La Fiscalía Anticorrupción acababa de obtener hace unas semanas una prórroga para continuar con las diligencias de investigación que había iniciado hace un año respecto al rey emérito Juan Carlos I y otros familiares en relación con unos pagos realizados con tarjetas de crédito opacas. El asunto, no obstante, ha pasado a ser asumido este martes por la Fiscalía del Tribunal Supremo por orden de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Según el artículo 5 del Estatuto Fiscal, las diligencias de investigación de la Fiscalía, que constituyen pesquisas aún no judicializadas, deben tener un máximo de duración de 12 meses, "salvo prórroga acordada mediante Decreto motivado del Fiscal General del Estado".
En este caso, según las fuentes consultadas por Europa Press, el plazo máximo se había cumplido hace algunas semanas por lo que los fiscales adscritos a la investigación, Luis Pastor y Belén Suárez, solicitaron a su jefe una prórroga que fue gestionada y concedida por la Fiscalía General.
La investigación se había iniciado a raíz de una denuncia de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) respecto de los movimientos de una cuenta a nombre de un militar, el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, y habían llevado a sospechar que el origen del dinero que habría sido empleado en gastos del rey emérito y otros familiares procedería del empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, amigo del monarca.
Se trataba de las diligencias 12/201, de las que este martes la Fiscalía General del Estado se limitó a señalar en una nota informativa que habían sido remitidas a la Fiscalía del Supremo. Según la información adelantada por ElDiario.es, los movimientos de la cuenta investigadas corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, es decir, son posteriores a la abdicación de Juan Carlos I, y por ello quedarían fuera de la inviolabilidad de la que éste gozaba hasta dicha fecha.
Posibles delitos
Expertos jurídicos consultados por Europa Press señalan que las conductas investigadas, en el caso de confirmarse, podrían encajar en blanqueo de capitales, en el caso de que el empresario resultara ser testaferro del exmonarca, o incluso en cohecho si el dinero hubiera sido aportado por éste como pago a la obtención de un determinado beneficio económico o empresarial.
Sobre un posible delito fiscal, las mismas fuentes lo ven más complicado pues las cantidades aportadas deberían ser muy altas -deben generar un desfalco a Hacienda superior a a los 120.000 euros-, y eso en el caso de que el supuesto pagador no hubiera cumplido con sus obligaciones en su país de origen.
En cuanto al equipo de fiscales que a partir de ahora se encargará de este asunto, son los mismos que asumieron el pasado mes de junio las Diligencias de Investigación número 38/2018 iniciadas también por la Fiscalía Anticorrupción por posible cobro de comisiones irregulares y su ocultación en paraísos fiscales. Esta investigación previsiblemente será cerrada sin solicitar al alto tribunal la apertura de causa penal alguna.
Al igual que en este caso, sobre los nuevos hechos investigados correspondería al Supremo iniciar un procedimiento al ser el rey emérito aforado ante este órgano.
La nota de la Fiscalía General añadía sobre la nueva investigación que, una vez recibido un informe de Anticorrupción sobre este asunto habían tenido que incoar "diligencias de naturaleza gubernativa" para "comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes", lo que parece situar el foco de una posible filtración en este departamento.
