El ‘caso Bárcenas’ no sólo lo investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y el juez Pablo Ruz. En los últimos meses, diferentes personas a título individual y colectivo han remitido a la Audiencia Nacional cartas en las que dan cuenta al magistrado instructor de datos que en su opinión están relacionados con la supuesta contabilidad ‘B’ del PP que revelan los apuntes contables de su extesorero. Entre estos espontáneos hay dos exdirigentes del Centro Democrático y Social (CDS), el partido que creara Adolfo Suárez, un pequeño industrial valenciano y el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Toledo, foco de parte de las pesquisas del magistrado.
Los últimos en acudir con documentación supuestamente vinculada al caso han sido, precisamente, el expresidente y el exsecretario general del CDS. Así consta en una providencia del juez Ruz del pasado 27 de febrero y a la que ha tenido acceso este diario. En dicho escrito del magistrado no consta ni la identidad de los denunciantes, a los que sólo identifica por el cargo que ocupaban en el partido político, ni el contenido de lo que le han enviado junto a un escrito. No obstante, Ruz ya ha ordenado que se incorpore todo ello a la causa y ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre “si interesa la práctica de algunas diligencia en relación a su contenido”.
Unos días antes, los que se habían puesto en contacto con el Juzgado Central de Instrucción número 5 fueron los integrante del grupo municipal de IU-Los Verdes en el Ayuntamiento de Toledo. El pasado 20 de febrero, su portavoz, Aurelio San Emeterio, remitió al magistrado una carta en el que “en aras de proteger el interés público y el interés de la Hacienda” del consistorio de la capital castellanomanchega, le hacía llegar “las conclusiones” que su grupo había sacado tras celebrarse en el Ayuntamiento toledano sendas comisiones de Hacienda el 25 de julio y el 3 de octubre pasado. El portavoz municipal de IU –partido que propició precisamente la apertura del ‘caso Bárcenas’ con su querella y que está personado en la causa como acusación popular- muestra su sospechas sobre la existencia de supuestas irregularidades en dos contratos del consistorio además del de limpieza que ya investiga Ruz por el presunto pago de una comisión de 200.000 euros por parte de Sacyr-Vallhermoso al PP de esta comunidad para la campaña electoral de 2007 de María Dolores de Cospedal a cambio de una adjudicación del contrato de limpieza.
Agua y transportes
El edil destaca en su escrito de tres folios hasta cuatro presuntas anomalías en aquel contrato, incluido que se prescindiera de los servicios económicos municipales para hacer una valoración de la oferta y que se ignorara la existencia de informes técnicos internos del consistorio que manifiestaban “dudas sobre la viabilidad de la oferta presentada”. No obstante, reconocen que “de todas estas circunstancias no se puede saber si las acusaciones del señor Bárcenas […] sean ciertas o no”. Sin embargo, el escrito de IU en Toledo no se queda ahí y llama la atención del juez sobre otros dos expedientes de adjudicación realizados por el equipo de Gobierno del PP en esta localidad. En concreto, menciona el del servicio municipal de aguas y el de transporte público.
Según el escrito que obra ya en la Audiencia Nacional, en la primera el consistorio no tuvo en cuenta “informes técnicos que ponían en duda la viabilidad económica del proyecto seleccionado y que ponían reparos al proceso de adjudicación”. Sobre la del transporte público, el escrito del concejal señala que un informe aconsejaba “no prorrogar el mismo” para evitar una “perversa mecánica” que impedía “cualquier modificación” del mismo. Según IU, en ambos contrato se siguió el mismo ‘modus operandi’ que el presuntamente realizado en el de contrato de limpieza que investiga el magistrado y que ya ha supuesto la imputación a un dirigente regional del PP.
La fábrica de pan de Paterna
Sin embargo, la línea de investigación que el magistrado lleva más avanzada gracias a la información aportada por un 'espontáneo' es la que inició después de recibir el pasado mes de diciembre dos escritos de un pequeño industrial valenciano. De hecho, ya ha ordenado a la UDEF iniciar pesquisas para determinar si existe relación entre dos supuestas donaciones que figuraban como realizadas por Mercadona en 2004 y 2008 por un total de 240.000 euros con la concesión presuntamente irregular de varias licencias urbanísticas a un empresario que es proveedor de la conocida cadena de supermercados por parte del equipo de gobierno 'popular' del Ayuntamiento de Paterna, municipio del área metropolitana de la capital del Turia. En uno de estos terrenos se levantó una fábrica de pan de molde.
