Juan tiene nueve años y sufre de una de las conocidas como enfermedades raras de origen genético, el síndrome de Pallister-Killian. Padece una severa discapacidad intelectual y física. No habla, no anda, su débil musculatura no le permite mantenerse erguido y necesita llevar siempre pañal porque ni siquiera puede controlar sus necesidades.
"Tiene el cuerpo de un niño de nueve años, pero es como si fuese un bebé de seis meses", cuenta su madre, Verónica Madrid Ortega. Juan es alumno del colegio público María Soriano de Madrid, un centro de educación especial donde recibe los cuidados, las múltiples terapias y las atenciones que necesita.
Es uno de los centros de referencia en Madrid, que incluso sirve como residencia para niños cuya dependencia o discapacidad es tan severa que sus padres no pueden hacerse cargo de ellos. "Mi hijo es totalmente dependiente, necesita una persona que esté pendiente de él todo el rato, que le dé de comer e incluso que le cambie el pañal", relata la madre de Juan.
A Verónica le tiembla la voz sólo con pensar en tener que llevar en el futuro a su hijo a un colegio ordinario en caso de que su centro de educación especial actual tenga que cerrar. Algo que podría ocurrir en un plazo máximo de diez años, al amparo de la conocida como 'ley Celaá' (la octava ley educativa aprobada desde la transición en España), según denuncian desde la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, de la que forman parte 150 asociaciones educativas que están en contra de la nueva ley.
"Pretenden que estos críos estén integrados en los colegios ordinarios en un plazo de diez años, pero eso es imposible porque no están preparados para esto. Estos niños necesitan la educación especial, no sé en qué están pensando estos políticos", señala Verónica.
"Con una discapacidad severa como la de mi hijo, ir a un colegio ordinario no es factible. Creo que si los ministros se diesen una vuelta por los colegios especiales, sólo una, lo comprobarían", añade por su parte Nieves Claret, madre de Nicolás, un pequeño de nueve años que sufre Leucodistrofia, un desorden genético que le impide caminar y que le provoca un importante retraso cognitivo y madurativo.
Nicolás estudia en el colegio AENILCE de Madrid, donde comparte aula solo con otros cuatro niños, además de una profesora, un PT y una enfermera que se encargan de que estén atendidos, reciban terapias y educación en todo momento. Algo impensable en un colegio ordinario, según su madre.
"En un colegio ordinario, en un aula donde el profesor tiene que enseñar a otros 20 o 25 niños, mi hijo iría para atrás en todo lo que ha aprendido hasta ahora por mucho que la profesora quiera", añade Nieves.
"En el caso de mi hijo tendría que llevármelo a casa porque es totalmente dependiente y durante el confinamiento ya comprobamos lo duro que es y los efectos que tiene eso en el niño; estaba desesperado, acostumbrado a sus rutinas, sus terapias y a ir al colegio, al verse encerrado sufrió un retroceso muy grande", apostilla por su parte Verónica Madrid.
La educación especial, abocada al cierre
La disposición adicional cuarta de la 'ley Celaá', aprobada este jueves en el Congreso, obliga a derivar en un plazo de diez años a los niños con discapacidad de sus actuales centros de educación especial, donde cuentan con medios, profesionales y docentes especializados, hasta colegios ordinarios donde "serán aparcados como muebles", según denuncia José María Escudero, portavoz de la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.
La medida del Gobierno de PSOE y Podemos se apoya en un informe de 2017 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En ese informe, se afirma que España segrega y excluye a los niños con discapacidad. También se asegura que esa “segregación” afecta de forma grave al derecho a la inclusión educativa de este colectivo, cuyos padres creen que en las escuelas ordinarias no solo no encontrarán inclusión sino que sufrirán de una mayor discriminación.
