Cataluña vivió este jueves un día sin farmacias. La Generalitat no paga su deuda y los dispensarios echaron el cierre. Cristóbal Montoro aprovechó unas jornadas sobre morosidad para trasladar un mensaje de tanquilidad. Dijo el titular de Hacienda que "las farmacias catalanas van a cobrar muy pronto" pero Artur Mas debe explicar que será el Estado y no la Generalitat quien abonará la deuda, porque el Gobierno catalán no tiene ya capacidad para endeudarse. Montoro incidió este jueves en la línea de hacer pedagogía que ha pedido Rajoy a su equipo, para contrarrestar la propaganda nacionalista que abruma a la sociedad catalana. Argumentos y datos contra consignas y bravuconadas.
Tranquilizar al sector
Puntualizó ayer el ministro de Hacienda que "todos los proveedores tengan la seguridad de que el Estado les va a pagar y, en particular, las farmacias de Cataluña", tan acogotadas por las deudas de la Generalitat, más de 400 millones de euros, que el jueves se vieron forzadas a echar el cierre en señal de protesta.
Este mensaje del titular de Hacienda se produjo en el marco de la segunda cumbre político-empresarial contra la morosidad. Montoro explicó que el Estado pagará las deudas pendientes "sin utilizar el dinero de todos les españoles" sino que se hará con la capacidad del Tesoro para endeudarse. En una misiva del ministro Montoro al presidente de los farmaceúticos catalanes mencionaba que las farmacias tendrán prioridad en el pago.
Montoro explicó que el Estado pagará las deudas pendientes "sin utilizar el dinero de todos les españoles"
Desarbolar las mentiras del nacionalismo sobre el tópico de que "España nos roba" es una de las prioridades del Gobierno central. Hace unas semanas la Generalitat hizo público un listado de supuestos agravios según el cual el Estado adeuda a Cataluña más de 9.000 millones de euros. Un disparate, cuya respuesta tiene ya elaborada el ministerio de Hacienda pero, según fuentes de Moncloa, no se hará pública por el momento. Toca bajar el tono de la tensión y mantener las líneas de diálogo abierto con la Generalitat.
Fisuras en el frente independentista
Por otra parte, el jueves se observaron algunas fricciones y desencuentros en el frente soberanista catalán. Dos acontecimientos ocurridos en las últimas 48 horas animan a los estrategas de Moncloa que siguen el caso catalán. Primero fue el anuncio de la vicepresidenta Joana Ortega, de que el referéndum no estará listo para la fecha del 11 de septiembre de 2014, cuando se celebrará el 300 aniversario de esa fecha clave en la mitología del independentismo catalán.
Ortega esgrimió problemas administrativos y técnicos para justificar el retraso. No gustó nada la novedad a sus socios de ERC, que han mostrado con notoria claridad su empeño en que la consulta es irrenunciable. Francesc Homs, la mano derecha de Arttur Mas, tuvo que salir a poner paz y declaró que la decisión sobre la fecha de la consulta se tomará en diciembre y que no cabe hablar de aplazamientos.
Contradicciones de Mas
Otro signo de desencuentro tuvo lugar en el Parlament, cuando CiU votó en sentido distinto a sus socios de ERC. Una moción del CUP en favor de la convocatoria de una consulta unilateral, es decir, al margen de la ley y de lo que dicta la Constitución, fue respaldada por ERC y rechazada por CiU. Era la primera vez en que ambas fuerzas mostraban de forma tan ostensible una postura tan enfrentada en algo que afecta directamente al proyecto soberanista puesto en marcha por Artur Mas.
Hace unas semanas la Generalitat hizo público un listado de supuestos agravios según el cual el Estado adeuda a Cataluña más de 9.000 M.
La estrategia de Moncloa radica en conseguir que el partido en el Gobierno catalán se aleje, cuando antes mejor, de sus socios republicanos y busque el apoyo parlamentario de una fuerza política constitucionalista. Podría ser el PSC. Esto lo tienen hablado Rajoy y Rubalcaba, aunque no necesariamente con opinión coincidente.
El problema estriba en las propias contradicciones del president. Ayer mismo, tras votar en dirección contraria a la de ERC, el presidente de la Generalitat se vio obligado a defender la celebración de la consulta de autodeterminación "con o sin el permiso" del Gobierno central. Pero a renglón seguido se mantuvo en la línea oficial de que si el Estado no admitiera la celebración de la consulta, "tenemos más marcos legales para llevarla a cabo". Es decir, por un lado los votos, por otro las declaraciones.
