El que fuera vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Andreu Subies ha pedido al juez que investiga el caso Soule que incorpore una serie de actas de la mutua de los futbolistas con las que pretende demostrar que no hubo desvío de fondos de la federación catalana. El ya exvicepresidente de la RFEF insiste en que propició un cambio de gestión en la delegación bajo su mandato y que, por tanto, no se habría producido desfalco alguno a la RFEF.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el expresidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) pidió que se requiriera a MUPRESFE para que aportara al caso Soule todas las actas de su consejo territorial celebradas entre los años 2011 y 2018. Según sostiene, en estas actas se reflejan los acuerdos adoptados durante su mandato relativos a la decisión de cobrar las cuotas a los mutualistas para que la delegación territorial dejara de subvencionar tales pagos.
Así, asegura que él mismo impulsó el cambio de modelo de la mutualidad de manera que pasaba a gestionarse por terceros. De hecho, defiende que bajo esta nueva fórmula se suscribieron los convenios entre la Federación catalana y la Mutua de los futbolistas que ahora son objeto de investigación. Precisamente el análisis de los mismos propició su detención en octubre de 2018 junto con la de Josep Contreras, exdirectivo de su Federación y pieza clave en el caso Negreira que salpica al Barça.
Los contratos de la Federación catalana
La UCO les arrestó en el marco de la causa que se sigue contra Ángel María Villar y ante la sospecha de que se habrían desviado fondos de la Federación catalana con los contratos suscritos bajo su mandato. Tanto es así que la Audiencia Nacional se ha negado a que la FCF pueda litigar en la causa como perjudicada. Los investigadores sostienen que hay indicios de que se habrían llegado a transferir hasta 22,2 millones de euros desde la RFEF y la mutua a esta delegación territorial entre 2011 y 2018.
Se apunta a un posible desfalco ya que parte de estas partidas se habrían destinado a pagar las reformas de obras realizadas en ese tiempo en distintas sedes de la federación. Estos trabajos que ahora están bajo la lupa de la Audiencia Nacional se adjudicaron a empresas del exdirectivo Josep Contreras. Los agentes creen que el constructor, que ingresó en la Federación Catalana de la mano del Barça según unos audios desvelados por este medio, infló los contratos de estas reformas.
La UCO sostiene que hay "indicios de un presunto acuerdo" entre Contreras y Subies "para la entrega de una contraprestación a este último por las obras de la Federación". Al respecto cabe destacar que del registro al domicilio del empresario ya fallecido los agentes se incautaron de abundante documentación sobre las adjudicaciones a tres de sus empresas: Tastavins S.L, Radamanto S.L y Trejan 2015.
Contreras y Subies
Estas firmas también se investigan en el caso Negreira ya que el constructor habría empleado al menos una de ellas para canalizar los pagos del Barça al hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Javier Enríquez Negreira. Con todo, en lo que a Soule respecta, la Guardia Civil sospecha que Subies se benefició a nivel personal de adjudicar las obras de reformas a Contreras.
"(Se investiga) la existencia de un presunto acuerdo entre Contreras y Subies para la entrega de una contraprestación a este último por las obras recibidas de dicha federación y de la Mupresfe", sostienen los magistrados de la Audiencia Nacional. Según la UCO, Contreras habría pagado la reforma de una vivienda del expresidente de la FCF así como del restaurante de su mujer. Los trabajos que habrían costado 1,1 millones de euros.
Se trata de unas acusaciones que el propio Subies niega y que pretende desmentir recurriendo a una batería de documentos. Además de las actas de Mupresfe que acaba de reclamar, el que fuera vicepresidente de la RFEF también ha pedido en estos meses las facturas abonadas a las tres empresas de Contreras por las obras en la sede de la delegación catalana; las cuentas anuales de los ejercicios investigados y los préstamos y avales otorgados por la Federación a la territorial.
Del mismo modo Subies -que tuvo que dimitir como vicepresidente de la RFEF tras estallar el escándalo- ha reclamado abundante documental de Mupresfe y de la delegación catalana de esta mutualidad, así como las actas de la Comisión Económica de la Federación donde se aprobaron los avales sobre tres préstamos por un total de 3,5 millones de euros firmados por la territorial catalana. Se trata de tres líneas de crédito suscritas entre 2013 y 2015 por importe de 1,3 millones, 1,2 millones y 1 millón de euros.
Desvío de 22 millones
Fuentes jurídicas confirman a este medio que el magistrado instructor ha acordado todas las peticiones que ha ido efectuando el imputado en este tiempo a excepción de estas últimas actas, ya que la Federación no las localizó. La investigación por el presunto desfalco de la Federación se encuentra ya en su fase final a la espera de que el magistrado Alejandro Abascal tome declaración como imputados al exjefe de los árbitros Victoriano Sánchez Arminio y al que fuera secretario del CTA Raúl Massó. La diligencia estaba prevista para el pasado 3 de abril pero se ha retrasado al día 17 de este mes.
En lo que respecta a la parte de la investigación que afecta a Subies, la Audiencia Nacional mantiene que no hay ninguna duda de que la RFEF y Mupresfe son las "perjudicadas directamente" de los hechos que se investigan desde 2017; condición que no se puede atribuir a la Federación Catalana de Fútbol. El objetivo ahora es dirimir si se cometió delito con el desvío de 22 millones de la RFEF a la delegación catalana y con la transferencia de fondos de ésta a Mupresfe o a las empresas vinculadas a Josep Contreras.
