La Agencia Tributaria ha elevado a la Fiscalía un informe en el que cuantifica en 32,4 millones de euros el fraude fiscal de la familia Pujol. El documento fue entregado ayer al Ministerio Público que ha comenzado a estudiarlo pero que todavía no ha dado traslado a las partes. El informe de Hacienda detalla el fraude acumulado y, según las fechas que contiene, sugiere que el grueso de ese fraude estaría, en su gran mayoría, prescrito ya, después de que los Pujol hayan regularizado sus ingresos ante el fisco los últimos cinco ejercicios.
El informe, solicitado por el Ministerio Fiscal el pasado 31 de julio, incluye la regularización y declaraciones complementarias a las que se acogieron por IRPF e Impuesto de Patrimonio tanto Jordi Pujol como su esposa, así como sus siete hijos: Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer. Según la información remitida por Hacienda a la magistrada, la regularización a la que se ha acogido la familia Pujol cubriría la sanción administrativa ante la Agencia Tributaria pero no cierra la puerta a la exigencia de responsabilidades penales.
Sin embargo, la documentación de Hacienda no aclara si, como ellos mismos admitieron, Josep Pujol y Oleguer Pujol se acogieron o no a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Fuentes de la Agencia Tributaria justifican esa omisión en el hecho de que la Fiscalía no reclamara ese dato en la práctica de diligencias que ordenó el pasado 31 de julio pero admiten que el fisco se enfrenta ahora a un dilema legal.
Según los términos en que se aprobó la llamada DTE (Declaración Tributaria Especial) se ofrecieron ciertas garantías penales a los defraudadores que ahora deberán ser violadas. Hacienda se comprometió con los amnistiados fiscalmente mediante Real Decreto a no investigar el origen de su dinero. En una nota de la Dirección General de Tributos remitida el pasado 27 de junio, Hacienda justificaba incluso técnicamente por qué no debían revisarse esas declaraciones con el argumento de que “a pesar de tener la naturaleza de una declaración tributaria, no se presenta en cumplimiento de una obligación tributaria ni tan siquiera de carácter informativo”. El mandato judicial puede obligar a Hacienda ahora a violar sus propias instrucciones.
Sin embargo, fuentes de la Agencia Tributaria sostienen que el caso Pujol vaciará de contenido esa promesa de Hacienda dado que el Servicio contra el Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) contempla en el artículo 7.1 de su propia normativa que el organismo “aplicará las medidas de diligencia debida cuando concurran indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo con independencia de cualquier excepción, exención o umbral”.
La consecuencia práctica de este choque legal es que pese a que el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo aseguraría a los Pujol que “la declaración tributaria especial tendrá carácter reservado”, tanto el SEPBLAC como el juez podrán reclamar esa información.
La Justicia espera la información de Suiza y Andorra
La juez está pendiente, además, de recibir la información de las comisiones rogatorias que han de enviar Suiza y Andorra que todavía evalúan la petición española. Andorra suma ya dos reclamaciones de información que ha planteado la Audiencia Nacional y que la fiscalía pidió ampliar el pasado 12 de agosto.
La magistrada ha recibido ya documentación de las cuentas que los Pujol tenían en las ramas españolas de los bancos andorranos pero no dispone todavía de la documentación que deben remitir la Banca Privada d'Andorra ni Andbank.
