El máximo mando de la Policía entre 1996 y 2004, Pedro Díaz-Pintado, recurrió a Villarejo un año después de dejar el Cuerpo tras los atentados del 11-M. Según el polémico mando ahora en prisión, su exjefe le pagó entre 100.000 y 150.000 euros por hacer una de sus investigaciones privadas al margen del control judicial y en paralelo a su actividad como funcionario en activo. Villarejo contó para ello con la ayuda del comisario Enrique García Castaño, alias ‘el Gordo’, que le proporcionó datos confidenciales sin autorización.
En una de las muchas conversaciones entre ambos a la que ha tenido acceso Vozpópuli, consta como asumen la ilegalidad de sus actos. Sólo esta confesión, en poder de los investigadores del ‘caso Tándem’, debilita su línea de defensa en el proceso judicial. García Castaño es especialmente explícito al expresar incluso su temor a acabar en prisión si esas irregularidades se conocen. “Puedes salir salpicado tú y llevarte por delante a mucha gente (...) ¡dile que metes a Enrique en un renuncio y a los contactos de Enrique, que los puedes meter en la cárcel, tronco!”, le manifestó ‘el Gordo’ refiriéndose a sí mismo.
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Los hechos tuvieron lugar en 2005. Díaz-Pintado llevaba meses como jefe de seguridad de una empresa privada tras dos legislaturas siendo el máximo mando operativo del Cuerpo bajo los gobiernos de Aznar. Según Villarejo, investigaban a un exsocio de la firma y el 31 de julio de ese año, días antes e las vacaciones, se citó con García Castaño. Los dos estaban nerviosos, habían surgido una serie de contratiempos en la investigación encargada por su exjefe.
El problema que les mantenía azorados es que alguien le había robado a Díaz-Pintado uno de los informes elaborados por Villarejo, en concreto por su empresa Cenyt. ‘El Gordo’ le preguntó en varias ocasiones si había llegado a poner datos de algún teléfono en el documento. Se mostró muy enojado con Díaz-Pintado al que tacha de “gilipollas” entre otros comentarios. Villarejo le admitió que en el documento había información comprometedora: “lo único que me preocupa es que cuando yo hablo de contactos se puede ver que hay un rastreo de un teléfono, esa es la única parte que me preocupa, lo demás me toca la polla”.
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Este periódico se ha puesto en contacto con Díaz-Pintado, quien -tras mostrar reparos para hablar de este asunto por teléfono- ha reconocido que le encargó a la sociedad de Villarejo, Cenyt, una investigación por unos correos anónimos amenazantes que estaba recibiendo su empresa. Reconoce también que en un primer momento sospecharon de un exsocio de la firma, si bien aquellos trabajos nunca llegaron a identificar al autor de las amenazas, que simplemente cesaron tras las pesquisas. "Acabaron en tablas", dice. Niega en cambio haber recibido ningún documento o que se lo robasen a pesar de lo que recogen las grabaciones.
Lo que pone de relieve la conversación de 55 minutos entre Villarejo y García Castaño es el 'modus operandi' que viene denunciando la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción, es decir, el trasiego de datos confidenciales suministrados por ‘El Gordo’ para facilitar el éxito de las pesquisas privadas de Cenyt a sus clientes adinerados. La novedad en este caso es que ellos mismos reconocen que lo que hacen no es legal y les puede acarrear consecuencias penales.
Villarejo admite que a Cenyt facturó entre 100.000 y 150.000 euros unos días antes. También que él prefería cobrar en B, pero al final lo hicieron en A. En cualquier caso, le dijo a ‘el Gordo’ que él no constaba en sus empresas, sino su mujer y que había camuflado las facturas como “organización de eventos”. "El documento lo han robado de manera que hay que negar que eso existe, yo evidentemente le he facturado o le he empezado a facturar”, expuso Villarejo quien inicialmente bautizó el proyecto como 'Dure', pero por miedo lo modificó en sus archivos.
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Díaz Pintado también reconoce a Vozpópuli que se le ingresó esa cantidad porque se lo comentaron en su empresa y que le pareció un precio "exagerado", pero se desvincula del pago y de la contratación. No obstante, sí admite que de facto fue el artífice de la misma porque recomendó la empresa de Villarejo para hacer el trabajo ya que la conocía de antes. Esto indica que Díaz-Pintado ya sabía de las investigaciones privadas remuneradas de la sociedad controlada por Villarejo, en ese momento en activo como policía. Se escuda en que no se contrataba al excomisario ahora en prisión, sino a su empresa, dirigida por su socio Rafael Redondo.
En las grabaciones se escucha a Villarejo decir que es Díaz-Pintado quien le paga. "Le digo: 'Pedro, lo que me has pagado ya que te den por culo por patoso", le dijo el cabecilla de 'Tándem' a Enrique García Castaño. Ambos le responsabilizaban de haber sido poco cuidadoso con los datos que le habían proporcionado y de compartirlos con más personas de la empresa.
El nerviosismo de Villarejo y 'El Gordo' en aquellos días fue a más porque, según decían, el autor del robo del documento les estaba chantajeando. Villarejo sospechaba de todos, desde la Guardia Civil hasta los mensajeros de la Torre Picasso en la que se ubica su conglomerado de empresas. ‘El Gordo’, en cambio, apostaba por que había sido alguien infiltrado en la empresa del propio Díaz-Pintado que le había hecho una fotocopia a los documentos el mismo día que los recibió en su despacho.
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En la conversación, Villarejo verbalizó posibles salidas en caso de ser descubierto y entre ellas planteó usar de excusa su actividad como investigador en materia antiterrorista, una opción de la que le disuadió el propio García Castaño. “Eso no se puede decir, por ahí no cuela”, le recomendó. Díaz-Pintado, de 75 años de edad, muestra su sorpresa por los insultos que le dedicaba García Castaño con el que dice mantener una buena relación a día de hoy.
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Se da la circunstancia de que Díaz-Pintado fue uno de los tres máximos mandos policiales junto a Agustín Linares y Eugenio Pino que remitieron hace ahora un año sendas cartas a la Audiencia Nacional para avalar la labor de Villarejo bajo su mando. En el caso de la misiva remitida por Díaz-Pintado a la que ha tenido acceso este periódico aseguraba que “las empresas del señor Villarejo nunca recibieron emolumento o cantidad alguna de la Dirección General, sino más bien al contrario sirvieron a los intereses de la Policía sin percibir contraprestación por ello”. También añadía que “para evitar contaminaciones informativas y asegurar la autonomía de sus análisis y fuentes de información, el inspector Villarejo no tenía acceso a las bases policiales de información”.
