Una inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, pendiente de la decisión que tome el Tribunal Supremo, desencadenaría diversos efectos políticos en Cataluña, entre ellos nuevas tensiones en las filas independentistas y un posible adelanto electoral para los primeros meses de 2021.
Govern en funciones con Aragonés al frente
La ley de la Presidencia de la Generalitat estipula que un president cesa de su cargo si hay "condena penal firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos", lo que comportaría a su vez que el resto de miembros de su Govern quedaran desde ese momento en funciones.
Según la ley, sería el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés (ERC), quien asumiría las funciones que dejaría vacantes el president, salvo tres de las atribuciones presidenciales: plantear una cuestión de confianza, designar o destituir consellers y convocar elecciones.
El Govern también tendría sus funciones limitadas y, entre otras cosas, no podría aprobar los presupuestos, puesto que no tendría las atribuciones para impulsar nuevos proyectos de ley, según alertó el propio Aragonés hace un par de semanas.
Tensión entre independentistas
El rol de Aragonés como número uno del Govern en funciones coincidiría con uno de los momentos de mayor división en las filas independentistas, en vísperas de las próximas elecciones catalanas.
Aragonés, coordinador nacional de ERC, se perfila como candidato efectivo de su partido a la presidencia de la Generalitat -más allá de si el número uno de la lista lo acaba ocupando simbólicamente Marta Rovira, que sigue en Ginebra (Suiza)- y la pugna con JxCat puede intensificarse en los meses que vienen.
La carta de la investidura
Una vez inhabilitado Torra, se abriría un periodo de diez días -según marca la ley de la Presidencia de la Generalitat- en el que el presidente del Parlament, Roger Torrent, tras consultar a los grupos parlamentarios, debe proponer un candidato a la investidura.
Sin embargo, Torra ha pedido explícitamente a su grupo, JxCat, que no trate de investir a ningún sustituto, porque eso significaría a su juicio bajar la cabeza ante el Supremo, pero esa postura, sumada a su negativa a convocar elecciones antes de que pueda ser inhabilitado, puede dejar al Govern en una situación de interinidad durante meses, con un bloqueo institucional temido por ERC.
La investidura de un presidente alternativo desencallaría la situación, incluso una investidura fallida -en la que el candidato no obtuviese los apoyos suficientes- también permitiría un desbloqueo porque activaría la cuenta atrás de dos meses para investir a un president y, consumido ese plazo sin éxito, se celebrarían automáticamente nuevas elecciones 54 días después, pero ¿qué ocurre si no hay investidura, ni efectiva ni fallida?
¿Cómo activar las elecciones?
El 9 de febrero de 2018, frustrada la investidura a distancia que buscaba Carles Puigdemont desde Bélgica, los letrados del Parlament emitieron un informe -firmado por el secretario general, Xavier Muro- en el que concluían que, si la legislatura seguía encallada, el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, podía activar la cuenta atrás de dos meses si se prolongaba el bloqueo político.
Los letrados aludían al precedente de un dictamen del Consejo de Estado sobre el llamado "tamayazo" en la Asamblea de Madrid en 2003.
Fuentes parlamentarias del entorno de ERC consultadas por Efe dan por bueno este informe de 2018 y lo ven "perfectamente aplicable" ahora si Torrent constata que no hay candidato a la investidura, ya que "nadie entendería que se permitiese un bloqueo institucional" que alargase la provisionalidad de este Govern en plena pandemia.
Sin embargo, fuentes de JxCat consultadas por Efe subrayan que el informe de 2018, elaborado durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no es vinculante y advierten de que la activación de la cuenta atrás no puede ser una decisión personal de Torrent.
La incierta fecha electoral
ERC y la CUP han urgido a Torra a pactar la fecha de las elecciones, pero el president ha ignorado las presiones.
Si se confirma la inhabilitación de Torra, JxCat buscará que la decisión no sea efectiva de inmediato y agotará todas las vías a su alcance: incidente de nulidad ante el Supremo, recurso ante el Tribunal Constitucional y petición de suspensión de la condena mientras no se resuelva este recurso.
En la hipótesis de que la inhabilitación se considerara efectiva a finales de mes o principios de octubre, se abriría el plazo de diez días para que Torrent explorara un candidato a la investidura y, si no lo hay, podría activar la cuenta atrás de dos meses, tras la cual, si persiste el bloqueo, se convocarían elecciones para 54 días más tarde, que podrían ser en febrero, o más adelante si la efectividad de la condena se retrasa.
