Antonio González Terol, actual secretario de Política Local del PP en la Ejecutiva de Pablo Casado, adjudicó un contrato millonario a una de las empresas investigadas por la financiación ilegal del PP cuando era alcalde de Boadilla del Monte (Madrid). Se trata de la empresa Licuas, salpicada por el caso Gürtel, la operación Lezo o los llamados papeles de Bárcenas. El contrato se concedió en 2013 por un periodo de ocho años -prorrogables hasta doce- a una UTE en la que estaba integrada la empresa Licuas. El precio de licitación era 1.695.000 euros anuales, más 909.000 euros para las obras de mejora como aceras hidráulicas o colocación de bolardos.
Fuentes del entorno de González Terol -tras haber analizado la documentación del contrato- indican que lo relativo a las mejoras ya se pagó cuando la licitación, pero calculan en una media de 2,5 millones el coste anual dado que Boadilla del Monte es un municipio "en crecimiento que va recepcionando zonas nuevas" lo que eleva el contrato a una cantidad cercana a los 20 millones en los ocho años de contrato.
No era la opción más barata
La UTE de Licuas quedó por detrás del resto de aspirantes en todas las categorías objetivas del concurso público de licitación y las mismas fuentes consultadas admiten que no era la opción más barata. Tan solo se impuso por holgada diferencia en una de ellas: la valoración subjetiva que hizo el Ayuntamiento. En ese campo, la oferta presentada por Licuas obtuvo casi el doble de puntos que su más directa competidora y fue la diferencia que a la postre le sirvió para hacerse con el contrato millonario.
Obtuvo 44 de 45 puntos posibles de los criterios que “dependen de un juicio de valor”. En este punto, las fuentes consultadas apelan a una fórmula matemática establecida en el pliego que medía uno de los apartados de esos criterios subjetivos relativo a las mejoras y que disparó la valoración de Licuas hasta el máximo posible de 20 puntos. Eso supuso una diferencia inicial ya de 12 puntos sobre la siguiente oferta. El resto de esta categoría subjetiva se completó con otros 24 puntos de 25 posibles que le otorgó directamente el Ayuntamiento. Licuas ganó finalmente por un margen de 8,7 puntos en el resultado total final.
Reparos en la oposición
González Terol (alcalde desde 2011 hasta 2019) tomó la palabra en el Pleno en el que se aprobó la licitación para celebrar “el importante ahorro que se ha producido con la adjudicación del nuevo contrato”. Así consta en el acta municipal del 19 de marzo de 2013 a la que ha tenido acceso Vozpópuli. El criterio empleado por el Ayuntamiento -con mayoría absoluta del PP- provocó los reparos de otros grupos municipales. El portavoz del PSOE advirtió que “existen dos grandes dificultades en este asunto, y es el que no se adjudique al más barato y que su grupo no ha formado parte de las Mesas de contratación”.
En línea similar se expresó la portavoz de UPyD, que manifestó su sorpresa en el Pleno por adjudicar “a una empresa por las mejoras ofertadas y no por el precio”. Los dos votos de este partido, no obstante, dieron su apoyo a la adjudicación. El encargado de presentar y defender el contrato en el Pleno fue el entonces concejal de Servicios a la Ciudadanía Javier Úbeda Liébana. Hoy ocupa la silla de alcalde que dejó González Terol antes de integrarse en el equipo de Casado.
El contrato era por la “Gestión integral del servicio público de mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado público, saneamiento, pavimentación de vías públicas, otras infraestructuras de competencia municipal como mobiliario urbano, áreas infantiles y deportivas urbanas así como la prestación de servicios complementarios en edificios y equipamiento municipales de Boadilla del Monte”.
Las obras de mejora que la citada fórmula matemática catapultó hasta los 20 puntos consistía en la colocación de 49.600 m2 de acera baldosa hidráulica, instalar 27.600 bolardos o 17.000 m2 de caucho. Fuentes municipales consultadas por este periódico advierten que son muchas las veces en las que se incluyen esas mejoras para otorgar un impulso a la oferta, pero con los años nadie garantiza que se materialicen. Desde el entorno de González Terol facilitan a este periódico un cuadrante en el que se refleja el estado actual de esas mejoras, todavía pendientes de concluir.
