Buena parte de la Ley del Litoral de Galicia, en concreto 31 artículos de la misma, ha quedado en suspenso tras la decisión adoptada hoy por el Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado recientemente por el Gobierno central contra dicha normativa por entender que la comunidad gallega asume competencias que no son suyas, sino del Estado, en cuestiones relacionadas con la gestión y protección de las zonas costeras. Dicha resolución por parte del tribunal de garantías supone la inmediata suspensión de todos los artículos recurridos y será a partir de ahora cuando el Xunta de Galicia tendrá acceso al expediente elaborado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y al informe aprobado por el Consejo de Estado, documentación que el gobierno liderado por Alfonso Rueda lleva solicitando desde hace semanas con el fin de poder interponer las alegaciones que considere oportunas.
El recurso presentado por el Gobierno sostiene que la normativa costera aprobada por el Parlamento gallego podría vulnerar, en más de una treintena de artículos, las competencias del Estado sobre el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre y sobre el procedimiento administrativo común o la legislación básica en torno a contratos y concesiones administrativas. Esta decisión ha sido muy criticada por la Xunta, que afirma que dichas competencias están contempladas en el Estatuto de Autonomía, pero la opinión del Ejecutivo central es totalmente opuesta al estimar que “las comunidades autónomas pueden ir más allá de la protección del litoral, pero nunca a menos”. El acuerdo adoptado por el TC era esperado, pues hace pocos días ya admitió a trámite la impugnación del Gobierno contra otra ley gallega relacionada con la gestión y preservación de las áreas costeras.
Perjuicio para la economía gallega
Alfonso Rueda, por su parte, piensa plantar batalla con dichas resoluciones al estimar que la normativa autonómica no va ni contra la Constitución ni contra la Ley de Costas, sino que responde a la defensa de los legítimos intereses de la región en base a las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía. El Gobierno gallego afirma también que la suspensión de la ley incidirá de una forma muy negativa en la economía gallega, especialmente porque crea inseguridad jurídica y corta de cuajo atractivos proyectos que podrían generar numerosos puestos de trabajo.
Para entender la “guerra costera” que mantienen Madrid y Galicia hay que remontarse a mayo de 2021, fecha en la que entró en vigor la ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética, muy discutida por la Xunta al estimar que supone una grave amenaza para la continuidad de numerosos enclaves tradicionales e industrias asentadas desde tiempos remotos en la franja costera, entre ellas las relacionadas con el sector conservero. Este temor animó al Gobierno gallego a impulsar una ley propia que permitiese a la Xunta asumir más competencias en la ordenación y gestión de su propio litoral, pero el Gobierno central no vio con buenos ojos dicha iniciativa y tomó la decisión de recurrir ante el TC.