"España no segrega, como dicen algunos organismos y políticos", afirma tajante Escudero. "Hay que fomentar que la mayor parte pueda ir a centros ordinarios pero el problema de esta ley es que no busca el bien del menor. Lo único que busca es que esté en un centro ordinario sin importar que allí esté mejor o peor. Lo que nos dijo la ministra Isabel Celaá en una reunión que tuvimos con ella en 2019 es que su objetivo era que baje el porcentaje de niños que estudian en Centros de Educación Especial", afirma Escudero.
Imitando el modelo portugués, el Gobierno quiere que en diez años el 98% de los niños con discapacidad estén en colegios normalizados y que los centros de educación especial se queden como centros de formación del profesorado
En la actualidad el 82% de los alumnos con necesidades especiales ya estudian en centros ordinarios. El 18% restante, los que cuentan con discapacidades más severas, son los que permanecen hasta ahora en centros de educación especial. Imitando el modelo portugués, el Gobierno quiere que en diez años el 98% de los niños con discapacidad estén en colegios normalizados y que los centros de educación especial se queden como centros de formación del profesorado, de acuerdo a la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.
Según la modificación del artículo 74.3 de la 'ley Celaá', las administraciones educativas autonómicas tendrán que evaluar anualmente a cada alumno de los centros de educación especial con el objetivo de determinar si son aptos para pasar a un centro ordinario.
"No dice que se evaluará el bienestar del alumno, sino que se estudiará si el alumno debe pasar a un centro ordinario sin importar si allí estará mejor o no", añade Escudero, que además se queja de que la ley no va acompañada de una memoria económica en la que se establezca los recursos económicos que serán necesarios para adecuar los colegios ordinarios a la realidad de las discapacidades de los alumnos.
Aunque la ley no especifica tener por objetivo el cierre de los centros de educación especial, "tememos que el trasvase se produzca en solo dos o cuatro años y que, ante la falta de alumnos y la asfixia económica, cuando se queden sin alumnos todos los centros de educación especial se verán obligados a cerrar", indica el portavoz de la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.
Discriminación y miedo a un colegio ordinario
Además de las dudas sobre la falta de recursos económicos que las comunidades autónomas tendrán que poner sobre la mesa para que los colegios ordinarios puedan adecuarse a las necesidades de los niños con discapacidades severas, los padres temen por la discriminación y el retroceso educativo que sus hijos pueden sufrir con el trasvase.
Sobre este punto, arroja luz el testimonio de Ana Escribano, madre de una niña de 12 años con síndrome de Down y presidenta del AMPA del colegio María Corredentora de educación especial de Madrid.
"Esta ley es un retroceso. Es como volver a empezar de nuevo. Va a crear una segregación dentro de los colegios ordinarios. La mayor parte de los niños que vienen al colegio de mi hija de la escuela ordinaria llegan destruidos psicológicamente", indica Escribano. Su hija Ana también empezó la primaria en un colegio de primaria y vivió esta situación en sus propias carnes.
Esta ley es un retroceso. Es como volver a empezar de nuevo. Va a crear una segregación dentro de los colegios ordinarios. La mayor parte de los niños que vienen al colegio de mi hija de la escuela ordinaria llegan destruidos psicológicamente"
"Yo era defensora de la inclusión, pero cuando mi hija empezó la primaria en un colegio ordinario nos encontramos con que allí estaba aparcada, no tenía logopedia, no había PT más que media hora a la semana y tenía que estar en clase con 30 niños. Era imposible que recibiese la educación que necesitaba, mientras que aquí ahora es feliz, va a clase en un aula con diez niños, donde hay personal de apoyo en los comedores, además de piscina, música y todo tipo de terapias sensoriales y cognitivas", añade.
En el colegio de Ana, la hija de Escribano, hay 300 alumnos y 100 profesores. Un ratio inimaginable en la escuela ordinaria. "Esto no lo puede haber en un colegio ordinario porque el Estado no puede pagarlo, le diría a los políticos que lo que funciona bien no hay por qué tocarlo. La educación especial no molesta, y si está funcionando bien, ¿por qué cargársela?", concluye.
