La crisis migratoria provoca discrepancias y enciende el debate político. Las autoridades de las distintas regiones y agrupaciones proponen distintas medidas para sobrellevar la situación. Mientras, los datos no paran de crecer y la tendencia no cambia: en lo que va de 2024, las Islas Canarias han recibido más de 26.756 inmigrantes ilegales. Entre ellos, uno de los colectivos que más preocupan son los Menas -Menores Extranjeros No Tutelados-. Los centros de acogida se encuentran sobresaturados, y por todo ello, el Gobierno de Canarias valora establecer acuerdos con países como Marruecos o Senegal para derivarles la atención de los menores migrantes no acompañados procedentes de estos países que han llegado a las islas. Pero, ¿es esto posible?
Actualmente, el archipiélago canario tutela a casi 6.000 jóvenes en estas condiciones. El presidente Fernando Clavijo confirmaba hace unos días estar barajando esta opción como alternativa para aliviar la situación y evitar el bloqueo político actual. Mientras que este se apoya en el artículo 35 de la ley de extranjería, que permite "establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia", la propuesta ya recibe críticas y provoca la reacción de los expertos en derechos de la infancia.
Respuestas y críticas
Según ha informado la agencia EFE, los expertos hablan de la importancia de valorar cada caso de forma individualizada, ya que tan solo se debe repatriar al menor tras comprobar que esta es la mejor decisión para él. La directora de Incidencia Social y Política de Save The Children, Catalina Perazzo, explica que la Convención de los Derechos del Niño establece que, a priori, lo mejor para un niño es estar con su familia y por eso esta es la primera opción que hay que valorar cuando se atiende a un niño o adolescente que llega solo a España.
La letrada Paloma García de Viedma, de la Fundación Raíces, afirma que en estos casos la Delegación del Gobierno tiene que recabar un informe de las autoridades del país de origen sobre la situación socioeconómica de la familia para comprobar que el joven va a ser bien atendido en el caso de su retorno. Se trata de un proceso complejo y lento, en el que el joven tiene derecho a recurrir ante un juez, así como a un abogado.
Las distintas opciones
Repatriar al menor y que pase a estar en manos de la protección del país en cuestión es una de las opciones, aunque esta debe estar justificada. Además, otro inconveniente entra en la ecuación: el sistema de atención del país debe poder ofrecer las garantías necesarias, así como centros de protección adecuados. De igual manera, esta solución no responde a las necesidades del archipiélago, que busca formas rápidas y aplicables de forma masiva para aliviar cuanto antes la situación.
Otra herramienta que contempla el derecho internacional es el reasentamiento en un tercer país, pero esta es una medida de atención humanitaria pensada para personas refugiadas que están en otro país en conflicto o donde no se garantizan sus derechos con el fin de que sean protegidos en un lugar seguro. Mientras, la situación se agrava con el paso de los días, y los vecinos y habitantes de las comunidades se manifiestan y afirman no sentirse seguros.
