Baltasar Garzón sigue haciendo “caja” a lo largo y ancho de Latinoamérica. Desde finales de noviembre pasado, el polémico juez ha añadido a sus múltiples ocupaciones la condición de “coordinador” de una comisión internacional encargada de supervisar la reforma judicial emprendida por el Gobierno de Ecuador, cuyo coste, según fuentes periodísticas ecuatorianas, se eleva a 550.000 dólares –más gastos de desplazamientos, hotel y demás-, sin que se sepa exactamente la parte correspondiente a Garzón. La española Indra se adjudicó el proceso de informatización del aparato judicial ecuatoriano.
Además de Garzón, la comisión de supervisores está integrada por Rafael Follonier (Argentina), Porfirio Muñoz (México), Carolina Escobar (Guatemala), Marigen Hornkohl (Chile) y Juan Luis Mejía (Colombia). La llegada de Garzón a Quito a finales de noviembre provocó la expectación propia del personaje allá por donde va. No pocos medios de prensa ecuatorianos, sin embargo, ha sido muy críticos con la decisión de incluir en esa comisión a un juez sobre el que pesan tres juicios por prevaricación en España, y más aún con la de nombrarle coordinador de la misma.
Pero no hay nada que se escape al control del histriónico ex juez de la Audiencia Nacional en Sudamérica, particularmente en los países con Gobiernos de izquierda, para quienes Garzón es un héroe “por haber logrado detener en 1998 en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet”.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, decidió someter a referéndum el pasado 7 de mayo la reforma de la administración de justicia del país, aquejada por la acumulación de procesos (1,2 millones) y la falta de infraestructuras, invocando para ello la necesidad de limpiarla de “jueces corruptos y negligentes”. En la consulta, que fue refrendada por los ciudadanos, se aprobó la modificación del Consejo de la Judicatura –órgano de gobierno de los jueces-, que dirige la selección de magistrados y demás funcionarios judiciales. La reforma supondrá una inversión de 600 millones de dólares.
Garzón y las tiras de Mafalda
La comisión internacional realizará sus trabajos –en teoría durante 18 meses- en línea con otra comisión de supervisores nacionales, que es la que correrá con la parte del león de la tarea, por lo que Garzón, según su costumbre, apenas tendrá que desplazarse a Quito un par de veces o tres, pues “se mantendrá en contacto permanente con los supervisores nacionales a través de los medios electrónicos”.
A su llegada a Quito a finales de noviembre, Garzón elogió calurosamente al presidente Correa: “Es un acto por lo menos de valentía [formar esa comisión] porque no saben cómo va a ser nuestro informe, que se va a basar en la independencia, en la objetividad y la imparcialidad, porque no tiene otro sentido”. Los supervisores, según Garzón, “son profesionales que no tienen ninguna vinculación ni la van a tener con este Gobierno”.
El 27 de noviembre pasado, el periodista y escritor boliviano Sergio Cáceres escribía en una página web lo siguiente: “Cuando se escucha el nombre de Baltasar Garzón, nos viene la imagen de un Paladín de la Justicia, joven y progresista, cuyo retrato pude quedar bien entre las tiras de Mafalda y los poemas de Benedetti, y es que ha conseguido lo que miles de chilenos y argentinos juntos no han podido en años de lucha y de perder muchas vidas: poner en el banquillo de los acusados a sus dictadores. Luego, como se sabe, no pasó nada con ellos, pero eso a nadie le importa; él es un héroe para las chicas y un ejemplo para los garçones (con perdón del galicismo)”.
