La Fiscalía General del Estado ponía fin este miércoles a 16 meses de investigación abierta contra Juan Carlos I por la gestión de su fortuna. El Ministerio Público ha zanjado todas las líneas de investigación que ya en los últimos meses apuntaban al archivo por prescripción del delito y su condición de inviolable. Sin embargo, el dictamen final es especialmente duro al constatar que ocultó ganancias a Hacienda, a la par que recuerda que en todos los años de democracia no se ha apostado por un cambio legal para que la figura del rey no goce de inmunidad mientras ejerza como jefe del Estado.
Así lo constata uno de los dos decretos firmados por el fiscal jefe de Anticorrupción en relación al fin de las pesquisas a Juan Carlos I. Aunque cierra la puerta a judicializar estas investigaciones, sí constata que no se haya planteado que el rey pueda ser juzgado mientras ostenta su cargo. En la actualidad, la figura del monarca goza de condición de inviolable, tal y como recoge el artículo 56.3 de la Constitución, que deja claro que la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad alguna.
"En este punto, es buena muestra de la voluntad del legislador que, transcurridos más de cuarenta años desde que se aprobó la Constitución, no haya considerado oportuno traspasar a ninguna ley procesal ni orgánica, la posibilidad de que el rey, mientras ostente la jefatura del Estado, pueda ser juzgado por tribunal alguno", reza el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que concluye que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional es "clara y no deja margen de duda" acerca de que no se puede dirigir reproche penal alguno contra Juan Carlos de Borbón por cualquiera de los actos cometidos antes del 19 de junio de 2014, fecha en la que abdicó en la figura de su hijo.
Ahora bien, aunque el Ministerio Fiscal da carpetazo a todas las líneas abiertas contra el emérito, es especialmente duro en lo que respecta al fraude fiscal que habría cometido entre los años 2008 y 2012. Este asunto se estudió en la primera de las tres investigaciones abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo relativa a una donación de 100 millones de dólares que el monarca percibió del entonces rey saudí en 2008. Las dudas acerca de que este dinero respondiera en realidad a una comisión tras la adjudicación del AVE La Meca-Medina, propiciaron una investigación sobre la naturaleza del dinero.
Es buena muestra del legislador que no haya considerado traspasar a ninguna ley la posibilidad de que el rey, mientras ostente la jefatura del Estado, pueda ser juzgado por tribunal alguno
Las pesquisas arrancaron en Anticorrupción pero pronto se derivaron a la Fiscalía del Tribunal Supremo por la condición del monarca de aforado. Las mismas las asumió en noviembre de 2020 el recientemente fallecido Juan Ignacio Campos, hasta el momento número dos de la fiscal general del Estado. Tras las diligencias practicadas (en las que además se ha recabado abundante documental de Suiza), el Decreto concluye que no se puede establecer una relación directa entre este cobro y la adjudicación. Dicho de otra forma: este pago que acabó desviado a Corinna Larsen en 2012 no era una comisión, sino una donación. Ahora bien, el monarca no tributó por estos fondos que custodió en un banco de Ginebra.
Fraude a Hacienda
El Ministerio Público barajó dos hipótesis para calcular la cuantía ocultada al fisco en esos años y concluyó que, en ambas, la cuota defraudada superaba con creces los 120.000 euros que establece la ley como umbral del delito (si es menor cuantía no se considera delito fiscal). La responsabilidad penal en los ejercicios entre 2008 y 2011 quedaría prescrita. En lo que respecta a 2012, tampoco se atisba comisión de infracción penal porque el monarca era inviolable. De esta forma no solo se cierra la puerta a investigar estos hechos en el Tribunal Supremo, sino la posible comisión de un delito de blanqueo con la gestión de los 64 millones de euros que le donó el rey Abdalá en 2008.
Estas conclusiones alcanzadas sobre la primera investigación abierta al emérito marcan también el camino de las pesquisas abiertas en la Fiscalía Anticorrupción en relación a posibles comisiones que habría pagado el consorcio español que se adjudicó la faraónica obra del AVE. Esto es así porque la Fiscalía no ha podido acreditar vínculo alguno entre los 100 millones de dólares donados en 2008 con la licitación del proyecto, de forma que decaería también el delito de corrupción en los negocios internacionales.
La Fiscalía adhirió la segunda línea de investigación al asunto relativo con la donación saudí. En estas pesquisas se investigaron una serie de transferencias bancarias que el empresario mexicano Allen Sanginés Krause giró a una cuenta del coronel del Ejército Nicolás Murga Mendoza. El emérito fue el beneficiario final de todos estos fondos que sumarían un total de 516.606,32 euros y que se destinaron al pago de alojamiento y de viajes del monarca y su familia más cercana. En este caso los hechos tuvieron lugar entre 2016 y 2019 (cuando el rey había perdido su inviolabilidad); no obstante no hay delito porque no hubo contraprestación de Juan Carlos I por estos pagos.
Sin vínculos con el trust de Jersey
Además, el Decreto alerta de otra baza que ha jugado a favor del monarca: las regularizaciones al fisco por importe cercano a los 5 millones de euros. La defensa del emérito, que ejerce el abogado Javier Sánchez-Junco- notificó al Tribunal Supremo el pago de dos declaraciones complementarias (una primera superior a 600.000 euros y una segunda de 4,4 millones de euros). Con este movimiento su letrado se adelantó a cualquier movimiento de la Fiscalía o de Hacienda evitando así una investigación penal por este asunto.
Aunque la Fiscalía avisó entonces de que el monarca conocía de la existencia de estas pesquisas, el Decreto es claro al concluir que cumplió con el requisito objetivo (pago completo de la deuda) y el temporal (se abonó antes de tener un conocimiento formal de estas diligencias). "La Fiscalía no tenía entonces constancia del incumplimiento de las obligaciones tributarias", reza el Decreto, el cual, no obstante, recuerda que gracias a la actuación del Ministerio Público han logrado recuperar 5 millones de euros para las arcas públicas.
Cruzada con Corinna en Londres
En último lugar, tampoco atisba comisión de delito con el trust abierto en Jersey en 2004 y que en un primer momento se vinculó a Juan Carlos I. "Entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004
Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas", concluye el Decreto.
El trust en cuestión se constituyó en marzo de 2004 por Joaquín Romero Maura (diplomático ya fallecido muy cercano al emérito) con una finalidad clara: apoyar a Juan Carlos en caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar. Sin embargo, las pesquisas -que arrancaron a tenor de aviso del Sepblac- no han podido acreditar vínculo alguno entre el padre del actual jefe del Estado y los fondos gestionados en el trust.
De esta forma termina la pesadilla judicial para el emérito cuya defensa hará las valoraciones oportunas la próxima semana. El cierre de las diligencias abre la puerta a un posible retorno del monarca que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, momento en que la Casa Real propició su salida de España para evitar que esto afectara a la imagen de Felipe VI. Con todo, el monarca tiene pendiente una última cruzada judicial, en este caso con Corinna Larsen, en Londres. Su examante pide que se le investigue por supuestas amenazas pero el rey apela a su inmunidad para evitar que prospere. La Justicia británica tiene pronunciarse sobre si es competente para investigar estos hechos o no.
