La llegada de inmigrantes irregulares a las costas de Canarias batirá récords en 2024. Las últimas cifras facilitadas por el Ministerio del Interior muestran que, desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, se han contabilizado un total de 41.425 llegadas, unos datos que van subiendo cada día, sobre todo después de que este último mes se registrase un repunte, que ha superado el en número a todos los meses anteriores, con 7.338 llegadas, según TDI news.
Esta crisis migratoria lleva ejerciendo presión sobre las islas desde el año pasado, lo que llevó al Gobierno a declarar la emergencia "para incrementar de manera inmediata las capacidades y recursos del programa de atención humanitaria y gestionar así los efectos y consecuencias graves que proceden en este tipo de emergencias", en octubre de 2023 y precisamente, en el marco de esta emergencia se está realizando constantemente traslados de migrantes desde el archipiélago a la Península para los que se utilizan “vuelos regulares, así como también el transporte por carretera”, según reconoció el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un documento oficial al que ha accedido Vozpópuli.
Sin embargo, la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Amapola Blasco Marhuenda, esgrimió en su escrito, fechado el 30 de julio, un sinfín de excusas para evitar desvelar cuántos viajes ha realizado y el coste exacto de todos estos traslados, aunque ahora tendrá que hacer públicos los contratos con las aerolíneas, tras una resolución del Consejo de Transparencia en poder de este periódico.
En concreto, argumentaba que la cifra total de todos estos traslados “dependerá de la justificación que los proveedores presenten por los servicios efectivamente prestados y realizados”, aunque ya avisó de que no sería capaz de precisar el número total de viajes realizados este 2024, puesto que no los gestiona directamente y para hacerlos públicos tendría que “cruzar diversas fuentes de información”.
Lo que sí se detalló en aquel momento fue la cifra global del dinero destinado a la emergencia, que ha tenido un presupuesto superior a los 400 millones solo hasta septiembre de 2024. De hecho, se activó a principios octubre de 2023 con una dotación de 33 millones de euros, pero ha ido prorrogándose y aumentando su cuantía de forma paulatina.
Así, la primera prórroga de la declaración de emergencia se aprobó el 25 de octubre de 2023, y tuvo una dotación de 76 millones de euros; el 20 de febrero se realizó otra ampliación por 60,6 millones de euros, mientras que el 1 de marzo de 2024 se aprobó una tercera, hasta el 31 de julio de 2024 por un importe total de 116.462.980 euros.
Posteriormente, con fecha 16 de mayo de 2024 se extendió la cobertura hasta el 30 de septiembre de 2024 por un importe total de 116.431.540,97 euros, y seguirá subiendo de cara al próximo año, pues el Gobierno ha aprobado ampliar su previsión de gasto, pasando de 659.903.324,16 a 979.111.270 euros.
Por otra parte, el Gobierno tampoco ha facilitado los contratos firmados con estas entidades, alegando que “en el año en curso se procederá a publicar dichos contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para su acceso con carácter general”.
Una cuestión que evidencia su falta de transparencia pues su publicación debería ser inmediata en cada una de las fases del procedimiento, no cuando la administración decida, y así lo ha ordenado el Consejo de Transparencia en su resolución 2024-1390, dictada por el organismo independiente el pasado 29 de noviembre.
En ella, obliga al Ministerio de Inclusión a remitir a igualmente una “copia de los contratos celebrados con las compañías aéreas para transportar a los inmigrantes”, ya que se trata de “información pública, y sin perjuicio de que se publiquen los expedientes administrativos en la Plataforma de Contratación del Sector Público a lo largo del año 2024, el acceso a los citados contratos debe ser proporcionado”.
Sobre estas adjudicaciones planea la sombra de uno de los asuntos judiciales en los que está implicado el entorno de Pedro Sánchez. En concreto, la posible concesión de estos contratos a aerolíneas pertenecientes a Globalia, cuya filiar Air Europa, fue empresa rescatada por el Gobierno, y que ha estado bajo la lupa por sus relaciones con la esposa del presidente, Begoña Gómez.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid retiró esta parte de la causa "en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio", pues las investigaciones comenzaron el 16 de abril y están en una fase "muy inicial".
Además, el anterior CEO de la compañía, Javier Hidalgo, tuvo que acudir al Senado, para comparecer en la comisión que investiga el ‘caso Koldo’, negándose a declarar, aunque sí que leyó un comunicado, en el que negó la existencia de un rescate, sino que “fue un préstamo con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa".
Junto a ello, sí que admitió encuentros con la mujer del presidente, Koldo y José Luis Ábalos, sin ahondar en ningún momento en el contenido de las mismas. Sobre su relación con Víctor de Aldama, principal comisionista del caso Koldo, ha asegurado que su compañía firmó con él sólo dos contratos. Uno para recuperar "el cobro de una deuda de Venezuela" –que "no tuvo éxito"– y otro en noviembre de 2019 para asesorar a Globalia.
