Izquierda Unida, a través de sus diputados y portavoces en las comisiones de Interior y Justicia del Congreso, Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares, respectivamente, ha llevado a cabo distintas actuaciones políticas y judiciales, que incluyen la presentación de una proposición no de ley en la Cámara Baja e instar la actuación de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de que se inicien los trámites para la declaración de ilegalidad y disolución de las formaciones de extrema derecha que realicen actuaciones ilegales.
IU sale así al paso de la sucesión y el incremento de actos violentos producidos en los últimos meses y cuyo último exponentes ha sido el asalto protagonizado el miércoles por ultraderechistas al Centro Blanquerna, la sede cultural de Cataluña en Madrid, en el día de celebración de la Diada, que ocasionó cinco heridos leves, uno de ellos hospitalizado.
Por una parte, la proposición no de ley que firman Sixto y Llamazares plantea que el Congreso inste al Gobierno a “investigar las conexiones nacionales e internacionales, su funcionamiento y organización, sus actuaciones, las redes de financiación, los objetivos y fines de las organizaciones y grupos de extrema derecha que promueven la violencia fascista, el racismo y xenofobia en el Estado español”.
Se solicita también “adoptar las acciones legales necesarias para la persecución penal en aquellos casos en los que de su organización u actividad pudiera derivarse responsabilidad conforme establece nuestra legislación”. En consecuencia, por todo ello la proposición no de ley considera necesario “a la vista de las investigaciones, iniciar los trámites para la declaración de ilegalidad de los partidos políticos de extrema derecha, y su consecuente disolución”.
Los diputados de Izquierda Unida señalan que desde su grupo parlamentario “se ha mostrado en reiteradas ocasiones y a través de diversas iniciativas su preocupación por el aumento de agresiones fascistas y la proliferación de organizaciones de extrema derecha en el Estado, tanto en la presente legislatura como en anteriores”. “En los últimos meses en la Comunidad de Madrid –recuerdan- se han incrementado de forma alarmante los ataques, amenazas y agresiones fascistas que han tenido como respuesta la pasividad de la Delegación del Gobierno. Entre otros, varias sedes de IU han sido atacadas o han amenazado a cargos públicos, afiliados o simpatizantes”.
Piden declarar ilegal Alianza Nacional
Para IU, por tanto, “no debemos quedarnos sólo en la denuncia institucional sin paliativos de la actuación de grupos de extrema derecha o de los delitos que estos pudieran cometer. En este contexto, es necesario exigir al Gobierno que ponga en marcha todos los instrumentos que la legalidad vigente pone a su alcance” para actuar en consecuencia. De igual forma, Llamazares ha dirigido una carta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la que pide “abrir un procedimiento de declaración del partido político Alianza Nacional como asociación ilícita y, en su caso, a promover su ilegalización y disolución”.
En la misiva le solicita también “defender el interés general velando por la sanción pertinente a los autores del asalto al Centre Cultural Blanquerna por los delitos y circunstancias agravantes contemplados en los artículos 22.4, 501.1 y 515.5 del Código Penal”.
En este sentido, se precisa que el Código Penal español vigente (Art. 515.5) establece que son asociaciones ilícitas “las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión y creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía o incitan a ello”.
En la carta dirigida a Torres Dulce se documenta que Alianza Nacional (AN) es un partido político fundado en 2005 que, según sus propias declaraciones, se declara “heredera ideológica de los fascismos europeos”. Indica también Llamazares que este grupo “que proclama su pretensión de ‘acción directa’, viene presentándose de forma testimonial en distintas convocatorias electorales. La candidatura presentada en Chiva (Comunidad Valenciana) fue especialmente polémica, debido a que uno de los candidatos cumplió condena por el asesinato en 1993 del joven Guillem Agulló. De otra parte, el Ministerio del Interior puede procurar a esa Fiscalía General una abundante y contrastada documentación de antecedentes policiales graves”.
