La visa opaca de Pablo Abejas registró un gasto de 246.700 euros a cargo de Caja Madrid, donde presidió la Comisión de Control de la entidad. El imputado, sin embargo, rebaja la cantidad a 150.000 euros en un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que pide su sobreseimiento en la causa. Una cantidad que, a su juicio, es poco “significativa o impactante” para “afectar o conmover a la economía nacional”.
Abejas esgrime que el dinero que gastó no "afecta o conmueve la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional"
Dos son los argumentos que menciona la defensa del ex director de Economía de la Comunidad de Madrid para solicitar el perdón. De una parte, el letrado de Abejas considera que la Audiencia Nacional sólo tiene competencia para juzgar el asunto de las 'tarjetas black' en el enjuiciamiento de las "defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que se produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia".
“Nos encontramos ante la disposición de unas tarjetas con unos límites que en el caso de mi representado significaban 25.000 euros anuales (realmente gastó 246.700 euros), a razón de los 6 años que estuvo (en la entidad), no pudiendo considerarse la cifra presuntamente defraudada como significativa, impactante o de enorme envergadura para afectar o conmover la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional”, asegura el abogado de Abejas en su escrito.
Llevar el caso a los Juzgados de Plaza de Castilla
El imputado utiliza esta argumentación jurídica para intentar trasladar su causa desde la Audiencia Nacional hasta los juzgados de Plaza de Castilla. “La atribución competencial a la Audiencia Nacional no resulta posible. No se dan razones especiales para establecer la investigación de los presentes hechos fuera de la jurisdicción que corresponde por aplicación de los criterios generales de territorialidad”, asevera el escrito.
Por otra parte, Abejas, que registró en octubre pasado una solicitud ante el Servicio Público de Empleo (SEPE, el antiguo INEM) para percibir la prestación por desempleo que le corresponde por sus años de cotización, solicita el sobreseimiento de su caso porque considera que ha prescrito el posible delito derivado del uso de su visa opaca.
El exconsejero fue cesado de su cargo en la Comunidad de Madrid y pidió cobrar el paro en octubre pasado
A su entender, tanto la decisión de facultar el uso de las tarjetas en Caja Madrid, que tiene lugar en 1988 bajo la presidencia de Jaime Terceiro, como las dos reuniones del Consejo de administración de la entidad (20 de junio de 1994 y 30 de octubre de 1995) que confirman esta decisión, superan “con exceso” los plazos previstos por el Código Penal para las penas previstas por la comisión de este tipo de delitos. Por esta razón, solicita el sobreseimiento.
Abejas gastó 246.315 euros en hoteles, restaurantes, bares de copas, chiringuitos de playa, estaciones de esquí, campos de golf, plazas de toros, peluquerías, tiendas de ropa y de muebles o viajes a Sancti Petri, Marbella, Cádiz o Lanzarote. Tras conocerse el escándalo de la 'black', fue cesado de su cargo como director general de Economía de la Comunidad de Madrid.
Los otros tres consejeros de la prescripción
Pablo Abejas no es, sin embargo, el único imputado que se ha apresurado a presentar un escrito ante el juez Andreu exigiendo el sobreseimiento de la causa. De hecho, en los últimos días al menos otros tres encausados han recurrido la decisión del magistrado con el mismo argumento de la supuesta prescripción de los delitos de los que se les acusa. Es el caso de José María García Alonso, titular de una sola tarjeta y que, según la información incorporada a la causa, gastó poco más de 1.000 euros en dos comidas en enero del 2003 pese a que se mantuvo en el puesto y con la 'visa' a su disposición hasta 2012. Es precisamente lo lejano de la fecha en el que se registran ambos gastos lo que lleva a García Alonso, que ocupó el cargo de consejero ejecutivo, a reclamar al juez Andreu su desimputación.
