No hay marcha atrás. El Ministerio del Interior va a aprovechar el verano para ultimar el plan que a comienzos de año iniciará la privatización de la seguridad exterior de las cárceles. En una primera fase, que es la que en estos momentos está desarrollando Instituciones Penitenciarias, serán quince las prisiones que vean como la mayor parte de los policías y guardias civiles que actualmente las custodian es sustituido por vigilantes de empresas privadas. A lo largo del año, el Gobierno espera completar el despliegue a los 59 centros restantes que son gestionados por la administración central. Así lo ha podido saber Vozpópuli en fuentes penitenciarias, que cuantifican en cerca de un millar el número de guardias de seguridad privada que finalmente se incorporaron a la vigilancia perimetral de las cárceles españolas.
Academias ofertan ya cursos específicos de vigilante de seguridad para prisiones por 790 euros
La idea de privatizar la seguridad privada fue lanzada el pasado mes de marzo por Interior con, según destacaron entonces, un doble objetivo: dedicar el mayor número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad a la lucha contra la delincuencia en un momento en el que la oferta de empleo público impide incluso reponer las bajas por jubilación que se van a producir anualmente en Guardia Civil y Policía, y, en segundo lugar, 'colocar' a los escoltas privados que tras el repliegue de la protección a personalidad tras el anuncio de la tregua de ETA habían quedado en el paro. Sin embargo, ambos argumentos fueron rechazados desde el primer momento tanto por funcionarios de prisiones como por los sindicatos y asociaciones profesionales de los agentes afectados por las medidas, que alertaron desde el primer momento sobre los hipotéticos problemas de seguridad que el cambio de modelo de seguridad puede provocar en los centros penitenciarios.
Sin embargo, Interior ha hecho en todo momento oídos sordos a estas críticas y ha continuado con su plan. Las empresas de seguridad también. Y las academias que se encargar de formar a los aspirantes no han tardaron en lanzar los primeros cursos con módulos específicos para la vigilancia de prisiones. En internet se puede ver, por ejemplo, como una de estas oferta uno de cinco semanas de duración que se inicia el próximo 25 de septiembre por 790 euros. En la descripción del mismo, destaca un apartado para "seguridad y disciplina penitenciaria" y señala a los aspirantes que si finalmente consigue un trabajo para custodiar una cárcel, estarán siempre "bajo la supervisión de la Guardia Civil y Policía Nacional".
Propuesta con marcha atrás
Lo que de momento parece haber quedado aparcado es la propuesta lanzada por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, el pasado 28 de junio en el Congreso. Entonces, Ulloa anunció por sorpresa que los vigilantes privados no sólo optarían a sustituir a policías y guardias civiles en la custodia exterior de las cárceles, sino que también relevarían a los propios funcionarios de prisiones en determinadas funciones dentro de las cárceles. Ulloa puso como ejemplo “mirar un monitor de seguridad dentro de la cárcel”. El número 2 de Interior justificó la propuesta en la imposibilidad de crear las 1.800 nuevas plazas de funcionarios necesarias para hacer frente a la futura apertura de varios centros. “Hay que poner mucho ingenio entre todos para poder paliar estas deficiencias”, dijo después de incidir que “no queda más remedio que buscar alternativas, la alternativa de la seguridad privada”.
El anuncio provocó la inmediata respuesta de los sindicatos de prisiones. La organización mayoritaria, ACAIP, denunció que detrás del argumento del ahorro se escondía la intención del Gobierno de beneficiar a las empresas privadas de seguridad. Su presidente, José Ramón López, afirmó entonces que estarían “atentos” a la composición accionarial de las compañías que finalmente consiguieran los contratos y puso en duda que la medida supusiera un ahorro para las arcas públicas. Las críticas sindicales llevaron al máximo responsable de Instituciones Penitenciarias a convocar a todos los sindicatos a una reunión extraordinaria de la Mesa Delegada el pasado 10 de julio. En ella, Ángel Yuste, aseguró que las palabras de Ulloa eran fruto del debate parlamentario, pero negó que Interior hubiera puesto en marcha ninguna “iniciativa ni proyecto” para sustituir a funcionarios de prisiones por vigilantes jurados como se deducía de las palabras del número 2 del departamento. Eso sí, el secretario general de IIPP reconoció que la falta de personal hacía necesario “general alternativas sostenibles y eficientes” para cubrir que no concretó.
Menos presupuesto en la cocina
La privatización de parte de la seguridad externa no es, sin embargo, la única medida que en los últimos meses ha tomado el Ministerio de Interior para recortar gastos en el ámbito penitenciarios. El pasado 20 de julio, el Consejo de Ministros anunció que el presupuesto destinado a la cocina de los centros penitenciarios se reducía para 2012 en más de 8 millones de euros y para el 2013, en más de 14 millones de euros. En total, 22.440.475 euros que el Gobierno justició entonces en que las actualidades necesidades de los reclusos “son inferiores a las estimaciones realizadas en su día”.
Además, en los últimos meses Interior ha paralizado también las obras de construcción de una de las nuevas cárceles previstas, la de Valencia II, que se está levantando en el término municipal de Siete Aguas, y ha retrasado sine die la inauguración de otra, la de Antequera (Málaga), a punto de concluirse, por falta de funcionarios para ponerlo en marcha. En este sentido, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ya anunció en su última comparecencia parlamentaria, a finales del pasado mes de junio, que la actual política del Gobierno es abrir “nada más que las infraestructuras [penitenciarias] que sean absolutamente necesarias”.
En otras cárceles, como la recién estrenada de Pamplona, los recortes han venido por la partida del equipamiento. En esta prisión, una de las que está previsto que acoja reclusos de ETA si se produce el acercamiento de un número importante al País Vasco y Navarra, Instituciones Penitenciarias decidió poco antes de su puesta en marcha no instalar las 650 televisiones de 19 pulgadas LCD que había adquirido para las celdas y en las que ya había gastado 132.000 euros. También se dejó ‘vacía’ la piscina, cuya cubierta retráctil permite usarla tanto en inverno como en verano, para evitar los gastos de mantenimiento y de socorrista.
