El Fiscal de Medio Ambiente del Juzgado número 4 de instrucción de Móstoles ha solicitado seis años de cárcel para el alcalde de la localidad de Villanueva de Perales, Francisco Delgado Gálvez (PSOE), y el anterior alcalde, César Muñoz Mateos, por un presunto delito contra el medio ambiente.
El Ministerio Público también pide para Juan Antonio Barrado Jiménez (alcalde de 2003 al 2007) y María Luz Herranz (concejala de Medio Ambiente en este periodo) la pena de cinco años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial por los mismos hechos.
Según las conclusiones del fiscal, desde, al menos, el 15 de enero de 2004 hasta la actualidad se vienen realizando continuamente vertidos incontrolados al arroyo Fandiño, un afluente del río Perales, que no han sido autorizados, ni pueden serlo por tratarse de aguas residuales provenientes del polígono industrial de Villanueva de Perales.
El punto de esos vertidos es una Zona Especial de Protección de Aves (encinares del Río Alberche y Río Cofio), así como un lugar de Interés Comunitario que forma parte de la Red Ecológica Natura 2000, por lo que la parcela tiene la calificación de “Espacio Natural Protegido”.
Según el escrito, los vertidos de las aguas residuales proceden de varias actividades que se realizan en el polígono industrial de la localidad y se acopian en un colector propiedad del Ayuntamiento de Villanueva de Perales
Este colector desemboca en una instalación destinada a la depuración de aguas residuales que nunca entró en funcionamiento, por lo que se vierten sin limpieza alguna formando un encharcamiento que finalmente, desemboca en el arroyo Fandiño.
Sustancias muy contaminantes
Las sustancias que se vierten son altamente contaminantes debido a la concentración y al efecto acumulativo que están teniendo en el medio elevadas concentraciones de DQO (Demanda Química de Oxígeno). Estas sustancias superan entre 5 y 25 veces los valores límite permitidos.
Igualmente hay DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) que superan entre 6 y 7 veces los valores máximos permitidos.
Estas concentraciones - siempre según el informe- implican una reducción de oxígeno disuelto en el medio, lo que produce importantes afecciones a la fauna asociada. El vertido tiene una elevada toxicidad con grave riesgo para los organismos al superar el límite autorizado y al efectuarse directamente sin ningún tipo de tratamiento a un cauce y supera los límites autorizados para la vida piscícola.
En el lugar hay diferentes tipos de fauna como la pardilla, que es la única población en la Comunidad de Madrid, y el cacho considerado en peligro de extinción en la región. Ambas especies son vulnerables, según el Libro Rojo de los Peces Continentales en España.
Pero además de peces, hay reptiles como el galápago europeo, y el galápago leproso, así como mamíferos como la nutria.
El arroyo Fandiño es un corredor ecológico que discurre por áreas identificadas como hábitats dentro de una directiva comunitaria. El vertido, según el fiscal, supone un riesgo ambiental existiendo riesgo de contaminación de los acuíferos derivado de la conexión hidrológica que se mantiene con los cauces fluviales.
Expedientes contra el Ayuntamiento
La Confederación Hidrográfica del Tajo incoó en los últimos años diversos expedientes contra el Ayuntamiento de la localidad que terminaron en sanciones en los años 2004, 2005, 2008, 2009, 2011 y 2012.
En el escrito del fiscal se señala que los propietarios de las instalaciones industriales que producían las aguas residuales ignoraban que las mismas se vertían sin depuración al cauce del arroyo.
Juan Antonio Barrado (PSOE) fue alcalde desde 2003 a 2007 y María Luz Herranz concejala de Medio Ambiente durante el mismo periodo. El alcalde de la localidad es en la actualidad Francisco Delgado, que también es concejal de Medio Ambiente. El fiscal dice que todos los acusados “a pesar de tener conocimiento de que la depuradora, que era de propiedad municipal, no funcionaba, y que las competencias eran de titularidad municipal insistieron “intencionadamente dicha situación sin intervenir en modo alguno y en particular sin promover la depuración de las aguas”.
El fiscal considera los hechos que han cometido César Muñoz y Francisco Delgado como un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente penado en el Código Penal. También cree que Juan Antonio Barrado y María Luz Herranz han cometido un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente previsto en el Código Penal.
Para César Muñoz y Francisco Mateos pide la pena de seis años con accesoria de inhabilitación especial para cargo público y multa de treinta meses. Para Juan Antonio Barrado y María Luz Herranz solicita cinco años de prisión con inhabilitación especial para cargo público y multa de treinta meses.
Además deberán indemnizar a la Consejería de Medio Ambiente con la cantidad que determine para restaurar a su estado original el terreno y los cauces contaminados, según la valoración que haga la Consejería.
El fiscal cita como testigos a agentes del Seprona, agentes forestales, inspectores de la Confederación del Tajo, así como personal del Canal de Isabel II.
Defensa
Fuentes cercanas al alcalde, Fernando Delgado, señalaron que el hecho que se investiga comenzó en el año 2000, antes de que tuviera cargo institucional alguno en el Ayuntamiento de Villanueva de Perales. Francisco Delgado entró como concejal de Medio Ambiente en el año 2007.
Las mismas fuentes indicaron que desde que se hizo cargo de la concejalía, se puso en contacto con el Canal de Isabel II para poder solucionar el problema de falta de canalización, "algo que se soluciona en el año 2016, comenzando las obras en 2015 y que se prologan por no tener permisos del Canal de Isabel II de la Confederación Hidrológica del Tajo".
La anterior jueza quiso archivar el caso, pero la Fiscalía recurrió para que no se archive. Francisco Delgado es actualmente alcalde de Villanueva de Perales desde el 16 de abril de 2017. El juez que tramita el caso ha dictado auto de apertura de juicio oral contra todos los acusados.
