Los inspectores educativos presionan al Gobierno para que garantice su independencia a través de pruebas de acceso "objetivas y transparentes". Después de reunirse con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y trasladarle la necesidad de desarrollar un modelo de inspección que garantice los derechos de la comunidad educativa, el sector ha organizado una reunión entre los días 20 y 22 de octubre en Zaragoza para abordar las deficiencias del sistema educativo y sus propias reivindicaciones.
Se trata del XXI Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, está organizado por USIE y se prevé la participación de 300 profesionales del ramo de toda España. Son funcionarios públicos y, entre sus principales funciones, destaca la de vigilar que se cumplan las leyes en los colegios y velar por los derechos en materia de Educación.
Los inspectores son nombrados por las autonomías tras pasar por un examen que sirve para evaluar sus conocimientos sobre legislación, funcionamiento de la administración y pedagogía. Después, hay otra fase de concurso donde se analiza la trayectoria profesional de los candidatos y sus méritos docentes o como directivos, y se valora positivamente su pertenencia al cuerpo de catedráticos.
Según explica a Vozpópuli el portavoz de USIE, Javier Fernández, la Lomloe, también conocida como 'ley Celaá', salió adelante incorporando una enmienda promovida por Podemos y ERC que implicaba la desaparición de la palabra "prueba" del texto. De esta forma, el examen para acceder al cuerpo quedaba reducido a una mera evaluación de las competencias de los candidatos. Se mantiene el concurso de méritos, pero se elimina una prueba que existe desde los años 90 y que, según indica, permite dar objetividad al proceso de selección.
Cargan contra la Lomloe
"La Lomloe abre la puerta a la arbitrariedad y pone en peligro la independencia del cuerpo de inspectores. Si esa palabra desaparece en la ley es porque existe una intención en que el acceso se realice de una forma distinta a lo que ha sido hasta ahora. De lo contrario, esa palabra no desaparecería. Queremos que las pruebas sean objetivas y transparentes", sostiene Fernández.
Y añade que: "Si no se es independiente, la función de velar por la igualdad de derechos en materia educativa no se puede cumplir. Un inspector no puede estar apegado al poder político".
Desde USIE consideran que "los agujeros negros del sistema" deben ser abordados "de manera decidida y valiente" por los gestores públicos en el desarrollo legislativo de la Lomloe. "Planteamos un modelo de inspección con una regulación de ámbito estatal que potencie la autonomía profesional y la independencia técnica", señalan en el sindicato.
Y adelantan que, en el encuentro que tendrá lugar en Zaragoza, se exigirá a todas las administraciones educativas mejorar las condiciones laborales y profesionales del cuerpo de inspectores de educación.
Brecha entre inspectores de distintas CCAA
Además de abordar el sistema de acceso al desempeño profesional y la evaluación del mismo, la idea de USIE es someter a debate propuestas sobre financiación, medios y recursos, la potenciación de la FP, las diferencias y agravios entre comunidades autónomas, la igualdad de oportunidades, el currículo diversificado, la evaluación, promoción y titulación del alumnado, los servicios complementarios, la formación docente y el abandono escolar temprano o fracaso escolar, entre otros asuntos.
Los inspectores proponen la inclusión de un apartado específico para la inspección educativa dadas sus características diferenciales respecto a otros cuerpos docentes que la propia legislación estatal y autonómica establecen. Quieren un nivel retributivo diferenciado del cuerpo de catedráticos pues sus
funciones y atribuciones son distintas.
"La inspección educativa gestionada por el Ministerio de Educación precisa una actualización normativa en todos los ámbitos: administrativo, organizativo y retributivo. Esta petición reiterada ha sido desoída continuamente por el Ministerio", denuncian desde USIE. Por ello, los inspectores han aprovechado el cambio de ministra para trasladar sus reivindicaciones a Pilar Alegría. "Al ministerio le quedan tres meses para presentar su propuesta de carrera profesional a más de 700.000 docentes", urge.
La disposición adicional séptima de la Lomloe establece que el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente. Ese plazo finaliza el 19 de enero de 2022 finaliza según recuerdan los inspectores.
