El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contempla con buenos ojos el gran pacto alcanzado esta semana entre Gobierno y Partido Popular para renovar los órganos constitucionales. El acuerdo, que se dio a conocer a mediados de semana, dejaba de lado la renovación del Poder Judicial. Sin embargo, los equipos negociadores ya están en conversaciones para tratar de salir de la parálisis que afecta al órgano de gobierno de jueces desde la reforma legal que limitó sus funciones. Tanto es así que el sentir general dentro del actual CGPJ es que puede haber acuerdo antes de que termine el año.
Vocales del Consejo General del Poder Judicial consultados por Vozpópuli entienden que los acuerdos alcanzados en relación al Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia de Protección de Datos implican un deshielo en las relaciones entre PP y PSOE. Máxime cuando las posiciones entre las partes parecían haber llegado a un punto de no retorno por la negativa del Gobierno a reformar la Ley para que los jueces elijan a sus pares y la exigencia del PP, que mantiene que es una condición no negociable.
Las fuentes consultadas explican que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, confía en la proximidad del acuerdo definitivo y que de todo esto se habló en la última Comisión Permanente celebrada el jueves. Según explican, el también presidente del Tribunal Supremo intervino en las negociaciones para acercar posturas tras constatar en los actos de la Fiesta Nacional del pasado 12 de octubre una especial tensión entre el líder del PP, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. De este modo, se confía en un acuerdo antes de que en diciembre se cumplan tres años de mandato en funciones.
Por su parte, desde los equipos negociadores se confirman las conversaciones en este sentido. Aunque en un primer momento el gran pacto entre las dos principales formaciones políticas no incluía el CGPJ, horas después de su anuncio se empezó a trabajar en este asunto. Los encargados de dirigir las negociaciones (el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea) han vuelto a sentarse para tratar la renovación de los 20 vocales del CGPJ tras el pacto exprés del resto de órganos constitucionales.
El principal escollo
El principal punto de desencuentro, sin embargo, no ha variado. Fuentes de los equipos consultadas por este diario razonan que todavía queda un fleco pendiente, el mismo que ha torpedeado cualquier posibilidad de acuerdo desde que en diciembre de 2018 la publicación de un mensaje de Ignacio Cosidó diera al traste un pacto entre PP y PSOE prácticamente sellado. Cerca de tres años después y tras varios intentos fallidos, el principal escollo reside todavía en la reforma legal sobre el sistema de elección de vocales. La reivindicación que varias asociaciones llevan haciendo desde hace años se la ha terminado por arrogar el PP, que no acometió esta reforma cuando tuvo mayoría parlamentaria.
Sin embargo, ahora el escenario es completamente diferente. Las presiones de Europa y de la carrera judicial han llevado al partido de Casado a acogerse a ese requisito como condición indispensable para desatascar el órgano. Desde el Ejecutivo, por su parte, insisten en que el sistema está recogido en la Constitución desde la reforma de 1985 y apremian a sellar un acuerdo antes de impulsar ninguna reforma legislativa en ese sentido.
Ahora las posturas parecen acercarse, teniendo en cuenta que otros asuntos no menos relevantes como los nombres candidatos al nuevo órgano de gobierno de jueces, siguen siendo los pactados hace meses atrás. Las fuentes consultadas aseguran que las negociaciones se han vuelto a reactivar y que no se descarta que el Gobierno acabe comprometiéndose a una reforma legal.
Ahora bien, las exigencias de los populares también se han suavizado en los últimos meses. Aunque en un principio era clave la modificación legal para sellar el pacto, posteriormente acordaron que bastaba con un compromiso formal ante la urgencia de salir de la parálisis. Sea como fuere, las posturas se acercan y tampoco se descarta la concreción de un acuerdo antes de que termine 2021.
Las negociaciones vienen condicionadas también por la anterior reforma legal que limitó las funciones del actual equipo de 20 vocales. El Congreso dio luz verde el pasado mes de marzo a la proposición de ley registrada por el Ejecutivo y sus socios para que el actual órgano de gobierno de jueces no pueda efectuar nombramientos estando en funciones. El Gobierno también trabajó en otra propuesta mediante la cual se buscaba limitar la mayoría necesaria para renovar el órgano ante el "bloqueo" del PP a sentarse a negociar. Sin embargo esta última no prosperó ante las advertencias de Europa.
Renovación clave para el Gobierno
De este modo, el parón en los nombramientos discrecionales amaga con pasar factura ya en Salas del Tribunal Supremo como la de lo Contencioso, teniendo en cuenta que se trata de vacantes que solo se cubren designando un nuevo titular de la plaza. Pese a que se barajó la posibilidad de optar por fórmulas alternativas como recurrir a magistrados jubilados o nombrar a jueces en comisión de servicios, el CGPJ descartó estas alternativa confiando siempre en la concreción de un acuerdo, tal y como avanzó este medio.
Con todo, la renovación también influirá de manera directa en la composición del Tribunal Constitucional. Al margen de los cuatro nombres que ahora se van a negociar por tratarse de mandatos caducados desde noviembre de 2019 y de la plaza vacante que dejó Fernando Valdés tras abandonar su plaza el año pasado, el próximo mes de junio culminará el mandato de otras cuatro personas más.
Dos de ellas las elige el Ejecutivo y otras dos el CGPJ. La Constitución estipula que las cuatro se eligen de manera conjunta (se renuevan por terceras partes), de manera que, si no se ha modificado el órgano de gobierno de jueces, es muy complicado que designen a sus dos candidatos y que, por tanto, predomine el corte progresista en un tribunal que en la actualidad prevalece la mayoría conservadora.
