La memoria del análisis de impacto normativo que el Ministerio de Igualdad elaboró como paso previo a la aprobación del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas 'trans' y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI recoge una consulta pública donde el 58% del total de aportaciones que se hicieron en una primera instancia ponían de manifiesto el rechazo al principio de autodeterminación de género.
Ocurrió durante el verano del año pasado y las aportaciones estaban dirigidas a la ley LGTBI, antes de que su texto acabase fusionado en una misma norma con la ley 'trans'.
Un total de 602 aportaciones ponían de manifiesto el rechazo al principio de autodeterminación de género que plantea la ley LGTBI
El informe -al que se puede acceder desde la web del departamento que lidera Irene Montero- indica que el 26 de junio de 2020 se abrió un proceso de consulta pública previa de la Ley para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. La sección de "participación pública en proyectos normativos" del portal del ministerio daba acceso a participar.
El plazo para la recepción de aportaciones se extendió hasta el 15 de julio de 2020. En ese período, el buzón de Igualdad recibió 1.044 mensajes para contribuir a mejorar la norma. Un total de 602 ponían de manifiesto el rechazo al principio de autodeterminación de género. Es decir, el 58% del todas las aportaciones que se hicieron relacionadas con la ley LGTBI negaban la identidad de género.
Respuesta a la ley LGTBI de Igualdad
"En concreto, se argumenta que el reconocimiento jurídico de dicho principio afectará a las mujeres en diferentes ámbitos, como la aplicación de la ley de violencia de género, la separación por sexos en espacios seguros, las cuotas de representación, las estadísticas o la investigación médica. También se afirma que la autodeterminación de género puede ser perjudicial para la infancia", recoge el documento.
No obstante, el Ministerio de Igualdad apunta que la mayoría de estas aportaciones respondían a un mismo modelo de texto, "en ocasiones con leves adaptaciones".
También se recibieron 327 mensajes (31 % del total) que reivindicaban la aprobación de una ley específica que regulase los derechos de las personas 'trans'. "Se defiende, por lo tanto, que la ley LGTBI se centre únicamente en los aspectos transversales que afectan a todo el colectivo, dejando la regulación de lo específicamente trans en una ley independiente. También en este caso la mayoría de los mensajes se basan en un mismo modelo de texto", traduce Igualdad.
Sin embargo, la memoria sobre el Anteproyecto de Ley 'trans' y LGTBI que finalmente resultó de fusionar dos textos no recoge los datos de las posteriores consultas públicas que se han abierto a través del ministerio.
Elaboración de normas
El artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno relativo al procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos indica que la redacción de los anteproyectos de ley y de los proyectos de real decreto legislativo ha de estar precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.
"Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de: los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias", señala el mencionado artículo.
La redacción de los anteproyectos de ley ha de estar precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar la legalidad de la norma
Además, la consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales.
"El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas; contenido y análisis jurídico; análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias e impacto económico y presupuestario.
En esa memoria también se tiene que cuantificar el coste del cumplimiento de la norma para la Administración y hacerse eco del "impacto por razón de género" que analice "los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto".
También tiene que haber un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública.
La memoria del análisis de impacto normativo que el Ministerio de Igualdad ha elaborado sobre el Anteproyecto de ley 'trans' y LGTBI recoge la consulta pública que se realizó para la ley LGTBI entre el 26 de junio y el 15 de julio de 2020. Pero no incorpora las aportaciones de la consulta pública sobre la ley 'trans' que se llevó a cabo con posterioridad y con la que más tarde se fusionó.
En el documento tampoco hay datos sobre la participación de otro proceso relativo al anteproyecto que se habría llevado a cado desde el lunes 26 de julio de 2021 al lunes 16 de agosto de 2021. Después de que la norma conjunta fuese aprobada en Consejo de Ministros.
La consulta sobre la ley 'trans'
Según anunció el propio ministerio, el 18 de noviembre de 2020 finalizó el plazo de consulta pública previa a la elaboración del proyecto normativo de la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans, popularmente conocida como ley 'trans', y que, por aquel entonces, era una norma aparte de la LGTBI.
"De los 60.957 correos electrónicos recibidos en el buzón habilitado para la consulta, 58.993 han sido de apoyo a la futura Ley, 1.386 la han rechazado, y 578 han sido no válidos. Así, un 96% de las aportaciones a la consulta han manifestado el apoyo al proceso legislativo", celebró Moncloa.
La ministra Irene Montero destacó que esos casi 61.000 correos electrónicos recibidos son "un dato histórico", y que "el 96% de esas aportaciones han sido de apoyo". "Espero que este dato haga saber a las personas trans que no solo este gobierno, también la sociedad española vamos en serio y 2021 va a ser el año en el que la ley garantice sus derechos", manifestó.
A finales de noviembre de 2021, prácticamente un año después del cierre de aquella consulta, el departamento capitaneado por Irene Montero aceptó fusionar en una única ley los textos 'trans' y LGTBI para desbloquear las negociaciones con el PSOE.
En el informe oficial no consta referencia alguna a las aportaciones relacionadas con la consulta para la ley 'trans' que, según Montero, suponían un 96% de apoyos
"La ley 'trans' será ley, reconociendo el derecho a la libre determinación de la identidad de género y respondiendo a una deuda pendiente con las personas trans. Agradezco la propuesta de los colectivos LGTBI, siempre hemos querido un acuerdo, por nosotras puede ser hoy mismo", aseguró Montero en su cuenta oficial de Twitter.
Finalmente, y tras aglutinar los textos de ambas normas en una única ley, el Gobierno dio luz verde al Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El texto que pasará al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Fue aprobado el pasado 29 de junio, en plena semana del Orgullo.
Un impacto "positivo"
Sin embargo, la memoria que Igualdad mantiene en su plataforma sobre ese anteproyecto final se hace eco de la consulta que señala que el 58% de las aportaciones que se hicieron en primer lugar sobre la ley LGTBI y que eran contrarias al principio de autodeterminación de género.
En el informe oficial no consta referencia alguna a las aportaciones relacionadas con la consulta para la ley 'trans' que, según celebró la propia Montero, suponían un 96% de apoyos a la norma. Un "dato histórico" que no aparece detallado en el informe oficial del departamento.
Por otro lado, la memoria de Igualdad se limita a indicar que su ley tiene un impacto de género "positivo", pero no recoge un análisis pormenorizado de "los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades", tal y como impone la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Fuentes del Ministerio de Igualdad aseguran que los datos de la consulta pública sobre la ley 'trans' que se cerró en noviembre de 2020 -hace casi un año- serán también incorporados a la memoria del análisis de impacto normativo.
