Todo el proceso de reestructuración bancaria en España entre 2009 y 2015 será fiscalizado por el Tribunal de Cuentas (TCu) en 2016. Ése es al menos el plan inicial del organismo presidido por Ramón Álvarez de Miranda, que ya incluía en su programa para 2015 la idea de fiscalizar el proceso de saneamiento del sistema financiero, los rescates a la banca y la gestión de las autoridades en los mismos.
La fiscalización no se podrá iniciar en 2015, pero el TCu sí que ha perfilado ya las grandes líneas para llevar a cabo su investigación durante el año que viene. Se revisarán las cuentas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de los tres fondos de garantía de depósitos (de bancos, de cajas y de cooperativas de crédito, ahora fusionados) y del Banco de España, como ya se hiciera con el periodo 2009-2012, cuyo informe de fiscalización vio la luz el pasado año.
Este año el Tribunal de Cuentas ha ampliado el alcance de su investigación a un ente semipúblico pero con una participación notable por parte del Estado: Incluirá en su fiscalización la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), en la que el FROB ostenta una participación del 45% (frente a un 55% de la banca privada), pero en la que el riesgo de los más de 50.000 millones de euros en deuda garantizada corre a costa del contribuyente.
Directrices técnicas en revisión
En sus informes de fiscalización, los técnicos y consejeros del Tribunal de Cuentas no se limitan a una simple revisión de las cuentas, toda vez que el posible abanico de ámbitos que se analizan es más amplio. En el anterior informe sobre la reestructuración bancaria, las directrices del TCu se centraron en verificar que las actuaciones de los organismos públicos se ciñeron a la ley; se trató, en definitiva, de una fiscalización "de cumplimiento", en la medida que se revisaba sobre todo el cumplimiento de la ley de los organismos públicos durante los rescates a la banca.
Este año el Tribunal de Cuentas ha ampliado el alcance de su investigación a un ente semipúblico como la Sareb
Dentro de las competencias de las que dispone el Tribunal de Cuentas, está la de diseñar el tipo de fiscalización más adecuada para cada organismo. Además del cumplimiento normativo, el TCu puede llevar a cabo una fiscalización financiera (de tipo contable) u otra de tipo "operativa o de gestión", más centrada en emitir una valoración global de las actuaciones de cada organismo.
Esta nueva revisión será más amplia y fiscalizará otros aspectos además del mero cumplimiento normativo, tal y como ha podido saber Vozpópuli a partir de fuentes del propio Tribunal. Ya se ha aprobado el anteproyecto con las directrices técnicas, y el mismo está actualmente en fase de revisión antes de su aprobación definitiva. Los responsables del Tribunal de Cuentas esperan tenerlo listo como muy tarde en marzo de 2016.
