El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, declara como imputado este viernes en la Audiencia Nacional como presunto autor de un delito de sedición, penado entre 8 y 15 años de cárcel, en medio de una gran expectación y las críticas unánimes de los once sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil con representación en los consejos de ambos cuerpos policiales, algunos de los cuales reclaman el ingreso en prisión del major de la policía catalana.
Trapero, la intendente de los Mossos Teresa Planas y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, han sido llamados a declarar en Madrid como investigados a partir de las 9.00 horas ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Por eso, Trapero tendrá que responder ante la magistrada por la inacción de la policía catalana ante el acoso que sufrió la Guardia Civil el 20 y 21 de de septiembre durante los registros ordenados por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer para impedir el 1-O en Cataluña.
Este mismo jueves, Lamela ha rechazado la petición de las defensas de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart, de suspender sus declaraciones.
Las defensas también habían argumentado a Lamela para pedir la suspensión que sus clientes no tienen aún la copia del atestado policial, a lo que la magistrada ha respondido que mañana tendrán copia de ese atestado cuando acudan a la sede del tribunal en Madrid.
Otra de las peticiones de los abogados era que, de no suspenderlas, las declaraciones se produjeran por videoconferencia, lo que también ha rechazado Lamela.
Vozpópuli ha conversado con los portavoces de los once colectivos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil, que han coincidido en reclamar a Trapero que asuma sus responsabilidades en el acoso sufrido por la Guardia Civil en la Conselleria de Economía tras la detención de los principales colaboradores de Oriol Junqueras.
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Sindicato Unificado de Policía (SUP)
El portavoz del SUP, Ramón Cossío, considera que Trapero ha actuado como un policía: "Me da igual dónde estés trabajando, eres policía y estás para que se cumpla la ley. Y cuando salgas de trabajar te puedes ir a votar, aunque el referéndum sea ilegal, como otro ciudadano, aunque sea desde mi punto de vista un error, pero mientras estás trabajando estás para que se cumpla la ley, y no la cumplió".
"Y encima hizo que los suyos no la cumplieran, porque dio unas directrices ambiguas, en muchos casos, y en otros contrarias a lo que estaba establecido en la resolución judicial. El dispositivo establecía que a las seis de la mañana había que estar en los colegios para cerrarlos. Y no lo hicieron", lamenta Cossío.
Peguntado sobre qué le gustaría que pasara este viernes en la Audiencia Nacional, este sindicalista asturiano reclama que se le trate como a un ciudadano cualquiera: "Si todos somos iguales ante la ley, pues a él también habrá que tratarle igual que al resto, y si procede que se quede en libertad o que se quede en su casa con una multa o sin multa, pues que sea así, pero si procede que ingrese en prisión, y los indicios que hay son suficientes, que ingrese en prisión".
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Confederación Española de Policía (CEP)
El secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Antonio Labrado, cree que Trapero ha dejado de ser un profesional al frente de un cuerpo de seguridad para convertirse en una extensión del proyecto secesionista, "en la garantía que necesitaba el Gobierno de Puigdemont para que sus planes no se vieran frustrados por las órdenes judiciales y fiscales".
Labrado piensa que la actuación de los Mossos ha estado presidida por la "inacción", la "equidistancia" y el "engaño", actuando no como profesionales sino como "policía política". "Lo ocurrido el 1-O invalida a Trapero para seguir ni un solo minuto más al frente de un cuerpo policial cuyo máximo responsable, ya que está investigado en la Audiencia Nacional en el marco de un procedimiento por sedición. Es uno de los delitos más graves que se pueden imputar a un alto responsable policial. Solo por eso debería ser inhabilitado de inmediato, de manera preventiva, hasta que se sustancie su responsabilidad penal".
Como todos sabemos, aquel día estuvo al tanto de todo lo ocurrido y el propio juez tuvo que conminarle a desplegar un dispositivo de orden público. Su responsabilidad policial, por acción u omisión, es evidente"
Por ello, este sindicato reclama a Trapero que tenga la gallardía de asumir las "responsabilidades evidentes" por la inacción de sus hombres durante los incidentes ocurridos en la puerta de la Conselleria de Educación. "Sería de una miseria profesional absoluta derivar responsabilidades hacia mandos de inferior rango cuando, como todos sabemos, aquel día estuvo al tanto de todo lo ocurrido y el propio juez que tutelaba la investigación que dio lugar a la entrada y registro tuvo que conminarle a desplegar un dispositivo de orden público. Su responsabilidad policial, por acción u omisión, es evidente", resalta Antonio Labrado.
