Enrique Díaz-Pintado fue un policía de confianza del PP durante los gobiernos de José María Aznar y más concretamente de su ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Su puesto durante ocho años fue el de subdirector general operativo del Cuerpo, el máximo cargo uniformado de la institución. En esa época tuvo bajo su mando a José Manuel Villarejo, todavía un desconocido para el gran público. "Ha llovido mucho desde entonces", dice a este periódico. Ahora, cuando su exsubordinado se encuentra en prisión acusado de graves delitos, Díaz-Pintado es uno de los exresponsables de la seguridad del Estado que ha salido en su defensa.
“Cansancio personal y familiar”. De este modo argumentó su renuncia a continuar siendo el ‘número dos’ de la Policía, puesto que ostentó de forma ininterrumpida entre 1996 y 2004. Es el periodo comprendido entre el auge y la caída del aznarismo, que se topó en su final con los atentados del 11-M. El propio Díaz-Pintado jugó un papel protagonista en la polémica acerca de la autoría de la matanza que tantos ríos de tinta provocó.
El debate en aquellas horas decisivas giraba en torno al tipo de explosivo usado en los atentados. El modelo Titadyne era el que habitualmente usaba ETA por lo que, de tratarse de ese material, debilitaría la tesis islamista que temía el Gobierno del PP. Podía interpretarse como una represalia por la discutida participación de España en la guerra de Irak, como así fue. Durante la comisión de investigación de la matanza celebrada durante semanas en el Congreso de los Diputados, Díaz-Pintado admitió que fue él quien informó al Ministerio de que el explosivo usado en los trenes era el que solía usar ETA, algo que se demostró falso.
Él informó a Acebes
En su descargo alegó que había sido el entonces jefe de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro, quien le había informado de ello. “No me lo voy a inventar. ¿Cómo voy a decir que es Titadyne si nadie me lo dice?", expresó ante los parlamentarios. No obstante, cuando le tocó el turno a Cuadro, negó haber sido el autor de esa información y aclaró que él sólo había comunicado que se trataba de dinamita reforzada con cordón de detonante. El caso es que al entonces ministro Ángel Acebes ya le había llegado la versión del Titadyne y se lanzó a dar prioridad a la autoría de ETA en sus declaraciones públicas con los resultado ya conocidos en la opinión pública.
Tres años después, Díaz-Pintado tuvo que volver a dar explicaciones, esta vez como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional sobre los atentados. Frente al tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez declaró que no fue hasta horas después cuando se le advirtió a Acebes de que no había datos para afirmar que fuese Titadyne y que la indicación inicial se había debido a un fallo humano. Según recogen las crónicas de la época, afirmó que en ese momento el ministro ordenó abrir una línea de investigación paralela y que en los meses posteriores nunca apareció indicio alguno que vinculase la matanza con ETA.
El 'caso Villarejo'
El nombre de Díaz-Pintado, de 75 años de edad y ya jubilado, fue desapareciendo de los titulares a medida de labraba una carrera como tantos otros compañeros desempeñando funciones de jefe de seguridad en alguna empresa privada, donde llegó en 2005. Su vuelta a la primera línea llegó de la mano del 'caso Villarejo'. El diario ‘El Mundo’ adelantó en octubre que los tres últimos directores adjuntos de la Policía que aún siguen con vida habían remitido sendas cartas al juez de la Audiencia Nacional para avalar el trabajo realizado bajo su mandato por el cabecilla de 'Tándem'.
En ella Díaz-Pintado dice que el excomisario actuó con “regularidad y eficacia”, que su actividad empresarial le servía de “cobertura” pero sin recibir ningún emolumento de la Policía. Añadía que para no contaminar sus pesquisas, no tenía acceso a bases policiales, es decir, este mando policial conocía el conglomerado empresarial de Villarejo. Este martes ‘Vozpópuli’ publica una investigación, según la cual, Díaz-Pintado -ya en la empresa privada- pagó a Villarejo por espiar a una persona y para ello contó con los datos que de forma irregular le suministró el también comisario Enrique García Castaño. Ambos están imputados en varias piezas separadas de la Audiencia Nacional por recurrir a este 'modus operandi'.
Abandonó el puesto el 2 de junio de 2004 y en su lugar el Gobierno socialista nombró a Miguel Ángel Fernández Chico, ya fallecido. Chico era uno de los presentes en la comida de celebración por una condecoración a Villarejo a la que también acudió la actual ministra de Justicia Dolores Delgado. Esto da muestra de la capacidad que tenía Villarejo para ganarse la confianza de los diferentes responsables policiales independientemente del color del partido que mandase en el Ministerio del Interior.
