El empujón definitivo a la investigación que desde hace más de un año se sigue en un juzgado de Estepona (Málaga) sobre las supuestas irregularidades en la compraventa de un ático de lujo en esta localidad por parte del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha venido propiciado, precisamente, por un ente público bajo su mandato: Telemadrid. Así se desprende del auto que el pasado lunes dictó Mariana Peregrina, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de este municipio de la Costa del Sol, en el que, además de imputar a la esposa del político madrileño, Lourdes Cavero, acordaba inhibirse en la causa en favor de la Audiencia Nacional. En concreto, la magistrada señala en el escrito que el voluminoso dossier que una asociación de afectados por la gestión de la televisión presentó ante la Fiscalía Anticorrupción recientemente sobre presuntas corruptelas en la gestión de la publicidad de la televisión madrilleña está "relacionado con la investigación" por blanqueo de dinero que sigue en torno a la vivienda de lujo del político madrileño.
Los 700 folios de documentación sobre las supuestas irregularidades en la televisión pública fueron entregados por un empleado del ente a la Fiscalía Anticorrupción en septiembre, cuando las pesquisas estaban atascadas
En su auto, la juez destaca expresamente que dicha documentación sobre Telemadrid, con más de 700 folios, fue presentada en septiembre ante Anticorrupción por un exempleado de la cadena pública que que forma parte de la asociación denunciante. Dicha documentación fue remitida poco después por el Ministerio Público a Estepona sin pronunciarse sobre la verosimilitud de la misma, ya que las pesquisas estaban judicializadas desde que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentase la querella que permitió abrir el sumario un año antes. En aquel momento, la investigación estaba atascada ante el retraso de varios meses que sufrían las sucesivas comisiones rogatorias que había tramitado la magistrada a Reino Unido y Estados Unidos para conocer los movimientos de varias cuentas bancarias domiciliadas en entidades financieras de ambos países, así como la titularidad de sociedades 'pantallas' que habían aparecido relacionadas con la compraventa del ático bajo sospecha. De hecho, aún hoy no se ha recibido respuesta de las autoridades de Londres y Washington, como resalta la propia juez en el mismo escrito.
La relevancia que la juez otorga a la documentación sobre las supuestas irregularidades en las contrataciones de Telemadrid no se queda sólo en esta referencia y, de hecho, vuelve a mencionarla como una pieza clave de sus últimas decisiones en otro punto de su auto. En concreto, en el apartado segundo de los razonamientos jurídicos que la magistrada esgrime para inhibirse en la investigación y remitir la misma a la Audiencia Nacional. En este punto, la instructora hace referencia explícita a "un supuesto delito de blanqueo de capitales proveniente de unas supuestas comisiones", y tras indicar la existencia en la trama de "una estructura organizada" que habría utilizado "sociedades fiudiciarias opacas" asentadas en paraísos fiscales, señala que la infracción penal "se ha materializado" en el ámbito de actuación de "distintas Audiencias provinciales", entre ellas la de Madrid. En este punto recalca que este último detalle "se deduce de los hechos acumulados a instancias del Ministerio Fiscal, que parece ser que, de ser ciertos" se habrían producido en la comunidad presidida por Ignacio González. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, es este dossier el que apuntala la necesaria existencia de un delito anterior al del blanqueo (si no hay dinero negro procedente de una infracción penal anterior no existe el 'lavado') y que, en este caso, sería el de cohecho supuestamente desvelado por la información entregada.
Pago en 'especie'
En concreto, la documentación a la que la juez ha dado visos de verosimilitud con su auto del lunes concluía que la vivienda de lujo era supuestamente el pago en 'especie' del empresario audiovisual Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, al mandatario madrileño, al que presuntamente habría facilitado también una estructura societaria 'pantalla' para que dicha propiedad permaneciera oculta como un supuesto alquiler. Siempre según el dossier, la dádiva se habría producido en una fecha próxima a adjudicaciones públicas. En concreto, con la participación de la televisión autonómica en una sociedad que pagó 230 millones de euros por los derechos televisivos del Atlético de Madrid durante cuatro temporadas y en el contrato de gestión de la publicidad de Telemadrid, que fue a parar a una mercantil supuestamente vinculada con Cerezo. Además, la asociación denunciante de las supuestas irregularidades destacaba la coincidencia en el tiempo de la adjudicación de 10 canales de TDT al presidente del club de fútbol y una concesión sobre los Teatros del Canal a una empresa también participada por éste. En estas gestiones figuraba Rudy Valner, el supuesto testaferro domiciliado en California que figuraba al frente de la empresa y como propietario del ático hasta su venta formal al presidente madrileño.
La incorporación a la causa de la voluminosa documentación provocó la inmediata reacción de González y una de las empresas bajo sospecha. Ahora, la juez la esgrime para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional
Las primeras noticias sobre la existencia del dossier y el traslado que del mismo había hecho Anticorrupción al Juzgado de Estepona, adelantadas por la Cadena Ser, provocaron una rápida reacción del político madrileño, del empresario señalado y de la empresa que presuntamente vendió el ático a aquel y que concentra gran parte de las sospechas, Coast Investor LLC. Los dos primeros negaron entonces rotundamente los hechos que había denunciado el colectivo. Además, Ignacio González presentó sólo tres días después de que saliera a la luz la documentación un escrito ante la juez de Estepona para solicitarle que le permitiera personarse en la causa, a pesar de no estar ni acusado formalmente ni ser considerado afectado de la investigación. El presidente madrileño alegaba que estaba sufriendo indefensión al no tener acceso a la misma y filtrarse a la prensa su contenido. La magistrada, en el auto del lunes, admitía finalmente su personación, en contra del criterio de la Fiscalía y de las acusaciones populares personadas, al considerar que su condición de aforado le impidía imputarle. Ayer mismo, Anticorrupción anunció que presentará en los próximos días un recurso contra la decisión del juez al considerar que el mismo, de sólo dos folios y medio de extensión, estaba "mal fundamentado". El propio González mostraba poco después de conocerse la noticia su "sorpresa y estupor", y destacaba que, en su opinión, el escrito del juez en el que se imputaba a su mujer estaba "plagado de presunciones" que no acreditaban ningún delito.
Por su parte, Coast Investor LLC, la sociedad a la que González le pagaba el alquiler del ático mientras el mismo no fue de su propiedad, presentó un escrito de ocho folios el pasado 24 de septiembre en el que, además de negar cualquier irregularidad entorno a la lujosa vivienda, acusaba a la juez de varios errores procesales, entre ellos del hecho de tener que enterarse de los detalles de la investigación sobre la mercantil y su propietario, Rudy Valner, "por medio de los diferentes medios de comunicación". En sus alegaciones, el representante legal de Coast Investor hacía referencia precisamente al "informe del Ministerio Fiscal de 700 páginas, resultante de la denuncia de un sindicato de trabajadores o afectados de Telemadrid" en el que se denunciaba "un cohecho como consecuencia de determinadas adjudicaciones de derechos televisivos". Según este abogado, dicho dossier no era sino una maniobra para sustituir la denuncia inicial, que "presenta signos de aogtamiento", por otros hechos no conocidos hasta ese momento que "impidan que se agote el oxígeno procesal". La juez, sin embargo, ha decidido darle por bueno para tomar sus últimas decisiones.