El secretario general de la Confederación Española de Policía espera, además, que la Fiscalía inste medidas cautelares para evitar la reiteración en esas actuaciones. "Y además, si de esta investigación se derivasen otras responsabilidades de políticos o de otros mandos de la cúpula de los Mossos, esperamos celeridad en su citación como imputados. En términos generales, la inacción de ese día y la demostrada el 1-O apuntan a una dejación de funciones deliberada y planificada, que habrá que investigar hasta sus últimas consecuencias", completa.
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Unión Federal de Policía (UFP)
El portavoz de la UFP, Serafín Giraldo, entiende que en base a la investigación "existen dudas racionales" de la correcta actuación de Josep Lluís Trapero. En este sentido, este agente resalta que el major (jefe) de los Mossos pudo perjudicar la actuación policial, ya que no tuvo en cuenta las órdenes judiciales.
"Las imágenes son muy claras: la Guardia Civil sufrió un acoso el 20 y el 21 de septiembre mientras ejecutaban las órdenes del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer. Los coches quedaron destrozados y los Mossos tardaron demasiado tiempo en acudir. Parece evidente que debe dirimir su responsabilidad en la Audiencia Nacional. Debe explicar qué pasó y asumir responsabilidades", completa Serafín Giraldo.
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Sindicato Profesional de Policía (SPP)
El presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), José Antonio Calleja, asegura que Josep Lluís Trapero fue "desleal" con el ordenamiento jurídico y la Constitución, "y ha incumplido los mandatos judiciales que tenía encomendados por la fuerza única de Cataluña y la jueza".
"Vamos a ver qué dice a la Audiencia Nacional", explica Calleja, que recuerda que son los encargados de dictaminar si este hombre es culpable de sedición: "Yo ya le pedí al ministro del Interior que inhabilitara a este señor, porque es una persona que ha demostrado que no ha actuado en el marco constitucional. Un imputado por sedición no puede estar al frente de un cuerpo de seguridad".
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Alternativa Sindical de Policía (ASP)
El portavoz de Alternativa Sindical de Policía (ASP), Raúl Ibiza, considera que es evidente que Trapero ha actuado "de la peor de las formas posibles". "Las policías no están para resolver problemas políticos, sino para ejercer como garantes de los derechos y libertades del conjunto de los españoles. La politización de los Mossos por parte de Trapero y de la Generalidad tristemente sólo sirve para crear odio y enfrentar a españoles contra españoles", especifica.
"Nos gustaría que sucediese lo que sucede en cualquier otro país democrático con un Estado de Derecho, que no es otra cosa que se aplique la ley a todos por igual y con contundencia. Al margen de la ley no hay diálogo, y las leyes son el instrumento para que las sociedades sean libres, por lo que aplicar el Código Penal bien con el artículo relativo al delito de sedición, o el que los tribunales estimen oportuno, sería lo que se espera de un país europeo", completa Raúl Ibiza.
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Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)
El portavoz de la AUGC, Juan Fernández, destaca que desde su elección como major (jefe) de los Mossos d'Esquadra, un cargo vitalicio, Trapero inició una gestión policial que buscaba el "ensalzamiento de la policía de Cataluña". Y un ejemplo de esta actitud, explica Fernández, fue su gestión de los atentados de Cataluña, en los que limitó la colaboración con el resto de policías.
Pero en las últimas semanas, y en relación con el desafío soberanista, el portavoz de la AUGC considera que Trapero ha sido protagonista de una dejadez en sus funciones: "Sin embargo, sabe muy bien cuál es la línea roja de la desobediencia, y es consciente de que no ha incurrido en ella. Es muy hábil, y lo que ha hecho es dar instrucciones muy laxas y eso ha permitido la actitud de muchos mossos, que optan por este tipo de acción política radical. Pero los Mossos son unos 16.000, y ahora están fracturados al 50%".
