Todo parecía apuntar a que Cataluña se vería abocada a nuevas elecciones cuando saltó el pacto -y el nombre- que sorprendió a todos. Había un candidato, un acuerdo, y a punto de expirar el plazo legal, el Parlament invistió al exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, como nuevo presidente de la Generalitat. Lo que parecía un fracaso pegaba un acelerón final que reactivaba todo el proceso que meses antes había llevado a los catalanes a las urnas. El proceso soberanista o "de desconexión" seguía adelante, como bien apuntaba el recién elegido president.
"¿Y ahora qué?", fue la pregunta que se hicieron muchos, especialmente tras los primeros discursos tanto del presidente autonómico como del nuevo govern. En la propia conformación del ejecutivo catalán Puigdemont pidió a los consellers "lealtad" para cumplir con "el encargo del pueblo", y decía estar seguro de que "guardaréis hasta el último segundo la promesa de servicio al país". De hecho los consellers prometieron el cargo "de acuerdo con la ley", al "servicio de Cataluña" y con lealtad al presidente de la Generalitat.
CSI-F ha reactivado su campaña para proteger a los funcionarios ante órdenes de dudosa legalidad y ofrecen un seguro que cubra los gastos en caso de suspensión de empleo y sueldo
Ya dirigiéndose a su nuevo gabinete, Puigdemont les pedía que mantuvieran "la exigencia con el encargo del pueblo", guardasen el "respeto institucional" y se mantuviesen "al servicio de la democracia en Cataluña". "Lo haréis bien, seré testigo y os lo podré agradecer al final de este proyecto que comienza", añadía.
Este mismo mandato abría un amplio abanico de dudas para un sector que se puede ver afectado de lleno por el proceso soberanista: los funcionarios. Desde CSI-F, uno de los mayoritarios, han querido reactivar la campaña informativa para proteger a los trabajadores públicos catalanes ante órdenes de dudosa legalidad que se puedan dar de aquí en adelante.
El sindicato ya elaboró con antelación un protocolo de actuación con modelos para recurrir ante las instancias que correspondan, ya sea desde el punto de vista administrativo como penal, y ofrece a sus afiliados un seguro que cubra los gastos para aquellos casos de suspensión de empleo y sueldo.
Además, aseguran que reforzarán los servicios jurídicos en Cataluña y vigilarán con mayor atención para detectar posibles situaciones irregulares, aunque admiten que todavía no tienen constancia de casos concretos de conflicto a la hora de actuar o de obedecer órdenes fuera de la ley.
Bajo mínimos
En cuanto al resto de preocupaciones de los funcionarios catalanes, no difieren en gran medida de las del resto del Estado. Un informe hecho público por el sindicato CSI-F alerta de que las administraciones públicas han perdido 155.841 trabajadores desde enero de 2010, según datos del Registro Central de Personal, lo que supone una pérdida de 78 puestos de trabajo al día. Destacan, por ejemplos, colectivos como profesores (-22.366), profesionales de la sanidad (-9.355), las Fuerzas Armadas (-12.257) o Correos (-11.385). También se ha producido un amplio recorte en los efectivos de la Seguridad Social (-3.224) y de la Agencia Tributaria (-1.351), personal que estiman básico para la concesión de prestaciones en periodo de crisis y de lucha contra el fraude.
Las administraciones públicas han perdido desde 2010 155.841 trabajadores, y los sindicatos siguen reclamando recuperar su poder adquisitivo perdido
Por administraciones, desde 2010 se han perdido 81.228 efectivos en ayuntamientos, 63.673 en las comunidades autónomas y 60.235 en la administración central, en la que destaca además el progresivo envejecimiento de las plantillas -119.518 personas se jubilarán en menos de 15 años.
En cuanto a la calidad del empleo de los funcionarios, la EPA arroja una tasa de temporalidad del 22% -658.000 trabajadores, mientras que hace dos años rondaban los 559.000-. El personal con contrato inferior a seis meses en ministerios y agencias estatales se ha duplicado, y según datos de la Seguridad Social se han perdido 13.162 puestos de trabajo en 2015.
Mención aparte merecen para el sindicato la Educación o la Sanidad. En la primera critican que durante el verano se den de baja de manera estacional a cerca de 200.000 trabajadores, de los que luego muchos son "contratados por días o incluso por horas", mientras que en Sanidad, "las fluctuaciones de personal interino nos sitúan todos los años con un déficit de personal de unos 54.000 profesionales durante los meses de invierno". De ahí que rechacen que ambos sectores se vean marcados por la temporalidad, como puedan serlo la hostelería o la agricultura.
No olvidan tampoco en sus reclamaciones la recuperación de poder adquisitivo perdido, especialmente con la devolución íntegra de la para extra eliminada en 2012, así como las condiciones laborales dañadas durante estos años, como los descuentos por baja médica.