El acuerdo se anunció hace seis años en la revista oficial del Ayuntamiento bajo el título “Las urbanizaciones de Boadilla tendrán 40 kilómetros de aceras nuevas”. En la información se daba cuenta de que Licuas se había hecho con la concesión al presentar la mejor oferta respecto al resto de competidoras. La misma revista se ilustra con imágenes del alcalde González Terol en compañía del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y del exconsejero Borja Sarasola, ambos investigados por la financiación ilegal del partido en la que jugaron un papel clave según el reciente auto del juez que imputa a la expresidenta Esperanza Aguirre.
Salpicado por la 'caja B'
González Terol, considerado un leal aguirrista, se vio salpicado en ese mismo auto porque el juez le ubica en una reunión en 2012 en la que González pidió a los presentes que recaudasen un millón de euros para “sanear” la caja B del partido. La contabilidad opaca del partido había quedado escuálida tras la campaña electoral de 2011. González Terol niega este extremo y achaca su presencia en el auto a la declaración del investigado Silvano Corujo, ex responsable de uno de los organismos que el PP usó presuntamente en la operativa ilícita. González Terol alega que el declarante no le implicó de forma clara y tajante.
Licuas aparece en la sentencia de Gürtel que le costó el Gobierno a Mariano Rajoy. Era una de las adjudicatarias que participaron en el circuito de la financiación irregular del PP de Madrid y de gastos personales de alguno de sus dirigentes. La Audiencia Nacional consideró probado que, aunque las adjudicaciones pudieran ser regulares, luego "compensaban" pagando facturas emitidas por empresas de Francisco Correa a sabiendas de “que no se correspondían con servicios reales”. En algún caso, incluso, inflaban su importe.
Las instalaciones de Licuas fueron registradas en abril de 2017 en la operación Lezo contra una trama encabezada presuntamente por Ignacio González. El apellido de su responsable, Joaquín Molpeceres, apareció también en los llamados papeles de Bárcenas junto a la cantidad de 60.000 euros. Molpeceres declaró como testigo en el juicio del caso Gürtel y negó haber entregado ninguna cantidad en contra de lo que sostuvo el propio extesorero, Luis Bárcenas.
En ese mismo juicio compareció el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, en su caso como imputado. Majadahonda y Boadilla del Monte fueron el epicentro de la trama Gürtel. Según le dijo Ortega al tribunal, el extesorero del PP ya fallecido Álvaro Lapuerta le pidió que ayudase a la empresa Licuas porque era “gente que colaboraba con la casa”.
Presiones a ‘El Albondiguilla’
La propia Licuas, integrada también en otra UTE, ya se venía haciendo cargo de esos trabajos de mantenimiento en Boadilla del Monte antes de que en 2013 el Ayuntamiento presidido por González Terol sacase a concurso una nueva licitación. Durante diez años, ese municipio estuvo presidido por Arturo González Panero, apodado como El Albondiguilla en investigado en Gürtel. González Panero declaró como testigo en noviembre de 2018 ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, en el marco de la presunta financiación ilegal del partido.
Le dijo al juez que había recibido presiones del extesorero Luis Bárcenas para que adjudicase contratos a empresas que colaboraban con el partido. Relató incluso cómo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy le pidió en 2004 durante un acto en Boadilla del Monte que le hiciese caso a Luis Bárcenas, según la declaración desvelada por El Mundo. Según la declaración, esas presiones se produjeron al menos con la concesión de un contrato para la empresa Constructora Hispánica en el municipio madrileño.
Desde el entorno de González Terol niegan tajantemente a este periódico que la adjudicación a Licuas respondiera a ninguna contraprestación por parte de la empresa adjudicataria y ponen distancia respecto a la administración de González Panero.