Juan Fernández cree que Trapero "sabe muy bien cuál es el límite de una desobediencia manifiesta, y lo que está haciendo es permanecer en el alambre peligrosamente. Pero más allá del terreno legal, lo que está claro es que ha incurrido en una falta de deontología profesional. Yo creo que él tiene la certeza de que no ha cometido ninguna ilegalidad, pero lo que esperamos es que se pruebe, aunque siempre bajo la presunción de inocencia, que ha incurrido en una dejación de funciones".
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Unión de Guardia Civil (UniónGC)
El secretario general de Unión de Guardias Civiles (UniónGC), Ramón Rodríguez Prendes, afirma que la actuación de Josep Lluís Trapero está quebrando la plantilla de Mossos entre nacionalistas y constitucionalistas.
"Es un fiel reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad catalana. Trapero está contribuyendo a esa quiebra. Entre la plantilla hay temor a ser posicionado ideológicamente, sobremanera a ser posicionado en el bando constitucionalista", resalta Rodríguez Prendes.
En cuanto a lo que UniónGC espera de la comparecencia de Trapero en la Audiencia Nacional, el secretario general de esta asociación espera que se le aplique la ley "con todas sus consecuencias, como al resto de ciudadanos, y sea cesado de toda responsabilidad al frente de cualquier colectivo policial".
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Asociación Pro Guardia Civil (APROGC)
El presidente de APROGC, Fernando Ramírez, aprecia que la actuación de Trapero se puede calificar de "totalmente negativa", porque ha incurrido en una dejación de funciones, porque "ha atendido a los dictados políticos, no a lo que marca la autoridad judicial".
Y esta forma de actuar ha puesto "en peligro" a los compañeros de la Guardia Civil el 20 de septiembre "y ha puesto en entredicho la capacidad de los Mossos d’Esquadra y la lealtad, cuando a muchos de ellos no les ha gustado la forma de proceder desprestigiando la institución. Su actuación inicial está en el origen de lo que pasó después el 1 de octubre, día que engañó al resto de autoridades, por lo que tiene una responsabilidad muy importante en todo lo que está pasando en Cataluña", especifica Ramírez.
Yo creo que la jueza debería decretar, primero su inhabilitación, e incluso su detención y entrada en prisión, pero eso podría convertirle en el mártir que están buscando"
Sobre la declaración en la Audiencia Nacional, el presidente de la APROGC está seguro de que Trapero no va a reconocer ninguna responsabilidad: "Se siente respaldado por sus mandos políticos, que son los que están intentando declarar la independencia. Yo creo que la jueza debería decretar, primero su inhabilitación, e incluso su detención y entrada en prisión, pero eso podría convertirle en el mártir que están buscando".
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Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC)
El portavoz de AEGC, José Cobo, explica que, en vista de la actuación de los Mossos, "y suponiendo que recibían órdenes de sus superiores, y como cargo político que es, debería ser investigado por deslealtad al haber dejado solos al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil. Antes que cargo político es servidor del orden público".
"Indudablemente y viendo su actuación el 1 octubre, ha hecho méritos suficientes para que en un futuro se le pueda abrir un juicio oral y que sea objeto de una posible condena. Como representante de AEGC y defensor de los guardias civiles en Cataluña, me gustaría que recaiga todo el peso de la ley sobre su cabeza. Su actuación raya la cobardía", concluye José Cobo.
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Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC)
Fuentes de ASIGC resaltan que la actuación de Trapero ha dejado mucho que desear: "Habría que analizar las órdenes de la jueza, que le ordenó que cerrara los colegios a las 6 de la mañana y desobedeció. Habría que ver en concreto su actuación. Desobediencia al TSJC. Nosotros hemos pedido el control de los Mossos y hemos pedido que pasen a depender de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Pero después de hacer un cursillo es lo mismo. Trapero no es de fiar".
"No sé lo que pasará este viernes y prefiero no especular. Pero no tengo confianza en él. Me gustaría que se explique, si es que al final va, y que se tome la decisión que en derecho proceda", sostienen.
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Unión de Oficiales Guardia Civil (UO)
El portavoz de prensa de la Unión de Oficiales, Carlos Ramírez, recuerda que tienen clara su opinión sobre Trapero cuando solicitaron que se le fueran retiradas las medallas concedidas por la Guardia Civil. En cuanto a qué esperan este viernes de la comparecencia de Trapero, esta asociación muestra su "máximo respeto a la independencia y profesionalidad de jueces y tribunales, que es a quien compete decidir".
