El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha fijado para el 5 de junio el inicio del juicio contra el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, acusados de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia durante su instrucción del caso Cursach.
La sala civil y penal del alto tribunal autonómico ha dictado un auto este viernes en que comunica a las partes su previsión de celebrar la vista oral en las seis semanas comprendidas entre el 5 de junio y el 14 de julio y, en caso necesario, suspenderlo para continuar a partir del 4 de septiembre.
Además de Subirán y Penalva, actualmente jubilados tras ser apartados de sus funciones judiciales, serán juzgados cuatro policías nacionales acusados también de graves delitos durante la instrucción de la causa abierta en torno a la presunta corrupción policial en favor del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, que como el resto de acusados en aquel proceso fue absuelto.
La Fiscalía Anticorrupción acusa al juez y el fiscal que instruyeron el caso de 2015 a 2018 de filtrar información de la causa a medios de comunicación para perjudicar a investigados, ordenar detenciones intimidatorias, prevaricar y obstruir la acción de la justicia, delitos por los que pide penas de prisión que suman casi 240 años.
Acusa de hechos similares a cuatro policías que trabajaron a sus órdenes en la instrucción dirigida desde el juzgado 12 de Palma, tanto en el caso troncal contra el empresario dueño de discotecas como en los derivados llamados ORA I y II.
En total, las penas de cárcel que plantea Anticorrupción en su escrito acusatorio contra los seis procesados suman 576 años.
Las defensas reclamarán la nulidad de pruebas que consideran derivadas de la intervención de teléfonos móviles y ordenadores y de la revisión de las comunicaciones de periodistas de Diario de Mallorca, Europa Press y la Agencia EFE, una actuación ordenada por el juez que sucedió a Penalva en la instrucción del caso Cursach, Miguel Florit, que el Tribunal Constitucional declaró contraria a derecho y anuló.
