El juez que instruye el 'caso Nóos' mantiene su criterio de imputar a la infanta Cristina pese al informe que ha hecho público la Fiscalía y que niega que la hija del Rey incurriera en ningún delito. Al contrario que el ministerio público, el magistrado considera que sí hay nuevos indicios de delito que pueden requerir la imputación de la infanta para garantizar su defensa y así lo ha expresado a su entorno, según revelan fuentes del proceso.
José Castro mantiene su calendario procesal y así se lo ha hecho saber a las partes, a las que ha reclamado que respeten los próximos pasos pendientes:
- Deberán remitir sus preguntas para el interrogatorio de Francisco Camps antes del sábado por la tarde, para permitir que se le remitan al expresidente valenciano el domingo. Camps se ha acogido a su derecho a declarar por escrito.
- Esperará después al informe que todavía debe remitir la Agencia Tributaria, un informe que debe proncunciarse sobre la existencia del delito fiscal y del blanqueo de capitales a la vista de los últimos datos de las cuentas bancarias remitidas por los bancos. La Caixa ha sido la última a la que el juez ha reclamado información sobre los movimientos de esa cuentas.
- Después remitirá a las partes un exhorto para que se pronuncien sobre si hay o no que imputar a la infanta.
Sólo después de transcurridas al menos tres semanas, el juez tiene previsto emitir un auto en el que todavía mantiene el criterio de imputar a doña Cristina de Borbón. El juez ni siquiera considerará todavía el informe que la Fiscalía ha presentado. José Castro aseguró ayer lliteralmente que lo revisará "cuando llegue el momento".
Castro sí maneja nuevas pruebas
Pese a que el Fiscal asegura en su escrito que no hay ninguna prueba nueva contra la infanta y pese a que desmonta tanto los delitos fiscales como los de blanqueo, el juez de instrucción número tres de Palma sí aprecia indicios tanto de delito fiscal como de blanqueo. Según fuentes del proceso, Castro maneja, al menos, tres pruebas para sostener ese criterio:
- El auto-alquiler de la vivienda de Palma: la infanta se alquiló a sí misma el palacete de Pedralbes, según publicó el diario El Mundo, en una operación que negaría la supuesta ignorancia que defiende el fiscal y que le pondría en el centro de un posible delito fiscal.
- Los gastos personales que el matrimonio cargó a Aizoon: según el último informe de Hacienda la empresa que la infanta Cristina compartía con su marido pagó sus facturas personales por conceptos como cursos de coaching para directivos en el año 2007, sesiones de “animación infantil” para los hijos de los dos socios --una partida que el fisco describe como “gastos claramente pertenecientes al ámbito personal o familiar”-- y 6.800 euros en pagos a “un profesional del espectáculo” en el año 2005. Esas figuras apuntan al delito fiscal.
- Su rúbrica en las cuentas de Aizoon: la infanta firmó las cuentas de la sociedad Aizoon como secretaria de la Junta. Eso podría convertirla en corresponsable del presunto blanqueo de capitales que, al contrario que el fiscal, Castro no pretende agrupar al delito fiscal.
Las presiones a Castro
Desde que se filtró la intención del juez de imputar a la infanta, han aflorado varias operaciones públicas que han sido descritas como presiones al magistrado por él mismo o por las partes personadas en el procedimiento.
Castro desprecia el escrito del fiscal asegurando que lo revisará "cuando llegue el momento"
Así ocurrió con las revelaciones sobre cómo el juez coincidió con la abogada de la acusación popular, Manos Limpias, en una terraza de Palma. La campaña fue especialmente significativa porque salió a la luz sólo tras la reunión con una de las acusaciones y no tras los reiterados encuentros del magistrado con los abogados de la defensa en los últimos meses, entre los que se ha incluido al abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, sin que se pusiera en duda la autonomía judicial.
Lo mismo ocurre ahora, cuando el Fiscal General del Estado ha remitido a todos los medios de comunicación el informe que la fiscalía entregó al juez, incluso antes de que ese documento fuera remitido a las partes. El informe fue difundido por el Fiscal General del Estado desde Madrid 37 minutos después de que el juez lo tuviera en sus manos y antes de que las partes supieran de su existencia. Ese auto se publicó también 48 horas antes de la declaración de un testigo clave: el notario de Aizoon.
