El gran volumen de fondos que la Unión Europea facilitará a España para salir de la crisis derivada del coronavirus y el escaso tiempo para su ejecución desembocan “indudablemente” en una “situación de riesgo”. Por eso es necesario reforzar las medidas de control para la adjudicación de contratos en base a estos presupuestos para evitar “situaciones indeseadas”, tales como “fraudes” o “irregularidades”. Esas son las conclusiones de un informe elaborado por un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda al que ha tenido acceso Vozpópuli , y donde se analiza el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado a finales de abril por el Gobierno.
“Será preciso invertir en el control necesario de los procedimientos u operaciones vinculadas a los fondos europeos”, apunta el informe redactado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), órgano integrado en el Ministerio de Hacienda pero que actúa con independencia para vigilar el cumplimiento de la ley en los contratos públicos de la administración. El documento, de 77 páginas, es monográfico sobre el reparto de los 72.000 millones de fondos que España recibirá desde Bruselas entre 2021 y 2023 para combatir las desigualdades surgidas a partir de la pandemia.
Esta “guía básica” discurre sobre las líneas maestras anunciadas por el Gobierno en su Plan de recuperación, transformación y resiliencia. La Oirescon incide en la necesidad de reforzar “desde el primer momento” las medidas que garanticen una “correcta adecuación a derecho” de las operaciones que se llevarán a cabo en España a partir de estos fondos europeos. Redoblar los esfuerzos en este sentido servirá para que la “flexibilización” de los controles no provoque “situaciones indeseadas”.
A juicio de la Oirescon, el análisis preliminar del funcionamiento del mecanismo de los fondos revela “riesgos” e “incertidumbres”, respaldando el dictamen 6/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo que se pronunciaba en estos términos. Como ejemplo, lamenta la ausencia de medidas que sirvan para controlar “fraudes” o “irregularidades” en la gestión de las ayudas europeas. Por eso es necesario “extremar la cautela en la planificación sobre su disposición y empleo”, incide el informe, no sólo en los procedimientos de contratación, también en las subvenciones, ayudas directas, convenios y otras fórmulas.
Una guía de buenas actuaciones
Así, propone a la administración una guía de buenas actuaciones para que la gestión sea adecuada. En primer lugar, que se realicen siempre "consultas preliminares" antes de la adjudicación de las partidas: “Puede representar una inversión de tiempo en la medida en que evitaría problemas futuros”. Después, que las licitaciones públicas sean abiertas y con negociación, en lugar de procedimientos restringidos, para obtener una mayor “garantía” y “seguridad” hacia el proyecto.
En tercer lugar, la Oirescon pide a la administración que reflexione sobre los “criterios de adjudicación” y emplear las herramientas automáticas de valoración de las ofertas, en lugar de emplear una metodología manual: “Pueden quedar reducidos al mínimo imprescindible aquellos criterios que precisan informe técnico, con el consiguiente ahorro temporal”. Por último, da un toque de atención a los entes públicos y les pide una mayor “profesionalización” en la gestión de la contratación y un “refuerzo de la figura del responsable del contrato”: “Resultará imprescindible y especialmente necesario en actuaciones de complejidad”.
La guía se dirige no sólo a posibles actuaciones incorrectas de la administración, también de los “perceptores directos” de los fondos y las mordidas que se puedan generar en la gestión del dinero. Es “preciso e indispensable” la implementación de controles en todas las fases del procedimiento de adjudicación o de gestión de los fondos, y un “seguimiento continuo” del destino final de los recursos para evitar que no se deriven a los objetivos marcados.
Por eso se insta a vigilar a la entidad -público o privada- que recibe los fondos para evitar en la medida de lo posible que subcontrate a otras entidades en la ejecución del proyecto. Lo que la OIRESCON denomina “contratos subvencionados” y sobre los que pide que respeten la “normativa nacional y europea” en cuanto a los principios de “transparencia, publicidad y concurrencia”.
Dependencia orgánica de Hacienda
Como contó este diario, la Oirescon es una oficina que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda pero que actúa con autonomía en la vigilancia de los contratos públicos de la administración. El órgano cuenta con una relación de 40 puestos de trabajo, de los que apenas están cubiertos 15. Se prevé un refuerzo en los próximos meses de otras cuatro personas, que no bastará para llegar al 50% de los puestos asignados.
La redacción de informes con análisis de actuaciones de la administración o prospectivas futuras es una de las funciones que la Oirescon tiene asignadas. Uno de los documentos publicados recientemente detallaba la adjudicación de más de 22.000 contratos durante la pandemia por la vía de emergencia -con controles menos estrictos a los habituales- en la lucha contra el coronavirus.
