido el problema que sufrió el citado servicio de transporte público ferroviario a la "virulencia del incendio y a la evolución errática de los vientos". Y ha abundado en el cambio climático como responsable de esa extrema evolución del incendio.
Ante la petición de dimisión de la consellera, que ha solicitado el PP, (Vox y Ciudadanos no lo han hecho pero sí han afeado la gestión del incendio y las tareas de prevención en los montes valencianos), Bravo ha manifestado que "Veremos. Hay un procedimiento judicial y hay que valorar qué pasó en el interior del tren porque el tren y los pasajeros que estaban en su interior no sufrieron ningún daño".
No descartamos ningún paso. Los ciudadanos merecen saber qué falló.Carlos Mazón
Es por ello, que el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha solicitado tras el encuentro que ha mantenido hoy con el Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso que sea el propio presidente autonómico, Ximo Puig, quien dé cuenta de lo sucedido en las Cortes Valencianas porque "llevamos 17 días asistiendo a un silencio clamoroso y vergonzoso. Es una falta de responsabilidad y de decoro que no se puede sostener un minuto más", ha dicho.
Cuestionado sobre si van a solicitar una comisión de investigación en las Cortes, Mazón ha destacado que "los ciudadanos merecen saber quién falló y quién asume la responsabilidad. No descartamos ningún paso. Quienes han pedido durante mucho tiempo responsabilidades políticas deben mirarse en un espejo".
