Ha sido la polémica de la semana: El PSOE anunció que presentaría mociones en los ayuntamientos de toda España, instando a los municipios a que actualicen el censo de inmuebles rústicos y urbanos registrados a nombre de las diferentes religiones para que a la Iglesia Católica se le cobre el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), por aquellas propiedades y edificios excluidos del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Vaticano y el Estado español de 1979. La Conferencia Episcopal contestaba este viernes, a través del decálogo "10 preguntas, 10 respuestas" señalando que la exención del IBI a los lugares de culto, y residencia está amparada también en la Ley de Mecenazgo.
En declaraciones a Vozpópuli el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, ha aclarado sobre las condiciones que eximen a la Iglesia Católica de pagar el IBI que "sólo disponemos de la exención por lugares de culto y residencia" y que una "cuestión distinta" es la aplicación de la Ley de Mecenazgo para las entidades no lucrativas, "que incluye para todos exenciones más amplias". El también presidente de la COPE remite a los artículos del 5 al 15 de la citada norma.
Preguntado sobre la exigencia de Faura (Valencia) o Amoeiro (Ourense), ambos con alcaldes socialistas, para que la Iglesia Católica abone el IBI por algunos de sus edificios y propiedades; Barriocanal ha recordado que existe un régimen fiscal para las entidades no lucrativas: "La Iglesia paga el IBI que le corresponde según dicha ley. Si algún ayuntamiento quiere actuar fuera de la ley, a nosotros nos parece grave, y actuaremos para que se cumpla el marco legal vigente", ha concluido.
La (extensa) lista de los que no pagan IBI...
La mencionada Ley de Mecenazgo establece el no pago de esta tasa municipal para las denominadas "entidades sin fines lucrativos" (fundaciones nacionales o extranjeras, asociaciones declaradas de "utilidad pública", ONG, federaciones deportivas, etc). La norma sobre Haciendas Locales hace extensiva esta lista al propio Estado, a las comunidades autónomas y entes locales (desde sedes ministeriales a bibliotecas pasando por comisarias e instalaciones militares), la Cruz Roja, las representaciones diplomáticas, los edificios en territorios ocupados por líneas de ferrocarriles; así como las instalaciones o jardines declarados como monumentos o de interés cultural, y aquellos espacios que ocupan centros educativos concertados.
Todo tipo de fundaciones (también de partidos políticos o sindicatos), además de la Cruz Roja, las embajadas o el propio Estado, entre los que no pagan
La ley también permite ampliar este beneficio fiscal a los montes que se estén repoblando o los bienes comunales, y deja autonomía para que los municipios puedan, a través de sus ordenanzas, ampliar estas deducciones o exenciones en el IBI a los centros sanitarios públicos o determinados inmuebles rústicos y urbanos, bajo las condiciones que juzguen oportunas.
El verdadero alcance de la exención del IBI
El documento de la Conferencia Episcopal Española (CEE) añade sobre este tema que la Iglesia sí paga a los ayuntamientos por la recogida de basuras, los vados de los garajes u otras tasas municipales. El catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad San Pablo - CEU, Alfredo García Garate, sostiene que al margen del IBI la Iglesia "no está exenta de pagar" por otras prestaciones municipales y estatales. En caso contrario, afirma, el Estado estaría "regalándolas" y "eso normalmente no lo hace con ninguna entidad, incluida la Iglesia". Garate concluye que la principal confesión religiosa en España paga por "todos los servicios que recibe del Estado o de las compañías privadas".
Sobre las posibilidades de modificar el marco actual: Alejandro Torres, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pública de Navarra, declaró en una conferencia en Toledo el pasado miércoles, que "lo que no se puede hacer es incumplir dichos acuerdos - no sólo Acuerdo sobre Asuntos Económicos sino el resto de que hay con la Santa Sede- 'a la brava' porque incurriría en irresponsabilidad jurídica internacional". Tampoco cree viable la opción de denunciarlos, ya que "probablemente" conduciría a una ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Torres propone como alternativa "adecuar el catálogo de beneficios fiscales" e incentivar las donaciones, informa EFE.
Giménez Barriocanal: "Todas las confesiones religiosas con acuerdos de colaboración con el Estado español (musulmanes, evangélicos y judíos) tienen el mismo régimen fiscal"
Garate coincide con el catedrático navarro en que "no hay otra salida": la denuncia o "ponerse de acuerdo para modificar parcialmente" los citados tratados. En su opinión, la exención del IBI es constitucional, "porque son tratamientos similares al que tienen otras instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro". Sin embargo, propone que "en el caso de dudas sobre si algunas propiedades de la Iglesia deben de pagar o no el Impuesto, al no aparecer relacionadas en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos, habría que llegar a un acuerdo con la Iglesia". El catedrático del CEU cree que si ahora, "en plena crisis", se quiere "tocar" este tema debería de hacerse por igual con los otros beneficiarios.
El caso de los evangélicos
Giménez Barriocanal ha negado cualquier tipo de "privilegio" o " discriminación" contra las demás religiones y ha recordado que "todas las confesiones religiosas con acuerdos de colaboración con el Estado (musulmanes, evangélicos y judíos) tienen el mismo régimen fiscal". Desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) lo confirman con matices, y califican de "injusto"; que en lo relacionado con el Impuesto de Bienes Inmuebles, sólo se señale a la Iglesia Católica. Sobre la propuesta socialista opinan que es "demagogia" y creen que hay "casos más obvios" para recaudar dinero. A la vez, expresan su impresión de que los tratados con el Vaticano están "por encima".
Interrogados sobre su sistema de financiación, desde FEREDE recuerdan que el ofrecimiento de la ex vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, a las tres confesiones que tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado (judíos, protestantes y católicos); para que pudieran tener su propia casilla del IRPF quedó en "hojas de borrajas". Sólo la Iglesia tiene la suya. En cambio, sí se creó en 2004 la Fundación Pluralismo y Convivencia para canalizar las ayudas públicas hacia las religiones minoritarias. Según las fuentes consultadas, los recortes han "afectado gravemente" a esta Fundación con representación estatal, de tal manera que su presupuesto habría pasado de 7 a 2 millones.
