España

La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Sandro Rosell por el presunto blanqueo de 20 M.

Las seis personas implicadas en esta investigación crearon un entramado que se lucró de fondos irregulares de la CFB, así como de cantidades procedentes del contrato de patrocinio de la firma Nike. La cantidad blanqueada con estas operaciones ascendería a 19.972.612 euros

  • El expresidente del Barcelona Sandro Rosell

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido once años de prisión para el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal y multa de 59 millones de euros por integrar presuntamente una red a través de la cual se apropiaron fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB).

De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, las seis personas implicadas en esta investigación crearon un entramado que se lucró de fondos irregulares de la CFB por los derechos de retransmisión de los partidos de su selección, así como de cantidades procedentes del contrato de patrocinio de la firma Nike con la selección de fútbol del país sudamericano. La cantidad blanqueada con estas operaciones ascendería a 19.972.612 euros.

La fiscal del caso, María Antonia Sanz, pide para todos ellos penas que van entre seis y once años de cárcel por estos delitos, como es el caso del socio de Rosell, Joan Besolí, que se enfrenta a diez años de prisión y multa de 55 millones de euros, o de la pareja del principal acusado, Marta Pineda, para la que la fiscal pide siete años de prisión y multa de 50 millones.

Ocultar cantidades obtenidas de manera ilícita

El escrito relata que todos ellos, procesados por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado mes de junio, se valieron de entidades, muchas de ellas 'offshore', para ocultar cantidades obtenidas de manera ilícita por el expresidente de la confederación brasileña Ricardo Terra Teixera.

El que fuera socio de Rosell en el país latinoamericano, Teixeira, participó en este entramado consiguiendo que la asociación deportiva que presidió entre 1989 y 2012 firmara contratos de compraventa de los derechos audiovisuales de la Selección Nacional de Fútbol de Brasil en favor de la sociedad International Sports Events (ISE), radicada en un paraíso fiscal.

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