La orden la dio el juez Ruz el pasado 3 de febrero, precisamente el mismo día que declaró ante él como testigo Juan Roig, presidente de Mercadona. Durante aquel interrogatorio, el conocido empresario negó haber realizado ningún tipo de aportaciones a la supuesta caja ‘B’ del PP, aunque sí admitió donaciones a varias fundaciones, entre ellas FAES. Durante su testimonio, Roig fue interrogado por los abogados de la acusación que representa a IU por los problemas que tuvo la mercantil Siro, que se encarga de surtir de productos de panificadora a su marca blanca, para levantar en Paterna una nueva fábrica y que se solucionaron coincidiendo con las fechas en los que se habían realizado las supuestas donaciones irregulares de dinero al PP reflejadas en los papeles de Bárcenas. El presidente de Marcadona negó haber intervenido en aquel incidente urbanístico del que afirmó haber tenido simplemente noticia de que había habido "un lío".
Pese a la oposición de Anticorrupción, el juez Ruz ordenó ese mismo día ahondar en esta línea de investigación a partir de las dos denuncias que tenía sobre su mesa y que le había remitido meses antes un pequeño industrial valenciano llamado Jorge Cubells . Éste, que en el registro mercantil ha figurado en los últimos años en los órganos de dirección de una decena de pequeñas empresas, la mayor parte familiares y relacionadas con la fabricación de puertas metálicas, lleva años denunciando estas supuestas irregularidades ante la Fiscalía valenciana y diversos organismos regionales, pero fue la salida a la luz de los ‘papeles de Bárcenas’ lo que le llevó a trasladar sus sospechas a la Audiencia Nacional. Primero en octubre, con un escrito inicial. Después en diciembre, con otra denuncia. A este segundo escrito ha tenido acceso Vozpópuli, y en él dicho empresario se dirige de un modo un tanto farragoso a una decena de personas, entre ellas el juez Ruz, el presidente valenciano Alberto Fabra y el propio Juan Roig, para denunciar lo que califica como “la corrupción en el Ayuntamiento de Paterna” pero también para exculpar al presidente de Mercadona en las supuestas irregularidades.
También en el ‘caso Gürtel’
La aparición de espontáneos que quieren colaboran con el juez Ruz no es exclusiva del ‘caso Bárcenas’ sino que también han llegado hasta la pieza principal del sumario Gürtel, aunque muy relacionado con las pesquisas sobre los apuntes contables del extesorero. Así, el instructor recibió el pasado 23 de octubre una carta del concejal del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en Vitoria-Gasteiz, Patxi Lazcoz, en la que éste denunciaba que en 2005 y 2007 el equipo de gobierno del PP en este consistorio concedió supuestamente de modo irregular sendos contratos de gestión de residuos a Sufi SA, la misma empresa ya investigada por la Audiencia Nacional por el presunto pago en 2007 de la comisión de 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha.
La revelación se produjo, precisamente, sólo unos días antes de que acudieran a declarar como imputados por este último hecho el gerente de la formación en esta comunidad, José Ángel Cañas, y los empresarios Luis del Rivero y Manuel Manrique. En su escrito, de siete folios de extensión, el edil detallaba como la empresa, filial de Sacyr Vallehermoso se hizo con un contrato para la construcción de un planta de tratamiento de residuos de demolición y su explotación durante 15 años gracias a un pliego de cláusulas "a la carta" que presuntamente redactó el consistorio alavés, entonces liderado por el hoy portavoz 'popular' en el Congreso, Alfonso Alonso.
En la misiva, Lazcoz se mostraba convencido de tener en su poder "suficientes elementos para considerar que en el Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz se pudo adjudicar ilegalmente un concurso público a favor de una de las empresas investigadas en la trama Gürtel", en referencia a Sufi SA. Tras asegurar que la capacidad de investigación del grupo municipal que él encabeza era “muy limitado" y que "sólo una intervención judicial" podría "llegar al fondo del asunto sobre el que queremos llamar su atención", el escrito explicaba que el PSE inició sus pesquisas "el pasado mes de julio como consecuencia de la aparición [...] de una supuesta contabilidad B con datos del Partido Popular en el País Vasco, a través de los conocidos como 'papeles de Bárcenas". Durante dicha investigación, los concejales socialistas aseguraron haber encontrado ya en el propio sumario del 'caso Gürtel' referencias a dos contratos del Ayuntamiento de Vitoria, uno de abril de 2005 y el segundo de marzo de 2007. En este caso, sin embargo, el juez Ruz descartó abrir una nueva línea de investigación con la información aportada por el edil del PSE.
