Tanto el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, como la Fiscalía Anticorrupción, como los abogados de Iñaki Urdangarin han negado reiteradamente que se esté negociando una rebaja de la pena para el Duque de Palma. Pero tanto unos como otros están trabajando para evitar que la sanción a la que se enfrente el Duque de Palma supere los cinco años de cárcel, el límite que marca que pueda salir de permiso habiendo cumplido sólo una cuarta parte de la condena (frente a las dos terceras partes a que obliga una sentencia superior a cinco años de prisión). En la práctica, las actuaciones de la Fiscalía implican que Urdangarin podría salir de permiso tras haber pasado en la cárcel 15 meses y recibir el tercer grado menos de dos años. frente a los más de tres años de prisión que Urdangarin debería pasar en la cárcel si la pena es superior a 5 años de cárcel.
Por ese motivo, las acusaciones sospechan que las actuaciones del Fiscal encaminadas a reducir el número de delitos de los que acusa a Urdangarín responden a una negociación entre las partes, una negociación que -según recuerdan fuentes cercanas a los equipos jurídicos de las acusaciones Manos Limpias y el Frente Cívico Somos Mayoría- requiere de su conformidad para salir adelante.
Según esas fuentes próximas a ambos equipos jurídicos, los últimos movimientos del Ministerio Público, oponiéndose a incluir el delito de blanqueo de capitales, a la lista de cargos contra Iñaki Urdangarin buscan jugar la baza de una condena menor que permita al Duque de Palma minimizar su estancia en la cárcel y recibir los máximos beneficios penitenciarios. Horrach tiene previsto acusar a Urdangarín de seis delitos que, aunque suman un máximo de 23 años de cárcel, en su franja más baja apenas alcanzan los 5 años de prisión, el límite que –desde la anterior reforma del Código Penal—permite aplicar al reo más beneficios penitenciarios y recortar su tiempo de estancia en la cárcel.
- Prevaricación y malversación son delitos con penas elevadas para los funcionarios públicos pero, en el caso de Iñaki Urdangarin, pueden saldarse con un año de prisión y el reintegro de los fondos “distraídos” y una sanción económica
- Falsedad: El artículo 392.1 del Código Penal establece una sanción mínima de seis meses de cárcel
- Fraude: La parte baja del delito contempla penas de un año de cárcel
- Delito Fiscal por defraudar al fisco más de 120.000 euros los años 2007 y 2008, los únicos que no han prescrito: El artículo 305 del Código, se prevé una pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía dejada de ingresa
En la formulación actual, las penas sumarían 4 años y medio de cárcel, lo que permitiría a Urdangarin acceder a beneficios penitenciarios de forma acelerada, algo imposible si esa pena es superior a los cinco años de prisión. La LO 7/2003 sobre la reforma del Código penal para el cumplimiento íntegro de las penas introdujo precisamente esa excepción a la regla general de aplicar el cómputo (3/4 o 2/3 partes) para la libertad condicional: la ¼ partes para los permisos o la mitad para la concesión del tercer grado para penas superiores a 5 años, sobre la condena.
Beneficios penales también para la infanta
El Fiscal se ha opuesto a acusar a Urdangarin del delito de blanqueo de capitales con el argumento de que la legislación en el momento en que sucedieron los hechos, entre 2004 y 2008, no castigaba con precisión el autoblanqueo. La decisión no sólo recorta la pena efectiva de Urdangarin sino que también facilita que la hija del Rey pueda librarse de la acusación ya que tampoco se reonocería la infracción en Urdangarín ni en su socio, Diego Torres.
La Fiscalía Anticorrupción y el Fiscal General del Estado siguen sosteniendo que no existe ninguna negociación con los acusados ni imputados.