Otros tres consejeros alegan la prescripción. Uno de ellos, además, esgrime como defensa que nunca gastó más de 50.000 euros de una sola vez
Según destaca el escrito de su abogado, el delito de apropiación indebida del que se le acusa tenía fijado en el año en el que se realizaron los cargos en su 'visa' "un plazo de prescripción de tres años". "En consonancia con ello y atendida la fecha en que se ha producido la imputación de mi mandante (28 de enero de 2015), resulta evidente que cualquier eventual responsabilidad penal [...] habría extinguido por estar prescrita", resalta el escrito de su abogado. Un argumento que acompaña por una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de noviembre de 2014. Por todo ello, reclama al magistrado que "acuerde sin más trámite el sobreseimiento libre y archivo parcial de las presentes actuaciones" respecto a él.
Esta desimputación es también lo que pide en su recurso José María Buenaventura Zabala, encausado por gastar 63.000 euros entre 2004 y 2007 como consejero nombrado a propuesta del PP. Buenaventura, que fue cesado tras saltar el escándalo de su cargo de director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, también alega para ello "extinción de la responsabilidad penal por prescripción". En este sentido, destaca que "el último acto de disposición aparece realizado el día 27 de octubre de 2007" y que en ningún caso los gastos superan"en su consideración como hecho individual la suma de 50.000 euros". Una fecha y una cifra que le llevan a afirmar en su defensa que desde se produjo el último cargo hasta su imputación, el pasado 28 de enero, han pasado "más de siete años" por lo que los hechos por los que se le investigan "están prescritos".
"El Estado no está legitimado"
El recurso de Buenaventura recalca que "el Juzgado no puede en ningún caso abstraerse de la fecha en que se cometieron cada uno de los hipotéticos ilícitos penales, ni del hecho de que ningún acto de disposición superase individualmente la cuantía de 50.000 euros ni de que la apropiación indebida es un delito de resultado y no un delito permanente, por lo que en estricta aplicación del artículo 132 del Código Penal debe declarar que todos los delitos habrían quedado prescritos el 27 de octubre de 2012". Además recuerda al juez Andreu que durante la instrucción del sumario no sólo se deben preparar las acusaciones, sino también evitar "la penalidad de la publicidad del juicio oral" cuando, como considera que ocurre en esta ocasión, "el Estado no está legitimado para perseguir el delito" por la prescripción de éste.
Couceiro insiste que Caja Madrid "nunca reclamó importe alguno [...] ni reclamó daño o perjuicio alguno" por el uso de su 'visa opaca'
Otro de los encausados que aprovecha el tiempo discurrido desde el último uso de su tarjeta 'black' es Alejandro Couceiro Ojeda, quien fuera consejero por su condición entonces de secretario general de la patronal madrileña CEIM e imputado por gastar 70.200 euros entre 2003 y 2006. Éste alega en primer lugar la existencia de supuestas "imprecisiones e indeterminaciones" en el auto con el que Andreu lo imputa junto al resto de usuarios de las 'visas opacas' al incluir en el mismo el nombre de dos personas ya fallecidas, una de ellas hace doce años. Couceiro, que fue integrante de la Comisión de Control de la entidad, insiste también que el uso que hizo de su tarjeta era transparente como demuestra, en su opinión, que los importes fueran cargados a la cuenta de "gastos de órganos de gobierno", la cual "era auditada regulamente con carácter anual" y supervisada por la Inspección del Banco de España.
En este sentido, Couceiro insiste en que Caja Madrid "nunca reclamó importe alguno" de lo que gastó y que la entidad tampoco "denunció delito alguno de apropiación indebida o cualquier otro, ni reclamó daño o perjuicio alguno" lo que le lleva a concluir que el uso que hizo de ella "se atuvo en todo momento a los acuerdos e instrucciones de uso recibidos de la entidad". No obstante, el exdirigente de la CEIM también se agarra a la supuesta precripción de los delitos de los que le acusan ya que "han transcurido más de ocho años desde la fecha del cese en el cargo y actividad". Un argumento que, curiosamente no puede alegar Juan Gómez Castañeda, otro consejero imputado que comparte abogado con Couceiro. Gómez Castañeda, acusado de gastar entre 2006 y diciembre de 2011 cerca de 126.000 euros con la tarjeta 'black' que disponía en su condición de secretario de la Comisión de Control de Caja Madrid, dejó de usarla demasiado recientemente como para poder alegar el paso del tiempo en su defensa.
