El bienestar animal se ha convertido en un tema cada vez más relevante en la sociedad actual, donde los consumidores muestran su preocupación por cómo se producen los alimentos y el trato que reciben los animales en el proceso. X no solo se centra en la calidad y seguridad de los productos alimenticios, sino también en el respeto a normas éticas y de bienestar animal en toda la cadena de producción.
En este contexto, organismos como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desempeñan un papel crucial al investigar y dar a conocer las percepciones de los consumidores hacia el bienestar animal y su disposición a pagar más por productos que cumplen con estos estándares. Concretamente, la Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha realizado una encuesta que arroja luz a este asunto.
La creciente preocupación por el bienestar animal plantea una pregunta crucial: ¿Están los consumidores dispuestos a pagar un precio más alto por alimentos producidos bajo mejores estándares de bienestar? Según los datos de la encuesta comentada, gran parte de la población (42%) no estaría dispuesta, ya que tienen dificultades financieras que les impiden asumir costos como la carne de vacuno o el pescado fresco.
Respecto al porcentaje restante de usuarios, sí que estarían abiertos a pagar un sobre coste, incluso hasta un 20% más, por estos productos. Sin embargo, estos consumidores son los que cuentan con un mayor poder adquisitivo, por lo que la diferencia de precio, a primeras, no sería tan significativa como en otros rangos salariales.
Es curioso como, a pesar de que la mayoría de los consumidores afirman que estarían dispuestos a pagar un precio más alto por alimentos producidos bajo mejores estándares de bienestar, las encuestas revelan que, en el caso de que el precio de la carne aumentara, se buscarían opciones alternativas.
¿Cómo han reaccionado los consumidores a la ley de Bienestar Animal?
Con la ley de Bienestar Animal se busca mejorar los estándares de calidad de la carne que llega a nuestras mesas, al mismo tiempo que las condiciones de vida de los animales criados para consumo humano. Pero todo esto conlleva una serie de repercusiones para nosotros, incluido el aumento de los precios de la carne debido a su mejora en la calidad.
Aunque las encuestas de la OCU mencionadas anteriormente sugieren que los compradores estarían dispuestos a pagar este incremento en el precio, los datos muestran otra realidad: los consumidores optarían por buscar alternativas antes que asumir el aumento en el costo de la carne.
A excepción del porcentaje dispuesto a afrontar el aumento, los compradores optarían por buscar alternativas más económicas antes de gastar más. Entre estas opciones se encuentra la compra de carnes más asequibles, como el pollo o el cerdo, una elección que realizaría el 45% de la población.
Tres de cada cuatro encuestados elegirían cortes más económicos, como las alitas en lugar de los muslos, mientras que el 68% de los participantes optaría por aumentar el consumo de legumbres y sustituir la carne por vegetales. Otra de las alternativas que se plantean es que el 24% estaría dispuesto a reducir su consumo de carne si fuera necesario.
Estos datos llaman la atención, ya que lejos de coincidir con las encuestas en las que el porcentaje ganador asegura querer hacer frente a esta subida, y la solicitan, resulta que la mayoría buscaría diferentes alternativas para no hacer frente a este gasto.
Por lo tanto, se estaría consumiendo carne de menor calidad, lo que contraviene el objetivo inicial de la ley de Bienestar Animal. En lugar de garantizar una carne de mayor calidad para el disfrute de los consumidores, se está incentivando la elección de carne de menor calidad debido a su precio, posiblemente procedente de animales que han experimentado un mayor sufrimiento durante su crianza hasta convertirse en el filete que llega al plato.
