En los últimos meses solo se habla de Cataluña a cuenta de la consulta, el derecho a decidir, la independencia, las consecuencias del 9-N, las posibles elecciones plebiscitarias, etcétera. Todo muy simbólico y rimbombante para llenar portadas y horas de tertulia. Casi nada se comenta, en cambio, sobre la gestión pura y dura de la Generalitat que preside Artur Mas. Una gestión que en algunos aspectos no destaca precisamente por su excelencia. Por ejemplo, la política fiscal del Ejecutivo catalán que dirige el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, presenta más oscuros que claros. En este momento, la Generalitat no tiene asegurada la recaudación de 700 millones de euros al año con los que cuenta. Y nunca recibirá al menos otros 170 que prometió recaudar.
Tras la cortina de humo del soberanismo aparecen datos, tozudos y comprobables, que evidencian las carencias de una política fiscal caótica, repleta de incumplimientos, cambios de criterio o problemas judiciales. La medida estrella del Gobierno de Mas en fiscalidad es la implantación del impuesto sobre depósitos bancarios. Gracias a este tributo, la Generalitat prevé recaudar hasta 670 millones de euros correspondientes al ejercicio de 2013. Y, lógicamente, otro tanto por el año en curso. En total, la friolera de 1.340 millones de euros. Sin embargo, el cobro de esta cantidad está en el aire, dado que el Ejecutivo catalán litiga frente al Estado en el Tribunal Constitucional sobre la validez de este tributo.
Pacto con ERC
El Govern de Artur Mas y Andre Mas-Colell aprobó este gravamen por decreto en diciembre de 2012. Dicha aprobación fue consecuencia directa del pacto que alcanzaron entonces CiU y ERC gracias al que la formación de Oriol Junqueras facilitaría el trabajo del Ejecutivo. Y es que la defensa de este impuesto aparecía en primer lugar entre los compromisos adquiridos entre ambos partidos. Poco después, el Gobierno del PP aprobó una medida similar a nivel nacional e impugnó ante el Tribunal Constitucional el impuesto catalán. La Generalitat continuó adelante y creó una ley para desarrollar el tributo y, a su vez, impugnó el gravamen del Gobierno central.
La Generalitat pretendía cobrar a los bancos el impuesto sobre los depósitos el pasado octubre, pero las entidades no han pagado y esperan a que el Constitucional se pronuncie
Así las cosas, el caso sigue en el Constitucional y no está claro cuándo habrá una sentencia definitiva. En mayo de 2013 el TC levantó la suspensión cautelar sobre la aplicación del impuesto en la comunidad. Y en septiembre de 2014 el Ejecutivo de CiU aprobó el reglamento para poder cobrar este tributo sobre los depósitos de las entidades de crédito. Su previsión era, como se ha dicho, recabar 670 millones por el ejercicio de 2013. Y pretendía recibir el dinero entre el 1 y el 20 del pasado octubre. Sin embargo, los bancos optaron por diferentes mecanismos que consisten en no pagar dicho impuesto hasta que haya una decisión judicial. O sea, la recaudación es una incógnita. Y lo es sine die.
El euro por receta como ejemplo
Este proceso sobre el impuesto de depósitos recuerda a lo que ocurrió con el euro por receta en Cataluña, finalmente anulado por el TC. La Generalitat recaudó 45,7 millones de euros con el cobro de este famoso canon desde su implantación, el 23 de junio de 2012, hasta su suspensión, el 15 de enero de 2013. Con dicho gravamen, la Generalitat preveía ahorros superiores a los 100 millones y una recaudación anual de 140 millones. Finalmente, a Mas-Colell le salió el tiro por la culata y la decisión del TC supuso un coste de 198 millones para la Administración catalana. De hecho, el pasado verano la Generalitat anunció que devolvería a los ciudadanos las cantidades que pagaron cuando el impuesto funcionaba. El ejemplo perfecto de una política errática.
Impuestos prometidos y abortados
Además del caso del tributo por los depósitos bancarios, sin duda el más importante por volumen, y de los 140 millones al año que nunca recaudará por el euro por receta, la Generalitat nunca podrá recaudar otras cantidades que pretendía recibir gracias a diferentes impuestos que en su día prometió pero que finalmente no llegó a poner en marcha. Uno de los casos más llamativos hace referencia al impuesto sobre bebidas azucaradas que el Govern, presionado por ERC, iba a impulsar para recaudar 30 millones al año. Contra pronóstico, Mas-Colell decidió suprimir la aplicación de esta tasa.
En su primera legislatura, el Ejecutivo de CiU apostó por el euro por receta y el tiro le salió por la culata; en la segunda, ha incumplido compromisos adquiridos con ERC en materia fiscal
Otro caso, aunque menor en cuantía, es el de la famosa Euroviñeta, por la que los transportistas iban a pagar una tasa por utilizar las infraestructuras catalanas; también en esto la Generalitat cambió de opinión. En total, más de 170 millones que el Ejecutivo pensó en recaudar y que nunca recibirá, como se ha dicho. Y se trata, por cierto, de incumplimientos del citado pacto con ERC, donde aparecían explícitamente tanto la Euroviñeta como el impuesto por bebidas azucaradas. En otros casos, el Ejecutivo de CiU sí ha puesto en marcha los impuestos que acordó impulsar en su pacto con ERC de 2012, aunque quizás más tarde de lo que pedía la formación de Junqueras. La Generalitat ha cumplido ese pacto en lo referente los impuestos medioambientales y con las modificaciones en los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.
De hecho, lo ocurrido en el caso de Sucesiones es una pirueta política digna de estudio. En 2011, el Ejecutivo de Mas y Mas-Colell pretendía acabar con este tributo. Después, dio marcha atrás y mantuvo una parte del impuesto. Sin embargo, su pacto con ERC en 2012 obligó al consejero de Economía y al president a un nuevo cambio de rumbo en política fiscal. Hace un año, en noviembre de 2013, se recuperó parcialmente Sucesiones en Cataluña, con pagos por las herencias de carácter progresivo en función de la cuantía de las mismas.
¿Y en 2015?
Todo esta política fiscal, además, quizás no pueda tener continuidad. ¿Qué ocurrirá en 2015? Ahora mismo, la crisis política abierta en Cataluña provoca que sea una incógnita saber si el actual Ejecutivo podrá poner en marcha unos presupuestos nuevos para 2015 o tendrá que prorrogar los de 2014 temporalmente. Y es que es probable que el proceso soberanista puede derivar en un adelanto electoral, más tarde o más temprano. Entretanto, tal y como se ha publicado, en los nueve primeros meses de este año los ingresos de la Generalitat han descendido un 3,8% y los gastos se han incrementado un 3% respecto al mismo período de 2013. Los números hablan por sí solos y apuntan a que el Gobierno de Artur Mas no logrará el objetivo de déficit de 2014.
