El Ministerio del Interior, del que dependen los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), ha liberado paulatinamente durante las últimas semanas del estado de alarma a la mayoría de las personas que se encontraban internadas en diversos puntos de España. En estos momentos, sólo permanecerían en estas instalaciones menos del 10% de los internos por la exposición de estos extranjeros al coronavirus.
En el CIE de Aluche, en Madrid, también ha sido así. Casi todos los extranjeros de esta instalación han quedado en libertad, por lo que el CIE ha quedado casi vacías y solo cinco internos permanecían allí a primera hora de esta tarde. Hace unas semanas, los internos de este CIE se amotinaron hace unas semanas para pedir su liberación con el fin de evitar contagios de coronavirus por la falta de medidas higiénicas.
Polémicos y opacos
Las personas internadas en los polémicos y opacos CIE, mayoritariamente marroquíes y argelinos, permanecen a la espera de ser devueltos a sus países de origen por incurrir en una falta administrativa, al haber accedido a territorio español de forma ilegal.
Sin embargo, sólo la mitad son finalmente repatriados, por los cupos de devolución acordados por España con otros estados, mientras que la otra mitad es liberada tras largas estancias en las que se produce una vulneración de los derechos humanos, como cada año denuncia el informe del Servicio Jesuita a Migrantes.
Hace dos semanas el Defensor del Pueblo pidió la liberación de estas personas porque se encuentran "en una situación particularmente vulnerable" en el escenario de la crisis sanitaria actual, que además "impide" que se pueda materializar la devolución o expulsión a su país de origen.
Así respondió esta institución a la queja presentada días antes por la Asociación de Abogados Extranjeristas, que denunciaba que, al decretarse el estado de alarma por la crisis del coronavirus y ante las restricciones impuestas por terceros países a personas procedentes de España, los CIE carecen de sentido porque "no se puede garantizar de ninguna manera" la deportación de los internos, que es el principal objetivo de estas instituciones.
Según sostiene el Defensor del Pueblo, las "excepcionales circunstancias" por la crisis sanitaria "han de tomar en consideración de modo prioritario la salud y la seguridad, tanto de los internos como de los funcionarios de policía y todo el personal que presta servicio en los CIE".
"Por ese motivo resulta imprescindible asegurar que esa puesta en libertad se realice en condiciones que permitan dar cumplimiento a las medidas decretadas en el estado de alarma para todos los ciudadanos", apostilla.
Así pues, para asegurar que se dan esas condiciones para la puesta en libertad de los internos, el Defensor del Pueblo explicó hace dos semanas que se encuentra en permanente comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras así como con la Secretaría de Estado de Migraciones.
Por su parte, en una rueda de prensa el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, aseguró que toda persona interna en un CIE será puesta en libertad si durante la crisis del nuevo coronavirus y el obligatorio confinamiento que conlleva, supera el máximo de estancia legal en estos centros, fijado por ley en 60 días; un plazo que a menudo es sobrepasado.
