El aforamiento del rey saliente propuesto por el CGPJ se suma al que ya planteó ampliar el ministerio de Justicia que pretendía extender al príncipe, la princesa y la reina la cobertura jurídica especial que tienen otros 10.000 altos cargos en España. Ante esa maniobra, las asociaciones de jueces han emitido un comunicado en el que critican esa tendencia.
Según denuncian, el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial propuesto por el Ejecutivo "incrementa el número de aforados, en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos. Cualquier modificación legal que se pretenda realizar para que se acuerde un aforamiento a favor del rey tras su abdicación no puede ser utilizada para legitimar y acelerar una reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial.", concluyen los jueces.
A continuación, se reproduce su comunicado íntegro.
Las Asociaciones Judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, con absoluto respeto institucional al Poder Ejecutivo y Legislativo, en relación al Anteproyecto de LOPJ del Consejo de Ministros 4 de abril de 2014, habiendo remitido sendos informes al Consejo General del Poder Judicial, quieren dar a conocer a la sociedad española la siguiente denuncia:
- La reorganización del sistema judicial en España con la demarcación judicial provincial y la supresión de los partidos judiciales aleja a los ciudadanos de la justicia.
- Incrementa el número de aforados, en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos. Cualquier modificación legal que se pretenda realizar para que se acuerde un aforamiento a favor del rey tras su abdicación no puede ser utilizada para legitimar y acelerar una reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial.
- Como dice el informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo dificultará la actuación de la jurisdicción criminal y no favorecerá la persecución de los delitos de corrupción, dando una respuesta penal todavía más tardía que en la actualidad.
- La limitación de la libertad de expresión de los jueces y de las Asociaciones Judiciales resulta gratuita, innecesaria y sin justificación razonable. Refleja el deseo del legislador de un Poder Judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía.
- Se procede a la supresión absoluta de la democracia interna y de la participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, con la configuración de un sistema presidencialista, jerarquizado y controlado por el Consejo General del Poder Judicial.
- La jurisprudencia vinculante y las directrices de obligado cumplimiento terminarán definitivamente con la independencia judicial, sometiéndola a los otros poderes del Estado y puede transmitirse a la sociedad la idea de que los jueces resuelven los casos bajo el dictado y la autoridad del CGPJ y en último término del Gobierno que incide en el nombramiento de la mayoría de los vocales de aquel órgano.
