La Fiscalía de Cataluña ha incoado diligencias para investigar los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en favor de los líderes independentistas por la causa abierta en el Tribunal de Cuentas. El Ministerio Público actúa de este modo a tenor de la denuncia interpuesta por el presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, en la que se cuestionó la legalidad de esta gestión al tratarse de fondos públicos.
El documento que firma el fiscal superior de Cataluña acuerda también remitir estas diligencias a la Fiscalía Provincial de Cataluña para que se "practiquen las actuaciones procedentes para el esclarecimiento de los hechos". Con todo, deja fuera de estas pesquisas a las personas aforadas contra las que se dirigía la denuncia de la formación naranja y sobre las que también pesa una querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por estos mismos hechos.
Se trata del presidente del Govern, Pere Aragonés, y los consejeros de Economía y Presidencia, Jaume Giró y Laura Vilagrá, respectivamente. El objetivo de Ciudadanos es que el Ministerio Público esclarezca si la Generalitat concurre en alguna ilegalidad al recurrir al ICF para avalar a los líderes del procés por la causa abierta en el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador del Gobierno ha impuesto a un total de 34 exaltos cargos de la Generalitat una fianza de 5,4 millones de euros por las actuaciones en el exterior para defender la independencia de Cataluña.
"La concesión del aval devino en la creación de un Fondo Complementario de Riesgos. La creación de dicha norma habría supuesto el presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta dirigida a que las personas involucradas en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas obtuvieran un aval con cargo a fondos públicos con el que poder evitar que se ejecutasen, respecto de ellas, las medidas cautelares que se habían acordado por el organismo fiscalizador en unas diligencias seguidas, precisamente, para disponer de manera desviada de los fondos públicos", reza la denuncia.
Por ello, Ciudadanos no solo actuó contra la junta de Gobierno del ICF, sino también contra el Consell de la Generalitat, si bien la Fiscalía deja fuera a las personas aforadas. Estas pesquisas arrancan mientras el Tribunal de Cuentas sigue con sus gestiones para esclarecer si los avales presentados son o no válidos de cara a responder con las cauciones impuestas. Al respecto, esta misma semana se han dirigido a la Abogacía General del Estado para recabar su criterio.
Pendientes de la Abogacía del Estado
El órgano fiscalizador quiere que los servicios jurídicos del Gobierno de Pedro Sánchez emitan su opinión en relación a la legalidad de esta medida que, si sale adelante, podría terminar siendo impugnada por parte de las acusaciones del procedimiento. Máxime después de plantear que han surgido dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de las garantías presentadas. En su escrito reclama que se pronuncien sobre cuatro puntos concretos poniendo en foco en si se actuó o no con intencionalidad de causar el daño.
El documento firmado por el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, José Manuel Suárez Robledano, apeló a doctrina del Tribunal Supremo y se centró en el menoscabo que esta fianza, que se adelanta a posibles responsabilidades, puede generar para los fondos públicos. "Si, en definitiva, nuestro sistema de responsabilidad contable permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña, la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable", planteó.
