Los diez tripulantes del 'Fortuna', el yate que utilizó la Familia Real desde 2000 hasta que el Rey renunció a su uso el pasado mayo, cobrarán un total de 1,23 millones de euros por despido improcedente, informa Efe.
Tanto la empresa que gestionaba el mantenimiento del yate cedido a don Juan Carlos, Unión Naval Valencia, como Patrimonio Nacional, titular de la embarcación, han aceptado los hechos planteados por los diez empleados demandantes en el juicio celebrado este viernes en la Audiencia de Palma, que ha quedado visto para sentencia.
Las partes han dejado en manos de la sala de lo social del tribunal provincial la decisión sobre quién se hace cargo y de qué manera se abona la indemnización que solicitan los representantes de los despedidos a Unión Naval Valencia y a Patrimonio Nacional.
La vista, celebrada en presencia de los demandantes, se ha prolongado apenas cinco minutos dada la aceptación de los hechos por parte de la concesionaria de la gestión del 'Fortuna' y de la entidad pública titular del yate. Los diez tripulantes perdieron sus empleos cuando en la pasada primavera Don Juan Carlos renunció al uso del yate que en el año 2000 le regaló la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares, una entidad constituida por destacados empresarios del archipiélago para sufragar la construcción de la embarcación.
Este 'Fortuna', que costó unos 18 millones de euros, sustituyó a otro yate del mismo nombre que donó a la Familia Real española en 1979 el Rey Fahd de Arabia Saudí, y algunos de los trabajadores despedidos habían estado empleados en ambos barcos.
Las indemnizaciones solicitadas por los tripulantes oscilan entre los 185.000 y los 54.000 euros, según la relación que ha hecho en el juicio la abogada que les representa.
Esta letrada plantea en su demanda que Unión Naval Valencia pudo haber cometido una cesión ilegal de sus trabajadores en beneficio de Patrimonio Nacional, puesto que era esta última entidad la que dictaba las órdenes y organizaba el trabajo de la tripulación del 'Fortuna'.
Falta por decidir quién pagará
El abogado de la empresa a la que Patrimonio Nacional subcontrataba el mantenimiento y los servicios necesarios para que la Familia Real empleara el yate considera que corresponde al organismo público hacerse cargo de las compensaciones por el cese de actividad, mientras que la representación del ente estatal ha expresado en la vista que se avendrá a lo que decida el tribunal.
La sala de lo civil de la Audiencia de Palma dictará sentencia en los próximos días para determinar a quién corresponde la responsabilidad del despido de los tripulantes del yate real, aunque las partes demandadas han admitido los hechos a partir de los cuales se ha establecido que los despedidos habrán de ser indemnizados con 33 días de salario por cada año en que trabajaron en el "Fortuna".
En cualquier caso, los demandantes descartan la reincorporación de los empleados porque su "centro de trabajo" ya no existe, dado que la embarcación ha dejado de ser patrimonio público y ha sido devuelta a la fundación que la regaló al Rey.
